Es un problema eminentemente político antes que técnico y administrativo, y está relacionado con la corrupción y el detrimento patrimonial departamental y de Medellín
Tiberio Gutiérrez
¿Qué otra ciudad colombiana cuenta con una empresa que les transfiera un billón de pesos anuales como hace EPM con Medellín? Ninguna. Sin embargo, la mayoría son más equitativas en la distribución del ingreso, y el conflicto social es menos agudo que en Medellín. La privatización de EPM hubiera sido una catástrofe para Medellín y Antioquia. Los fondos que EPM entrega al municipio no hubieran podido ser reemplazados por los impuestos de industria y comercio que sus potenciales titulares privados hubiesen pagado, y el gasto social hubiera tenido un retroceso muy grave en la ciudad. EPM sirve hasta para financiar los sueños faraónicos de sus alcaldes.
A pesar de lo que se afirma, EPM se ha privatizado por pedazos, creando entes como UNE y OLA. Además, gran parte de las operaciones de EPM se hace bajo tercerización (contratistas), que significan precarización salarial, y mayor inequidad social.
No nos digamos mentiras, la privatización de EPM ha sido un sueño largamente acariciado, con una historia desde 1995, con éxitos y fracasos en estos propósitos, por parte de las elites locales.
Valoraciones
Ahora veamos los siguientes elementos de juicio: La crisis de Hidroituango durante la Gobernación de Luis Pérez y Alcaldía de Federico Gutiérrez, en 2018.
Los resultados electorales en las elecciones locales y regionales de 2019, en Antioquia y Medellín, donde el uribismo perdió la gobernación, ganó Aníbal Gaviria y para la alcaldía de Medellín, ganó Daniel Quintero.
El aseguramiento judicial al gobernado, por el contrato de una carretera entre Remedios y Papayal, y la casa por cárcel al expresidente Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
La propuesta de facultades extraordinarias del alcalde Daniel Quintero al Concejo de Medellín para reformar la estructura administrativa de la ciudad y cambiar el objeto social de EPM.
Nombramientos inconsultos
Y, por último, la demanda de EPM contra contratistas, interventores y aseguradoras de Hidroituango por valor de 9.9 billones de pesos.
Estos dos últimos hechos, (cambio de objeto social y demanda), según afirman los miembros de la corporación, no fueron consultados a la Junta Directiva por parte del Alcalde ni del Gerente de EPM. Álvaro Guillermo Rendón, lo que sirvió de motivo para presentar su renuncia.
A esto hay que agregar la renuncia de la Junta Directiva de Ruta N, porque, según afirman, el alcalde nombró otro director del organismo sin consultar con los miembros de la junta.
Estos son los hechos que se han venido presentando, además de la incursión en el negocio multimillonario en el mercado de la generación y transmisión de energía, en este caso con la compra de Mar 1, Electricaribe, en cuatro departamentos de la costa atlántica, a quien salvó de la quiebra el gobierno de Santos y que ahora pretenden adquirir las EPM.
Estos elementos han llevado a la presentación de renuncia de las juntas directivas de EPM y de Ruta N, por considerar que ni el alcalde ni el gerente de EPM las tuvo en cuenta en sus decisiones, quedando como unos convidados de piedra, aduciendo además falta de un manejo equilibrado de la corporación, arrogancia, falta de experiencia, y desconocimiento de la ciudad por parte del alcalde de Medellín.
Corrupción
Obviamente la calentura no está en las sábanas. Este es un problema eminentemente político antes que técnico y administrativo, y por supuesto, tiene que ver también con el manejo de la corrupción y del detrimento patrimonial del departamento y de la ciudad con los contratos, interventores, y aseguradores en Hidroituango, donde se está jugando el monto de 9.9 billones de pesos con las demandas.
De manera que la fiebre de los miembros de las juntas directivas que renunciaron no es asintomática, la calentura no es simplemente porque el alcalde ni el gerente no contaron con su consentimiento para las facultades extraordinarias para el cambio de objeto social de la empresa, ni para la demanda por 9.9 billones de pesos, ni tampoco por el cambio inconsulto del director de la Junta de Ruta N.60
Estos son en el fondo chivos expiatorios y justificaciones de una inconformidad mucho más profunda que no se atreven a manifestar públicamente. El aseguramiento de casa por cárcel del gobernador Aníbal Gaviria, seguido por el del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Ubérrimo; el profundo malestar por parte del Grupo Empresarial Antioqueño, uno de los más grades dueños del departamento y de Colombia, uribistas a morir la mayoría y proclives al uribismo los demás, que ahora están pidiendo la cabeza del alcalde de Medellín con las asonadas vociferantes de sus fanáticos “patriotas”, heridos en el alma por el aislamiento en el Ubérrimo de su comandante en jefe, que ahora están pasando factura de cobro como retaliación por la victoria que les infligió Daniel Quintero en las elecciones locales del 2019, tachándolo de alfil castro-chavista de Gustavo Petro.
Que se investigue
No se puede olvidad como EPM se ha venido convirtiendo en otro Grupo Empresarial EPM, abandonando en gran medida a los habitantes del departamento, de la ciudad y del Área Metropolitana, a pesar de su desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones y de la información, dejando a un lado a las comunidades desplazadas, informales y marginadas de la ciudad, dedicándose fundamentalmente a los negocios de generación y transmisión de energía, en busca de ganancia por encima de las necesidades de muchas comunidades marginales, despojadas y desplazadas por la violencia, como está ocurriendo en Ituango, y como ha sucedido antes, durante, y después de la construcción de la hidroeléctrica, donde tienen injerencia los grandes capitales del Grupo Empresarial Antioqueño.
Ya es hora de llegar a decisiones y conclusiones de los entes de control, como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales; del control político del Congreso de la República, la Asamblea Departamental, el Concejo de Medellín, las Veedurías Ciudadanas, el sindicato de trabajadores; de establecer las denuncias y las responsabilidades penales, administrativas, políticas y disciplinarias, de quienes tuvieron y tienen en sus manos el poder de tomar decisiones frente el proyecto de Hidroituango, y frente a los negocios con Electricaribe, lo mismo que con las transacciones millonarias de la multilatina en Chile, Costa Rica y Panamá, negocios donde se han presentado serias denuncias de detrimento patrimonial de las EPM y por supuesto de la ciudad de Medellín.
Como decía anteriormente, la fiebre no está en las sábanas. Es hora de que la bancada progresista en el Congreso de la República asuma el debate a fondo de control político a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, que han tenido que ver con la crisis actual de la joya de la corona. La opinión pública y las víctimas de este conflicto están esperando con expectativa la actuación con celeridad de los organismos competentes.
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico.
#QuédateEnCasa y lee el semanario VOZ.
👇🏽👇🏽👇🏽
tienda.semanariovoz.com
