Preocupación por cierre de establecimientos por ruido, sin debido proceso y sin permitir adecuaciones.
Hernán Durango
Víctor Silva, edil de la JAL en la localidad 15 de Antonio Nariño destaca que el comercio de la rumba en el sector del Restrepo, localidad Antonio Nariño, es un proceso organizativo de varios años, que se ha fortalecido. Hoy existen preocupaciones por medidas de cierre de establecimientos por el tema de ruido, sin cumplir el debido proceso y sin permitir adopción de correctivos y adecuaciones. Miles de personas de manera directa e indirecta viven de estas actividades comerciales en este sector del sur de la ciudad.
Son los trabajadores que se esfuerzan por garantizar una rumba sana y segura, con consolidación de su asociación, son ejemplo y vienen mejorando el uso del espacio público, que le permita a la gente el disfrute de la cultura y demás derechos.
“La movilización de los comerciantes de la asociación Asorumba la semana anterior hasta la sede de la Alcaldía Local permitió que se instalara una mesa y se impidieron los sellos y cierres. Para el día 10 de febrero se llevará a cabo una audiencia en un juzgado y se espera que se llegue a una conciliación con algunos habitantes que se sienten afectados”, indica el edil, quien viene realizando acompañamiento a estas personas.
“Esperamos que se suspendan los sellos y cierres hasta que se terminen las adecuaciones que exige la autoridad ambiental y la alcaldía local de Antonio Nariño. En una visita en próximos días con la Policía Nacional se deben constatar las adecuaciones que se están cumpliendo para dar por terminada la querella presentada y se permita el trabajo normal del importante sector comercial”, enfatizó el edil polista.
Otra problemática es la de los vendedores ambulantes a quienes se les vienen vulnerando sus derechos por las acciones de las autoridades distritales.
“Se vienen realizando asambleas locales con ellos, vamos a acordar movilizaciones y pedimos que se les incluya en los planes de desarrollo que se están construyendo, con apoyo económico y organización y reglamentación de uso democrático del espacio público”, explica.
