jueves, marzo 28, 2024
InicioPaísAgrariaEn el Putumayo no para la crisis humanitaria

En el Putumayo no para la crisis humanitaria

La comunidad viene haciendo unos llamados, tanto al Gobierno Nacional para que frene las licencias de extracción de los recursos minerales y la injerencia de empresas extranjeras, y por otro lado para que acuerden un cese a las acciones militares junto a los grupos armados.

Derrame de crudo en Putumayo.
Derrame de crudo en Putumayo.

Carolina Tejada

El Putumayo es una región rica en recursos naturales, con un territorio productivo de 25 mil Km2. Su ubicación estratégica al sur del país, dentro de la selva amazónica, se ha utilizado por las empresas mineras, extractoras del petróleo y por quienes se disputan a sangre y fuego este territorio, entre otros como corredor de paso o contrabando hacia los países vecinos de Ecuador y Perú.

Crisis humanitaria de antaño

Du­ran­te el 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, parte del territorio del Putumayo fue vinculado al Plan Patriota, un plan militar de los más grandes adelantados en el país, el cual buscaba recuperar las zonas rurales y urbanas que se encontraban bajo influencia de los grupos insurgentes. El 17 de septiembre de 2004 lanzan el Plan de Consolidación con el propósito de desarticular las estructuras de las FARC-EP que operaban en esta zona.

Coincidiendo con estos planes contrainsurgentes promovidos por Uribe, salían a flote los grupos paramilitares, iniciaban una recuperación de gran parte de estos territorios durante el 2002 al 2006, expropiando terrenos y controlando las principales vías, centros de servicios y los circuitos de tráfico de narcóticos y mercancías. Estos hechos se han caracterizado como de los más violentos que le ha tocado vivir a esta población.

El nivel del desplazamiento forzado aumentó dramáticamente: de cinco mil personas desplazadas en el 2000, se pasó a más de 10 mil en el 2002, posterior a estos años, la tasa de desplazamiento superó los 15 mil. Estas tasas de desplazamiento bajan en el marco de la llamada “desmovilización de las AUC” pero vuelven a repuntar cuando parte de las estructuras desmovilizadas se rearman. Los denominados “Rastrojos” y posteriormente las “Águilas Negras” aparecen e inician nuevamente la disputa por el territorio, amenazan, extorsionan, desplazan y eliminan sistemáticamente a quienes señalaban como colaboradores de los grupos insurgentes.

Además de esto, desde el 2000, se venía adelantando el Plan Colombia, una estrategia de fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de la mata de coca, que se llevó a cabo en una primera etapa hasta el 2005, con la coordinación de las ONG Chemonics de origen gringo y Fundaempresa. Y una segunda etapa del 2005 al 2010.

Los efectos de las fumigaciones áreas profundizaron la crisis humanitaria, miles de familias se vieron afectadas por los venenos rociados desde los aviones; animales y cultivos de pan coger se perdieron, y a la crisis humanitaria a causa de conflicto armado se le sumó la pobreza, el brote de enfermedades respiratorias y de la piel, y la hambruna. Esta situación, como la de la guerra, generó un rechazo en la población, grandes movilizaciones se vieron durante el desarrollo del plan.

Minería y extracción de petróleo

El alto nivel de militarización del departamento con el llamado Plan Patriota y el Plan Consolidación, así como la recuperación de zonas de influencia de la insurgencia por parte de los grupos de AUC, dieron confianza a las empresas privadas de minería y extracción de crudo para entrar a la región e iniciar un repunte en la explotación de recursos naturales.

Para el año 2008, inmediatamente después de la desmovilización de los grupos paramilitares, las solicitudes de títulos mineros pasaron de cuatro mil a 1.582 para el año 2009 y para el año 2010 llegaron a 4.917 solicitudes. Lo que conllevó a que se declara a esta zona de la Amazonia como distrito especial minero.

En la medida en que llegaban empresas extranjeras a desarrollar la explotación de los minerales, llegó también un aumento del pie de fuerza militar para la región en zonas como Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro, La Hormiga, Siberia y El Empalme. En los pozos petroleros de San Miguel se establecen bases militares. Sin mencionar las unidades móviles, batallones y el aumento de hombres armados que patrullan en toda la región.

Las comunidades han denunciado que la llegada de las empresas de extracción de los minerales viene afectando el medio ambiente y perjudicando a quienes tienen propiedades cerca de los pozos de petróleo, pues las empresas aseguran que por ley, de cada pozo que abran, les corresponden cinco kilómetros a la redonda para la explotación.

El pasado mes de mayo, las comunidades, que en diversas ocasiones se han movilizado en contra de estos altos niveles de explotación, han expresado su preocupación, pues diariamente se están explotando 48 mil barriles de crudo en la región, y la pobreza y las necesidades primarias aumentan. Igualmente mencionan la contaminación sistemática de los ríos con residuos de petróleo y minería, el daño de las vías de acceso, dado el peso de mulas, carrotanques y maquinaria pesada, y porque muchas de las licencias para la extracción de los minerales se han dado sin respetar la consulta previa de las comunidades.

Según menciona la lideresa Yuri Quintero, de la mesa de organizaciones sociales de la región, “desde las cuatro de la mañana los carrotanques y mulas que transportan el crudo inician la jornada desde las estaciones petroleras hasta el municipio de Orito hacia el vecino país del Ecuador, con quienes las empresas petroleras tienen convenios de venta del crudo, y hacia Neiva. Después de las cinco de la mañana 12 carrotanques fueron detenidos por hombres armados, quienes procedieron a derramar el crudo”.

Una situación similar se presentó después de las 10 de la mañana, sobre la misma vía, cerca de la Ye de Guadualito, del municipio del Valle del Guamuez, nueve carros fueron detenidos y obligados a derramar el crudo. Según menciona la líder, “los primeros hechos afectaron a 79 familias, para un total de 325 personas”. En ninguno de los casos se ha identificado a los autores de las acciones.

Igualmente menciona que las afectaciones al medio ambiente no son nuevas. “Por fallas técnicas desde las mismas empresas, se han presentado derrames de crudo que no han sido atendidos a tiempo, provocando situaciones de contaminación ambiental”.

La comunidad viene haciendo unos llamados, tanto al Gobierno Nacional para que frene las licencias de extracción de los recursos minerales y la injerencia de empresas extranjeras, y por otro lado para que acuerden un cese a las acciones militares junto a los grupos armados, pues reconocen que en la medida en que se desarrolle la guerra y no existan acuerdos de paz, la población humilde será la más perjudicada.

El fin de semana la comunidad sobre el corredor Puerto Vega-Teteyé se reunió con el alcalde Guillermo Rivera, el gerente del hospital local, delegados de Corpoamazonia y la empresa operadora Vetra, además de un delegado del Ministerio del Interior, con el objetivo de definir con las comunidades tareas a abordar para contrarrestar las consecuencias del derrame que se da el pasado 8 de junio.

Según nos informa Yuri, “se definió iniciar de manera inmediata labores de descontaminación, teniendo en cuenta que se debe hacer limpieza total del centro poblado de la vereda Cabaña, el cual se encuentra afectado por el crudo esparcido por el constante tráfico sobre el riego. Se debe raspar la vía para que la limpieza del centro poblado no sea en vano. Desde ya se iniciará con una brigada de salud que garantice atención total a la población afectada, porque se estaban presentando problemas serios sobre las familias de la zona y en cada familia se adecuarán sitios de almacenamiento de agua potable y la posible construcción de un aljibe que tenga el diseño necesario para abastecer a toda la comunidad”.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments