En deuda con el campesinado

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Las comunidades campesinas sobreviven a pesar de la pobreza y la persecución. Foto Carolina Tejada.

Los puntos sobre Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas son dos de los contenidos transformadores del Acuerdo de Paz que buscan saldar la deuda social con el campesinado. Sin embargo, el balance de la implementación es negativo. ¿Por qué?

Claudia Flórez Sepúlveda

Uno de los puntos claves en el Acuerdo de Paz es el referente a la Reforma Rural Integral. En especial se destaca el acceso a la tierra, cuyo propósito es la creación de un fondo especial, cuya tarea es distribuir tres millones de hectáreas (ha.) en 12 años a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

Según los datos de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en la actualidad han ingresado el 43.8% de la meta (1.316.116 ha.) de las cuales solo se han distribuido el 17.9% (235.101 ha.) con los siguientes resultados: A los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente se han entregado sólo el 1.6% (lo que equivale a 3.839 ha.), beneficiando a 1.530 familias; a las comunidades étnicas se les ha adjudicado el 98,3% (231.247 ha.), lo que ha favorecido a 8.247 familias; y 0.06% (14,17 ha.) han sido transferidas a entidades de derecho público.

Otro punto nodal es la formalización de la tierra, en el cual se proyecta legalizar siete millones de ha. en un periodo de diez años. Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque solo ha legalizado 619.669 de ha, es decir, el 0.10% de lo que corresponde para cumplir la meta. Al ritmo que va la implementación en este punto, se necesitaría extender el periodo estipulado en el Acuerdo.

Lo anterior deja en evidencia que los puntos de Reforma Rural Integral, junto con la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, son los contenidos del Acuerdo de Paz con el balance más negativo de implementación. Para profundizar sobre esta situación, VOZ habló con dos personas expertas en temas agrarios, el profesor universitario Darío Fajardo y la investigadora Alejandra Rodríguez.

¿Por qué ha sido tan difícil implementar el punto agrario, en especial el referente al acceso a la tierra?

-Dario Fajardo: El acceso a tierras y la formalización son dos conceptos jurídicamente distintos que buscan normalizar el acceso a la misma. Mientras el primero beneficia a las familias sin tierra o con poca tierra, el otro es la formalización que son mayoritariamente tierras baldías, es decir, personas que ocupan tierras sin tener un título.

Uno de los resultados negativos con la derrota del plebiscito son las modificaciones que se hicieron y que desvirtúa a la población campesina, ya que abrió la puerta para que entrara otro tipo de beneficiarios, los llamados “ocupantes de buena fe”. No se hace una distinción entre campesinos sin tierra, con poca tierra y otro tipo de ocupantes, sino que cualquiera puede ser solicitante de tierra.

Cuándo se habla de “ocupante de buena fe”, ¿se intenta legalizar los predios expropiados ilegalmente por la violencia, los latifundios ilegales, entre otros?

-DF: En Colombia existe un desorden en el registro de propiedad, produciendo una serie de situaciones irregulares. Por ejemplo, cuando se han producido desplazamientos de comunidades, llega otra gente a ocupar y en algunos casos son personas que usurpan esas tierras; en otros episodios, son personas que irrumpen en nombre de terceros.

El Acuerdo de Paz introduce la propuesta del catastro multipropósito para ampliar la acción del Estado, registrando la propiedad de la tierra para evitar situaciones que han facilitado la usurpación de las tierras. En la actualidad hay aproximadamente un 40% de transacciones que no han sido notificadas, en las que pueden encontrarse acciones de carácter ilegal de ocupación.  Entonces, personas que tengan mayor capacidad de acceso a las agencias del Estado para demandar esas tierras, serán los verdaderos beneficiarios de la titulación. No será el campesinado pobre el favorecido.

¿Cuáles son los resultados de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET?

-DF: Los cultivos de uso ilícito han ido creciendo por la incapacidad del Gobierno de cumplir con la implementación. Además, el Gobierno cambió la lógica del Acuerdo, el cual tiene como punto de partida de los PDET a los grupos de veredas que debían organizarse, coordinarse y gestionar el territorio, es decir, de abajo hacia arriba con una interlocución con el Estado. No obstante, para el gobierno Duque sigue siendo la lógica de imponer de arriba hacia abajo, y en el caso de los cultivos de uso ilícito se impuso las medidas de fuerza con la erradicación forzada, desvalorizando el papel y la interlocución con la gente.

En todo este escenario de incumplimientos, ¿qué es lo más grave?

-DF: Hay que tener en cuenta que el punto uno (Reforma Rural Integral) y el cuarto (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) son una prioridad para avanzar en la paz. Pensar en una reforma rural implica dar solución al tema del narcotráfico. Los estudios de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Delito muestran la continuidad de cultivos de uso ilícito en ciertas áreas, que son territorios donde hace tiempo existen las plantaciones.

Es decir, la inversión del Estado no llega o es insuficiente, lo cual no ayuda a cambiar las condiciones de vida de las personas, sino que las mantienen ahí porque las ganancias que se obtienen de la exportación de la cocaína son muy grandes y no benefician a los campesinos, sino a los empresarios vinculados en la exportación y el lavado de activos en el sistema financiero.

Finalmente, ¿por qué el Establecimiento se resiste tanto a cambiar la precaria estructura agraria en el país?

-DF: En Colombia hemos tenido acuerdos de las élites agroempresariales para detener cualquier intento de reforma agraria, como el Pacto de Chicoral en 1972 entre los partidos Liberal y Conservador, y la jerarquía de la Iglesia, obligando a campesinos sin tierra a colonizar los bordes de la frontera agrícola quedando arrinconados, sin vías, sin infraestructura, sin apoyo del Estado. Este pacto facilitó la llegada y posicionamiento del narcotráfico.

El país produce el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, es decir, el problema no es sólo nuestro. Para resolverlo, necesitamos una reforma rural seria, sostenida, con recursos, que permita estabilizar a la población en el campo en condiciones adecuadas de desarrollo. El Acuerdo de Paz así lo contempló y por eso es necesario corregir la implementación de este punto transformador.

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Desde la perspectiva de la reincorporación, la investigadora Alejandra Rodriguez cuenta que el proceso de acceso a la tierra para los y las firmantes de la paz, no ha sido una tarea fácil. “Una de las dificultades para el desarrollo y la sostenibilidad del proceso de reincorporación es la centralización. La figura que más se ha usado es la de arrendamientos que son cubiertos por los proyectos productivos, lo que no asegura en el tiempo el acceso a la propiedad y puede afectar la sostenibilidad de los proyectos”, comenta.

Rodríguez resalta que esta situación desconoce que el 66% de los exintegrantes de la guerrilla tienen origen rural, por lo tanto, su vocación es agropecuaria: “Es en la ruralidad donde construyen sus proyectos de vida. Por eso la importancia para que puedan acceder a las tierras y satisfacer otros derechos como la vivienda, los proyectos productivos de carácter agropecuario, entre otras iniciativas”.

De los 99 proyectos productivos colectivos aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, 78 son proyectos con vocación agropecuaria. Teniendo en cuenta esa realidad, la investigadora es contundente: “El llamado es que se debe priorizar en el proceso de reincorporación el acceso a la tierra como factor productivo de arraigo  y de construcción de comunidad, donde están participando los firmantes en las distintas zonas del país. El Estado debe cumplir. Es una deuda social con el campesinado y con las personas comprometidas con el Acuerdo de Paz”.