Es una herramienta eficaz para la protección de los derechos. “Congestiona la Justicia y se presta para todo tipo de atropellos y dilaciones”, argumentan sus detractores. Si no hubiera tantos atropellos no habría necesidad de acudir a este recurso de protección legal.
Editorial del Semanario VOZ
La tutela es uno de los logros más importantes consignados en la Constitución Política de 1991. Ha resistido distintos embates de la derecha tradicional en el Congreso y en la vida política del país, acostumbrada al ejercicio violento y despótico del poder.
El constituyente en 1991 quiso proteger al ciudadano de las arbitrariedades de los funcionarios públicos y “de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”, dice la norma constitucional. Esto es, la tutela protege al ciudadano de los atropellos de funcionarios públicos y particulares en contra de sus derechos.
Como alguien lo reconoció, la tutela fue una verdadera revolución en materia de derechos humanos, elevada a norma constitucional, en un país en donde son tan precarias las libertades públicas, tan limitada la democracia y tan autoritario el poder dominante.
El artículo 86 de la Constitución Política dice: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”.
Decisión indispensable como que la Carta consagró numerosos derechos fundamentales en el orden político, social, económico y ambiental, antes inexistentes, pero que, una vez aprobados, incomodaron a los dirigentes de la derecha tradicional bipartidista, acostumbrada a detentar el poder mediante el ventajismo, el clientelismo, la corrupción y la negación de los derechos de las mayorías oprimidas.
Muy pronto la Constitución fue blanco de la contrarreforma, bien mediante la vía de la reglamentación, que atenuó el rigor de las normas, o por reformas constitucionales para modificarlas o cambiarlas. El pretexto fue la defensa de la política neoliberal en boga, la confianza inversionista y la protección del sector financiero, de los grupos económicos y de las transnacionales. De lo poco que se salvó de la onda neoliberal, también metida de forma contradictoria en la Constitución, fue la tutela, aunque no fueron pocos los intentos de reformarla y hasta eliminarla.
Esta se convirtió en la mejor herramienta jurídica eficaz para la protección de los derechos. Muy pronto los juzgados y tribunales se congestionaron por las demandas de los ciudadanos en asistencia a la protección de sus derechos vulnerados, en lo regular por los funcionarios públicos. Se convirtió, así, en pieza fundamental para contrarrestar el autoritarismo de los agentes del Estado.
Ese uso de la tutela, como efecto de la arbitrariedad gubernamental, fue convertido en un demonio que “congestiona la Justicia y se presta para todo tipo de atropellos y dilaciones de las acciones judiciales”, argumentaron sus detractores. Como si más bien no se debiera a los continuos atropellos de los derechos ciudadanos. Si en el país no fueran tantos no habría necesidad de acudir a este recurso de protección legal.
Pero el sentido de clase también inspiró a los liberticidas. Mientras la tutela les sirvió a pillos empresarios, a politiqueros desvergonzados, a “parapolíticos” aliados de paramilitares y narcotraficantes, todo estuvo bien. Nadie en las alturas dijo nada. Sin embargo, apareció como fuente de la defensa del alcalde Gustavo Petro, ex guerrillero y representante de la izquierda, defenestrado por el bolígrafo fascistoide del procurador Alejandro Ordóñez, para que se calificara de abuso, de “tutelitis” y de cuanta maniobra diabólica para esquivar la acción disciplinaria y judicial.
Ahora no solo el presidente Santos, sino el presidente de la Corte Suprema de Justicia, columnistas de la “gran prensa” y directores de medios burgueses, se rasgan las vestiduras clamando la necesidad de reformarla. Dicen no querer abolirla pero sí reformarla para que no haya abusos con ella. Como si los abusos no provinieran de los funcionarios prevaricadores que pretenden desconocer la soberanía popular. Un burócrata reaccionario como Ordóñez pretende desconocer la decisión soberana de la mayoría de los ciudadanos de Bogotá que eligieron a Gustavo Petro.
Los sectores democráticos deben cerrar filas en defensa de la tutela y porque una asamblea nacional constituyente refuerce su poder legal y constitucional para blindar las libertades y al estado social de derecho de pelafustanes reaccionarios que se creen por encima de las decisiones democráticas y del poder constituyente.
