“En Boyacá los peajes son una vacuna”

0
228
Peaje Tuta en la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Foto Boyacá 7 días

En debate sobre los peajes en el altiplano cundiboyacense, la senadora Aída Avella develó que la concesión del proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso fue prorrogada para favorecer, aún más, a uno de los contratistas más poderosos del país

Simón Palacio
@Simonhablando

La carretera principal que une a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y que atraviesa los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Tunja, Cómbita, Tuta, Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa y tiene como destino Sogamoso, pertenece al proyecto vial Briceño-Tunja-Sogamoso y fue adjudicada al consorcio Solarte Solarte bajo el contrato de concesión número 0377 del 15 de julio del año 2002.

Carlos Alberto Solarte es nariñense y se ha hecho dueño de las carreteras del país siendo el contratista que ha cooptado las más jugosas licitaciones de las mega concesiones en todo el territorio nacional. Junto con su hermano Héctor Solarte, empezaron a construir vías en 1966 al ganar su primer contrato por la construcción de 10 kilómetros de carretera entre El Tablón y Las Mesas, ambos municipios de Nariño.

Los hermanos Solarte

A través de los años se han ganado las licitaciones de múltiples proyectos de infraestructura. “Carlos Alberto y Luis Héctor han estado involucrados en tantos contratos que han llamado la atención de la Superintendencia de Transporte; en el 2012 el órgano de control hizo un estudio que reveló que los hermanos tenían participación en el 12,3% de las concesiones viales y aeroportuarias del país”, ha revelado el medio La Silla Vacía.

El ingreso esperado de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, BTS, fue pactado en 1,2 billones de pesos según lo publicado en la página de la Agencia Nacional de Infraestructura, con una longitud total concesionada de 206 km, con tres peajes entre los que se encuentran Albarracín, El Roble y Tuta con un plazo inicial de 20 años.

El objeto contractual facultaba al concesionario realizar por su cuenta y riesgo los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la operación y el mantenimiento de los trayectos. Sin embargo, las adiciones tuvieron afectación en materia de plazos y adiciones para su culminación.

Millonarias adiciones

En el año 2003 se modificó el contrato con el adicional No. 01 para realizar los estudios y diseños de la segunda calzada para los trayectos de vía que no estaban en el proyecto original entre Tocancipá y Gachancipá, y en la Ye–Tibasosa–Sogamoso. Estas modificaciones tuvieron un valor adicional de 1.500 millones de pesos.

En el 2004 se firmó el “otrosí para contratar la elaboración y obtención de los avalúos de los predios para el proyecto de concesión No 0377 del 15 de julio de 2002” por un valor adicional de 832 millones de pesos. Esto con el fin de generar las condiciones para otra inversión de dinero no planeada desde el principio en el proyecto.

En el año 2005 se firmó el Acuerdo modificatorio para la Redefinición del alcance físico del Proyecto Vial Briceño-Tunja-Sogamoso, celebrado en ese entonces entre el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y el consorcio Solarte Solarte.

Así mismo mediante documento modificatorio del 29 de septiembre de 2005 suscrito entre las dos partes señaladas, se modificó el plazo para la obtención del ingreso esperado correspondiente a 30 años contados a partir de la fecha de iniciación del contrato de concesión prorrogables como máximo hasta la mitad de este término. Es decir, 15 años más de recaudo para el bolsillo de los hermanos Solarte fijando un ingreso de 1,8 billones de pesos.

El gobierno Uribe, en 2005 modificó varias concesiones entre ellas el proyecto vial Briceño-Tunja-Sogamoso, convirtiendo la ruta en doble calzada. La decisión fue política. Por orden presidencial y sin detalles técnicos le entregaron al contratista otra carretera que la podía hacer a la medida de sus intereses. El anuncio fue hecho tres meses después de la firma del primer contrato que pasó de $1,2 billones y una concesión de 20 años en 2002, por un valor de 1,8 billones de pesos y con un plazo de 30 años, con la posibilidad de 15 años prorrogables.

“Cada peaje tiene costo de 8.500 pesos para los carros de menor categoría. Hagan la cuenta, el recaudo por 45 años en una carretera que se va construyendo a retazos, que no ha cumplido casi ni el contrato original y que tiene más de treinta adiciones cambiando hasta el objeto del mismo, es un modelo de cómo se roban el dinero de las obras y cogen al Estado para enriquecerse dejando las obras a medias. En el caso de Boyacá, estos peajes son una vacuna contra la ciudadanía”, dijo Aída Avella en el debate convocado sobre los peajes en Boyacá.

Que se levanten los peajes

Como consecuencia de la irresponsable decisión y la falta de planeación sobre la carretera se produjeron 35 modificaciones más al contrato de concesión. Al final el modelo logrará la adjudicación de una carretera “barata” para luego hacerle billonarias adiciones y alargar el tiempo de los peajes mientras se comprometen los dineros públicos de la población.

A la fecha el recaudo acumulado del peaje en pesos corrientes asciende a 1,7 billones de pesos entre el año 2002 hasta el 31 de julio de 2021, según comunicación que la ANI emitió el pasado 24 de agosto. Los datos señalan que ya el contratista debería alistar la devolución de la concesión y que sean levantado los peajes del trayecto. No hacerlo es apropiarse ilegalmente del dinero público.