Ancízar Narváez M.
Cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a los colombianos como ‘atenidos’, –lo que en mi infancia significaba esperar a que los otros hicieran el esfuerzo para participar de los beneficios obtenidos–, no se refería al empresariado colombiano, sino a los 9.69 millones de personas pobres que realmente necesitan la ayuda del Estado, por razones morales y económicas.
Sin embargo, los verdaderos atenidos en Colombia son los llamados ‘empresarios’ (incluyendo los emergentes, de gran peso en este gobierno y en los negocios de la familia de la vicepresidenta). Veamos:
Lo que aconseja la teoría económica es que en épocas de crisis el gobierno debe actuar anticíclicamente, es decir, a través de la inversión pública estimulando la producción y, por supuesto, el empleo y el consumo. ¿Cuál es el orden? Se supone que lo primero es la liquidez, es decir, dinero circulante en manos de los consumidores para que pueda aumentar la demanda y, por tanto, los demás factores. Esto supone que el dinero debe ir a quienes van consumir los bienes y servicios que necesitan para sobrevivir en estos momentos de parálisis económica, con lo cual también garantizan la actividad de las empresas productoras y los salarios de otros trabajadores.
Ahora todos los empresarios se volvieron más atenidos que siempre, pues, fuera de que no pagan los impuestos que deberían pagar ni los salarios y prestaciones que ahora quieren abolir con una reforma laboral a mansalva, también reciben los estímulos económicos que deberían ir al sistema productivo.
En efecto, el Gobierno anunció el traslado de un enorme monto de dinero al sector salud, pero resulta que mientras el sector salud son las clínicas y hospitales y, en primer lugar, los trabajadores, el Gobierno decide trasladar el dinero a las EPS. Pero lo que se necesitaba era el dinero en los hospitales, para pagar a los trabajadores y comprar los insumos de manera inmediata, como lo exige una emergencia.
¿Cuál es la diferencia? Que las EPS son empresas aseguradoras, por consiguiente, especuladoras, y cuyo negocio, en principio, es no pagar, o si pagan, lo hacen a posteriori cuando los prestadores de servicios de salud pasan las facturas y demuestran que no están robando a sus ‘pobrecitos’ pagadores. O sea, dar dinero a las EPS no es dar dinero a la salud. Así, el dinero se fue a los accionistas, y de aquí seguramente gran parte se irá a comprar dólares, a Panamá, etc.
Lo mismo hicieron con los dineros destinados a las pequeñas y medianas empresas; en vez de entregar los créditos directamente a los pequeños empresarios a través de un banco estatal o alguna agencia del Gobierno, lo enviaron a los bancos para que calificaran a los solicitantes y, por consiguiente, le negaran a la mayoría los créditos por falta de garantías, a pesar de que el gobierno o el Fogafín estaba respaldando dichas obligaciones.
En consecuencia, el crédito se fue a los de siempre, las grandes empresas (48%), y solo el 13% a las pequeñas empresas y el 6% a las micro empresas (según el presidente de ACOPI), siendo estas, junto con las medianas, las que mantienen más del 80% del empleo formal en Colombia.
Y como si fuera poco, en los casos en los que fue aprobado algún crédito para pequeños empresarios, a la hora del desembolso el banco se queda con algo así como el 5 o 7 por ciento, porque ‘eso es lo que cobra el banco’, sin más explicación, como denunció una usuaria en Villavicencio.
Ahora solo falta que al gobierno se le ocurra otorgar préstamos o ayudas a Avianca para que salga de su estado de quiebra, que no se debe al Covid 19 sino a las ‘jugaditas’ del empresario Efromovich, quien utilizó el dinero de la empresa para otros negocios familiares y ahora anda tratando de comprar Alitalia.
Tal vez este sea el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer: mientras Avianca está despidiendo a los trabajadores, está pidiendo ayuda al gobierno. La pregunta es: para salvar los empleos ¿necesitamos a la empresa o al empresario? ¿Necesitamos a Avianca o al sucesor de Efromovich? La respuesta es obvia, pero no para el gobierno ni para los medios de comunicación, que siguen derramando lágrimas para que salven la empresa ‘insignia’ de Colombia.
Cualquier desembolso para salvar la empresa debe ir al pago de los salarios, por un lado, y a tomar el control accionario de la empresa, por otro. En vez de premiar al empresario, actual o anterior, estos deberían ser sometidos a una investigación judicial, pues es obvio que no actuaron correctamente, sino que utilizaron una empresa para beneficio particular causando un detrimento al patrimonio social, especialmente de los trabajadores. Pero de esos atenidos no habla la vicepresidenta.
