La administración Duque desoyó numerosas voces que, en la prensa nacional, en la academia y en diversos pronunciamientos, le pidieron al presidente y a su canciller mantener la postura de rechazo al bloqueo a Cuba
Ricardo Arenales
Un funesto precedente en la diplomacia latinoamericana fue el que sembró Colombia con su voto en las Naciones Unidas el pasado 7 de noviembre, al abstenerse de votar la resolución presentada por Cuba “Sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica”.
Los únicos dos países latinoamericanos que no votaron la resolución, fueron Brasil y Colombia. El primero en contra, al lado de Estados Unidos e Israel, y el de Colombia, al lado de Ucrania. Pero los dos votos latinoamericanos, le llevan el agua al molino de los Estados Unidos en su empeño por endurecer las medidas de cerco económico, comercial y financiero y aislar a la patria de Martí.
En el caso de Colombia, a la luz de una tradición latinoamerIván icana de apoyo a Cuba en su empeño por romper el bloqueo, una batalla diplomática de 26 años, Colombia se coloca a la altura del gobierno ultraconservador, fascista, racista y xenófobo de Jair Bolsonaro en Argentina, que emula con el de Colombia en su odio a los gobiernos progresistas de la región. Es una actitud que llena de oprobio nuestra tradición diplomática y acelera el aislamiento de Colombia en el concierto internacional.
De espaldas a la opinión nacional
En lo interno, la actuación de nuestro canciller en la ONU rompe una tradición de rechazo a las criminales sanciones a la mayor de las Antillas en el Caribe y lleva a su punto más bajo unas relaciones bilaterales con los gobiernos de la isla -como lo recuerdan muchos demócratas en el país-, después de que Cuba hizo enormes y generosos esfuerzos por lograr la paz en Colombia, primero como garantes en las negociaciones con las FARC, y más tarde en las que se frustraron con el ELN.
Pero, además, la administración Duque desoye, de manera obstinada, numerosas voces que, en la prensa nacional, en foros evaluatorios de nuestra política exterior, en la academia, y en pronunciamientos diversos, le pidieron al presidente y a su canciller mantener la postura de rechazo del bloqueo a Cuba. El más significativo fue el suscrito el 5 de noviembre pasado por más de 80 congresistas de diversos partidos, algunos de ellos aliados del gobierno, para que se mantuviera el voto de condena al bloqueo a Cuba.
“Durante 26 años la inmensa mayoría de los países del mundo han votado contra el bloqueo. En el 2018 la cifra alcanzó 189 países. Desde 1994 el consenso de los países de América Latina y el Caribe contra esta política, catalogada por la Convención de Ginebra como un genocidio, ha sido inalterable”, puntualiza la carta de los congresistas.
Reconocimiento a Cuba
Y precisa el documento: “Las tensiones actuales que Colombia tiene en sus relaciones con la República de Cuba no pueden servir de pretexto para que el Gobierno nacional modifique su postura histórica contra la política de bloqueo estadounidense, práctica que constituye una violación de los derechos humanos del pueblo cubano, de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, y de las reglas del libre comercio”.
La carta, que lleva la firma de parlamentarios colmo Iván Cepeda, María José Pizarro, Antonio Sanguino, Aída Avella, Adriana Gómez e Iván Marulanda, entre otros, exhorta al presidente de la República “para que como ha sido tradición, Colombia mantenga su voto a favor de la resolución cubana contra el bloqueo económico, comercial y financiero”.
En Medellín, en el marco de un Encuentro Nacional de Solidaridad, que concluyó el 9 de noviembre pasado, numerosas organizaciones participantes condenaron la postura de Colombia, que favorece los intereses norteamericanos y agradecieron a Cuba sus aportes a la paz regional. “Agradecemos al pueblo de Cuba, a su gobierno y Estado, los grandes aportes a la paz regional, y en particular a la búsqueda de la paz en nuestra patria”, dice el pronunciamiento, que suscriben representantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
