Desde hace algunos meses la fuerza pública ha aumentado las batidas contra los vendedores.
Cada vez es más la población que hoy vive de la venta ambulante en Bogotá. La mayoría de estas personas estacionarias, son de la tercera edad, que aseguran haber perdido valor para la sociedad, como seres productivos.
Algunas han llegado a la capital buscando un mejor nivel de vida, habitan en la periferia de la ciudad, donde, a pesar de las distancias, la vida es más económica. Se trasladan desde muy tempranas horas de la mañana con sus carretas de frutas, sus cajas con mecatos, cigarrillos y gaseosas, para recibir a los transeúntes que deambulan desde temprano, por las calles de Chapinero.
Desde hace varias semanas, vendedores estacionarios ubicados en esa localidad, han venido expresando su inconformidad por el mal trato por parte del alcalde menor, Mauricio Jaramillo. Estas personas que se emplean en la venta ambulante, alegan que existen sentencias de la Corte Constitucional, que amparan sus derechos, así como un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena la creación de un censo, y la entrega de distintivos o uniformes por parte de las administraciones, como parte del reconocimiento de esta labor, como una forma de garantizar el empleo.
Marcial Rodríguez, es el representante legal de Asociación Nacional de Comerciantes, Asonacor. Él le conto a VOZ, que con el ánimo de garantizar los derechos de los vendedores, de darles una formalidad a sus funciones y el cumplimiento por parte del alcalde de estas sentencias, le han insistido al funcionario en diversas ocasiones, llegar a algunos acuerdos y el respeto del derecho al trabajo.
Marcial asegura que la preocupación por tratar de garantizar unas necesidades básicas, ha venido creciendo dado que desde hace algunos meses la fuerza pública ha aumentado las batidas contra los vendedores. Asegura: “Todo inició hace algunos meses cuando la policía empezó a atropellar a los vendedores y sin ninguna razón vienen decomisando las mercancías. Según los policías, ellos guardan nuestras cosas en bodegas, pero cuando vamos a reclamarlas, nadie responde por ellas. Nos están robando”.
Después de muchos intentos por tener un diálogo con la alcaldía, no ha sido posible. “El alcalde nunca nos dio la cara y cuando decidimos hacer un plantón para llamar la atención y obtener el diálogo, nos echaron la policía, nos golpearon y detuvieron a seis compañeros”. Marcial se refiere a un plantón convocado para el día 29 de julio, en donde fueron golpeados por la policía y sin mediar un diálogo, fueron llevados a la URI de Paloquemao. En lo que va corrido del mes de agosto, la Defensoría del Pueblo ha intervenido para ayudar a buscar una solución con la alcaldía, pero hasta ahora no hay resultados.
Los vendedores estacionarios pasan por un viacrucis, están expuestos a la lluvia, a temperaturas altas, al mal trato de algunos habitantes; y por otro lado, al miedo de tener que perder sus mercancías, cada vez que la fuerza pública los atropella. “En ninguna parte nos reciben a trabajar, somos de escasos recursos y no tenemos escolaridad. Como vendedor es solo ganamos entre diez mil o 25 mil pesos al día, ese es el sustento de nuestra familia”.
Además de pedir el respeto por su trabajo, y de asegurar “no le estamos pidiendo plata a nadie”, ellos exigen un compromiso institucional para trabajar, y se les devuelva la mercancía que hasta hoy ha sido decomisada pero que no aparece en las bodegas de la policía.
