El pueblo, dueño de las calles

0
481
Movilización social en Cali, Valle del Cauca. Foto Anllel Ramírez

El desarrollo del paro nacional su continuidad y ampliación, identifican un nuevo momento del acumulado de luchas sociales y políticas del pueblo colombiano.

Su protagonista son las juventudes junto a otras expresiones del movimiento de trabajadores, popular, étnico, campesino y democrático que no resisten más la arrogancia del mal gobierno de Iván Duque y el uribismo. La movilización trasciende el rechazo a un proyecto puntual, y abarca la inconformidad con la orientación general del régimen político corrupto y violento que pretende mantener los privilegios a una ínfima minoría. Brindamos todo el apoyo a este movimiento que ha derrotado en las calles la reforma tributaria, la compra innecesaria de 24 aviones de combate, y determinó la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla.

Consideramos necesario que el Comando Nacional de Paro y los comandos departamentales apoyen el movimiento de protesta e impulsen su ampliación mediante la participación de nuevos liderazgos democráticos, especialmente jóvenes y mujeres, que emergen de la resistencia y la lucha popular. La amplitud, la unidad, la movilización y la organización son premisas vitales para avanzar en la conquista de nuevas y más trascendentales victorias, y la derrota a las pretensiones divisionistas, provocaciones de diverso tipo que promueve el Gobierno.

Los 37 asesinatos y violaciones de derechos humanos que se han presentado en el marco del paro nacional no deben quedar en la impunidad. Exigimos que cese la represión policial y militar, y se garantice que haya verdad, justicia y reparación. A las familias y comunidades que sufren los atropellos del terrorismo de Estado, en especial al pueblo de Cali y el Valle del Cauca, nuestro apoyo y solidaridad.

Denunciamos y rechazamos la utilización de la infiltración y otras modalidades de la guerra encubierta que utilizan los organismos de seguridad del Estado con el objetivo de provocar la violencia en las manifestaciones y desacreditar ante la ciudadanía el derecho constitucional a la protesta que es masiva, pacífica y muy alegre mediante múltiples manifestaciones artísticas y culturales. Esta modalidad de protesta facilita los corredores humanitarios para proveer los servicios médicos, fármacos y mercancías de vital necesidad.

El desmonte del escuadrón de muerte que representa el ESMAD, así como la reforma estructural a la policía nacional son reivindicaciones hoy con mayor legitimidad ante las evidencias que demuestran la ilegalidad e inhumanidad de la represión policial, que cuentan adicionalmente con la complicidad de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, plegadas vergonzosamente al servicio de la politiquería para lograr la impunidad.

Agradecemos todos los pronunciamientos de entidades internacionales como las Naciones Unidas, gobiernos y otras instancias supra estatales, el movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas que exigen respeto a la protesta y rechazan la brutal represión estatal. Estas denuncias y apoyo continuo pueden frenar esas acciones contra el derecho a la protesta popular.

Mientras el Gobierno, el Centro Democrático y el empresariado procuran salir de la crisis mediante el sacrificio de la clase media y los pobres, los sectores progresistas y revolucionarios procuramos una salida democrática y popular. Esta determinación implica mantener y fortalecer la movilización y la protesta en campos y ciudades mediante el paro y otras formas de intervención ciudadana de carácter amplio, unitario y democrático que obliguen al gobierno Duque a revocar las medidas anti populares denunciadas en el pliego de emergencia, entre ellas, la revocatoria al Proyecto de salud 010, la reforma tributaria del año 2019, la reforma laboral contenida en el decreto 1174 de 2020, la alternancia educativa sin condiciones, las fumigaciones con glifosato, entre otras medidas regresivas.

Constituye una exigencia la propuesta del VII Congreso de la UP a favor de un Plan de Emergencia Social que incluya por lo menos renta básica universal, subsidio a la nómina, matrícula cero y apoyo a la pequeña y mediana empresa.

Para avanzar en un proceso de diálogo y negociación con los representantes directos del movimiento popular, se requiere el cese inmediato de la represión policial y la militarización, por ello solicitamos a la alcaldesa mayor de Bogotá, así como a los demás alcaldes y gobernadores del país oponerse a esta medida arbitraria y hacer prevalecer la autoridad civil en contra de los llamados militaristas a favor de la violencia y la constitución de frentes paramilitares anti paro que ya han  asesinado a una veintena de jóvenes en las ciudades de Pereira y Cali.

Estas tropelías militaristas e intimidaciones dejan entrever que la miopía del Gobierno no le ha permitido entender que el pueblo está jugado y que ni la más extrema violencia lo detendrá. Tampoco las tradicionales jugadas de firmar acuerdos que nunca cumplen los gobiernos, servirán para desmovilizar y sacar al pueblo de las calles. Esta vez los compromisos gubernamentales deben definir su naturaleza y plazos perentorios para cumplirlos. Se acabaron los subterfugios y engaños.

El pueblo, ahora dueño de las calles y plazas de Colombia, exige perentoriamente decisión, audacia de los militantes y la dirección del PCC, la JUCO, la Unión Patriótica y los otros integrantes del Pacto Histórico, mujeres y hombres para conducir estas masas a conseguir los objetivos mínimos propuestos y convertirlos en punto de partida para las luchas futuras y ojalá definitivas.