Sobrecostos, retrasos, incumplimientos, suspensiones y múltiples barreras han encontrado las comunidades campesinas del sur del Meta en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, pese a que este es un pilar del Acuerdo de Paz
Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez
Para el año 2017, en gran parte de los municipios del sur del Meta se inició la implementación del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. La expectativa estaba puesta en esta iniciativa que permitiría realizar una erradicación voluntaria de la hoja de coca para que las comunidades campesinas dejaran de depender de esta economía ilícita.
Casi cuatro años después, el panorama es desalentador. La confianza que inicialmente se había originado, se ha ido resquebrajando con la tardanza en la implementación de un programa que para la fecha ya debería estar en su fase final de implementación y así no afectar la “sostenibilidad económica, social y ambiental de su propio territorio”, tal y como quedó consignado en uno de sus principios rectores.
El PNIS ha incrementado los desplazamientos masivos, tanto de recolectores como en general de las comunidades en veredas como La Tigra en Vista Hermosa o La Esperanza en Puerto Rico. “Hay personas que se han ido de acá y uno no puede ni decir que están bien, pero hay que mirar para dónde irse porque realmente aquí ni trabajo hay”, afirma con resignación Viviana, beneficiaria del PNIS en La Tigra, quien a pesar de que su vereda está casi deshabitada, se niega a abandonar su territorio.
Navegando el río Guayabero
Para llegar al Guayabero hay que navegar en canoa gran parte del camino, otros trayectos pueden recorrerse en moto, como por ejemplo de Nueva Colombia a cierto sector de La Reforma; ya luego toca continuar por Caño Cabra, hasta llegar al centro poblado en el que hay una gran caseta comunal, la escuela y uno que otro laboratorio. Allí las familias continúan resistiendo, resaltan que históricamente ha sido la coca la que les permitió criar a sus hijos e hijas y hasta darles estudio.
“Tengo una parcela con pastos, animales (…) y con el sistema de la coca que es el pancoger de acá, con eso le he dado estudio a las hijas”, nos contó don Omar Cometa, habitante de la vereda La Reforma. Experiencia que también vivió José Pineda, un adulto mayor de 75 años quien vivió toda su vida en el campo, dependiendo de los cultivos de coca y pudo darles estudio profesional a sus hijas, ahora son ellas quienes le dan una mesada para su sustento.
Por ello se animó a cultivar cacao, pero se está cansando de persistir sin ningún tipo de ayuda en su proyecto: “Intenté cambiar, pero parece que no se va a poder, todo es muy costoso (…) hemos intentado tener las matas con lo que podemos hacer”, concluye Cometa, ya que ni el banco los apoya con créditos por vivir en zona roja, ni tienen los conocimientos técnicos exigidos. Solo pueden comercializar con sus vecinos.
“Intenté cambiar, pero parece que no se va a poder, todo es muy costoso (…) hemos intentado tener las matas con lo que podemos hacer”, concluye, ya que ni el banco los apoya con créditos por vivir en zona roja, no tienen los conocimientos técnicos necesarios y solo pueden comercializar con sus vecinos.
En el Guayabero gran parte de la población no se acogió al PNIS al considerar que no ofrecía garantías reales y paulatinas de sustitución. “Aquí vinieron para que nos acogiéramos al PNIS, pero vimos desde un principio que eso no nos iba a dar resultados, porque teníamos que hacer unos acuerdos individuales, nos daban el primer pago y teníamos que arrancar la coca; nos íbamos a quedar sin nada y no había nada que nos diera garantías de que el Estado nos cumpliera, por eso nosotros no nos acogimos al plan y ahí está pa’ un hecho el ejemplo de las veredas vecinas donde no les han cumplido nada”, explicó Héctor Parrado quien lamenta que el Gobierno siempre llegue a erradicar, pero no a implementar un proyecto que de manera paulatina les permita ir dejando de depender de la coca.
“Si nosotros dejamos que nos quiten la coca ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues irnos a morir de hambre a un pueblo!”, agregó Parrado, al reflexionar que ellos sin vías de acceso, cadenas de comercialización, ni inversión, subsisten gracias a sus cultivos, aunque sean considerados ilegales.
Cultivar coca o emigrar
En tres veredas la comunidad puso sus esperanzas en el programa de sustitución e hizo erradicación voluntaria. En Laguna Gringo, La Reforma -las familias allí manifiestan que no firmaron pacto colectivo y que quienes están registradas como beneficiarias no habitan el territorio- y La Tigra en el municipio de Puerto Rico.
Las comunidades campesinas beneficiarias alcanzaron a recibir la Asistencia Alimentaria Inmediata, que consistía en un pago mensual de un millón de pesos por 12 meses que, aunque no se entregó en los tiempos establecidos, sí llegó a la mayoría de familias inscritas. El Meta tiene un 94,5% de cumplimiento en esta primera fase.
No obstante, fue lo único que llegó a las familias beneficiarias, por ello se han generado dos escenarios. En el primero, las comunidades volvieron a cultivar y procesar la pasta de coca y en el segundo, tuvieron que emigrar en busca de oportunidades de subsistencia a ciudades capitales o en su defecto a veredas cocaleras.
“Los compromisos eran que nosotros les permitimos erradicar y ellos nos incumplieron. Los pagos nos los dieron cada seis meses y hasta cierto punto. Pero sí vinieron y erradicaron la coca ¿Y entonces de qué vivíamos? (…) De ahí en adelante nos quedamos con la coca, porque sagradamente eso es lo que le da la comida a uno”, nos dijo un habitante de La Tigra quien prefirió no decir su nombre.
“Hay muchas casas desocupadas, la gente está buscando otra fuente de sustento porque les da miedo sembrar coca”, concluyó sentado frente a su casa. De fondo se veía una pequeña extensión de terreno donde nuevamente estaban creciendo las matas de las que esperaban vivir -combinado con su arte de trabajar con madera- pues tiene a tres personas a su cargo. Semanas después el Ejército Nacional llegó a erradicar.
Veredas fantasma
Las familias que se quedaron en el territorio y no encontraron otra forma de subsistencia diferente a la coca, volvieron a sembrar y desde mayo del 2020 han sufrido constantemente la represión estatal, pues no sólo no llega la implementación, sino que el Estado hace presencia a través de las tropas del Ejército Nacional que chocan contra las comunidades campesinas que se niegan a erradicar el único cultivo que les permiten sobrevivir. Esto ha sucedido en algunas veredas, especialmente en Laguna Gringo.
Pero en el caso de La Tigra, la mayoría de población se trasladó a otros lugares dejando la vereda como un territorio fantasma, donde las pocas personas que se quedaron, no cuentan con el derecho a la educación para sus hijos e hijas, pues al ser reducido el número de menores que allí residen, cerraron la escuela.
“Muchas familias se han ido y se han llevado los niños y debido a eso no mandaron más al profesor (…) ahora hay muy poquitos niños y los que están, no les dan estudio por el momento”, dijo con resignación Dayana, quien está a punto de ser madre nuevamente y sabe que en algún momento tendrá o que buscar en una vereda cercana cómo darles estudio a sus hijos o “sacarlos” para San José del Guaviare.
“¿A qué vamos a regresar?”
Así mismo, no hay promotor de salud. “Está el centro de salud, los implementos y todo quedó ahí, pero no hay promotor”, puntualiza Daniela, una joven de la vereda La Tigra quien explica que deben trasladarse en “motor” a la vereda más cercana. Además, la mayoría de viviendas –que están hechas en madera- se están cayendo a pedazos, ya que el tiempo pasa implacable en los territorios donde la soledad reina.
Consultamos a la Oficina del PNIS y manifestaron que, el problema de orden público impidió que se adelantara de manera correcta la implementación, pero que continúan analizando, o cómo darle cumplimiento a lo pactado con estas familias, o cómo se incluyen a los nuevos programas de sustitución, que en este caso sería el programa “Hecho a tu Medida”.
No obstante, no sólo en las veredas del Guayabero las familias tuvieron que desplazarse de manera masiva. También en La Esperanza en Puerto Rico hay un gran número de casas vacías, familias que cierran con candado sus casas de madera con el anhelo de volver pronto y pasan meses sin poder hacerlo, además que se preguntan: ¿A qué vamos a regresar? ¿De qué vamos a vivir?
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
