Comunidades campesinas denuncian el incumplimiento en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos incluido en el Acuerdo de Paz. Para el campesinado, la institucionalidad está empeñada en boicotear la sustitución voluntaria
Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez
En Puerto Rico, Meta, alrededor de 250 familias necesitaron de mucha resistencia y de una acción popular para ser reintegradas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, ya que habían sido suspendidas por supuestamente no haber erradicado.
Esta misma realidad la vivieron casi 100 familias de Vista Hermosa que delegaron el proceso de erradicación manual a las tropas del Ejército y estas solo “soquearon” los cultivos, pero al no haber sido quitados de raíz volvieron a rebrotar y cuando la Misión de verificación de la ONU fue al terreno, bloquearon los pagos.
Según la Oficina del PNIS, desde principio de este año las familias están terminando de recibir los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata y luego podrán recibir el $1.800.000 de seguridad alimentaria.
“Vamos pa’ cuatro años que estamos desarrollando el PNIS y hasta hace poquito, el 20 de octubre del 2020, se logró que se activaran los pagos a 97 personas del municipio de Vista Hermosa después de casi cuatro años de funcionar el programa. Ahí vemos los ‘reversazos’ que tiene el PNIS, no en el programa como tal sino en la ejecución del Gobierno”, dijo a El Cuarto Mosquetero, Luis Alejandro Avellaneda, delegado municipal del PNIS por el Partido Comunes, en Vista Hermosa y también delegado de apoyo en los cinco municipios que hacen parte del programa en el Meta.
Es importante tener en cuenta que las familias tuvieron que esperar más de dos años para recibir nuevamente la visita de verificación y así ser reintegradas al programa, pero existen casos como el de La Macarena y Mesetas donde la realidad es otra.
La pesadilla de haber pertenecido a Guardabosques
Alrededor de 40 familias habían pertenecido al programa familias guardabosques que impulsó la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 donde se suponía que dos mil familias de Puerto Rico y La Macarena se beneficiarían. Para esa fecha se hablaba de lograr erradicar 1.237 hectáreas.
Pero parece que la estrategia de erradicación de guardabosques no funcionó, ya que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés) señaló que, en 2016, el Parque Nacional con más coca en el país era la Sierra de La Macarena, con alrededor de 2.548 hectáreas. Mientras que con el programa PNIS sí se logró reducir significativamente estas cifras. Por ejemplo, en el 2017 cuando apenas se iba a empezar a implementar el programa, habían aumentado las hectáreas de cultivo a 2.832, en tanto que para el 2018 se habían reducido a 1.840 hectáreas y finalmente en 2019 a 1.104.
No obstante, si el Gobierno nacional sabía que quienes habían pertenecido al programa fallido de guardabosques en La Macarena no podían estar en el PNIS, ¿por qué motivarlos a erradicar, darles los primeros 12 millones de pesos de incentivo como apoyo para subsistencia, si luego iban a ser suspendidos del programa?
El día que iban a la entrega de los productos que representaban el $1.800.000 para seguridad alimentaria más asistencia técnica, fueron advertidos de que no aparecían en la base de datos. Con el tiempo las notificaciones empezarían a llegarles, inclusive hace algunas semanas todavía continuaban acercándose las y los beneficiarios a la oficina de la Personería para que los ayudaran a recibir una respuesta.
“Hay que continuar con los mecanismos judiciales (…) porque es un atropello el que se está realizando del programa, ya que después de que una persona se acogió, erradicó y cumplió, le van a decir que están por fuera del programa”, explicaron autoridades locales a El Cuarto Mosquetero, las cuales están ayudando a las comunidades a hacer recursos de reposición, porque tras seis meses apenas les están respondiendo a éstas familias que están fuera del PNIS.
Habla la comunidad
“Aquí llegó la nota de que nos habían borrado porque nosotros nos mandamos a apuntar en el programa de Bosques Monte. No nos han mandado nada escrito, por aquí llegó fue una muchacha y nos dijo que nos habían borrado”, dice Isidro Melo, adulto mayor de 74 años, quien arribó a La Macarena desde Landázuri, Santander.
“Ni casita tenemos, toca con pedazos de remiendo, cuando hace viento levanta el zinc, le pongo estos palos para poder sostenerla, soy yo la que me paro porque él ya no puede caminar, a él le dio trombosis y quedó que ya no puede andar, pero me toca duro o si no se empina”, dice María de La Cruz, adulta mayor de 73 años que habita en la vereda Turpiales, La Macarena.
Lamentablemente, ésta misma realidad la están viviendo cuatro familias de Puerto Rico, aunque la Personería Municipal acompañó la apelación, fueron retiradas del programa. Así mismo, 25 familias del municipio de Mesetas fueron retiradas por haber sido parte de Guardabosques. Allí la Personería Municipal va un poco más adelantada en el proceso de recusación, pero la oficina del PNIS fue tajante en mantener por fuera a las y los beneficiarios.
“¿Por qué no hicieron ese filtro en el momento de inscripción de las familias? Ahora que erradicaron, les dieron asistencia técnica, les dicen los excluimos (…) por eso se interpuso recurso de reposición, subsidiario de apelación, pero no fue posible, porque -dicen- no podían hacer parte de otro programa de gobierno”, contó a El Cuarto Mosquetero la personera Deisy Melo, quien cuestiona que si las inscripciones al programa de sustitución se adelantaron en el 2016 ¿Por qué esperar hasta el 2021 para notificarlos?
Excluidos del programa
En el municipio de Mesetas además de las familias excluidas por haber estado en Guardabosques, también en el 2019 suspendieron a 27 personas por supuestamente no haber erradicado de manera completa, lo que requirió de un largo acompañamiento por parte de la Personería Municipal hasta que hace poco empezaron a recibir nuevamente los pagos de asistencia alimentaria.
A la fecha 715 familias de las 1.103 obtuvieron la asistencia alimentaria, no obstante, las demás –las que no fueron suspendidas o están bloqueadas por estar en zonas de áreas protegidas-, no han recibido los respectivos desembolsos porque el programa argumenta estar desfinanciado.
Sumado a ello, más de 100 familias denuncian que, cuando recién inició el programa les solicitaron que se inscribieran, luego les manifestaron que no habían quedado inscritos por baja densidad, posteriormente les pidieron de nuevo todos sus papeles –fotocopias de documento de identidad, carta venta de sus predios, entre otros- y hasta les hicieron firmar el acta de compromiso de no volver a sembrar, hasta que finalmente les dijeron que habían quedado por fuera del programa, pero no sólo no les devolvieron la documentación sino que, denuncian que ellos aparecen en la base de datos como beneficiarios y esto significaría que más adelante si quisieran acceder a algún programa gubernamental no van a poder hacerlo.
“¿Por qué hacemos parte del archivo del programa si no salimos beneficiados? (…) la duda que tiene la gente es que primero sí, luego que no, pero nunca recibieron nada y qué hicieron con nuestra información”, contó a El Cuarto Mosquetero, Luis Alfonso Camacho, vicepresidente de la vereda Nueva Esperanza.
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
