“El gobierno aumenta el 4.5% al salario mínimo, Alcanos aumenta tarifa en 150%”

0
314
Luis González Rocha, Juez de Paz y asesor servicios públicos domiciliarios. Foto Nelosi

Nelson Lombana Silva

Son cosas aberrantes que solo suceden en regímenes de corte capitalista y en países como Colombia, gobernada por una clase dirigente corrupta, salvaje e inhumana. Mientras el presidente Santos aprueba un incremento miserable del 4.5% del salario mínimo para el presente año, solo la empresa de Alcanos aumenta la tarifa del gas en un 150%.

Sin embargo, no pasa nada y muchos afectados irán a las urnas a votar por los directos responsables de esta infamia, otros votarán en blanco y otros no irán a las urnas, con el cuentico de que no les interesa la política y que no viven de ella. No saben esas personas que todas esas triquiñuelas y costos exagerados de los servicios públicos domiciliarios son producto de decisiones políticas.

Luis González Rocha, Juez de Paz y asesor servicios públicos domiciliarios. Foto Nelosi
Luis González Rocha, Juez de Paz y asesor servicios públicos domiciliarios. Foto Nelosi

La denuncia la hace Luis González Rocha, juez de paz y asesor de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Ibagué (Tolima) durante más de 30 años consecutivamente. “Mientras el gobierno nacional aprueba un miserable aumento del 4.5% al salario mínimo, solo la empresa de Alcanos aumenta un alza de 150%”, señala.

El incremento exagerado de dicha tarifa tiene en vilo a la ciudadanía ibaguereña, profundamente indignada. Sin embargo, el pueblo común y corriente no encuentra la conexión de esta infamia con la politiquería de la clase dirigente tradicional que pretende reelegirse el próximo 9 de marzo. Muchos creen que los publicitados y perfumados guardianes del régimen capitalista nada tienen que ver con la exagerada alza. Otros consideran que la derecha y la izquierda son lo mismo y que por lo tanto no hay por quién votar.

Es el clásico analfabetismo político que la Unión Patriótica pretende eliminar con su persistencia en la lucha política a pesar de las continuos atentados y amenazas contra sus candidatos, como el sucedido el pasado 23 de febrero en Arauca, donde la candidata presidencial Aída Avella Esquivel; el candidato de la paz por la Alianza Verde 38 en el tarjetón, Carlos Arturo Lozano Guillén; y la candidata al Parlamento Andino, Lilia Solano 501 en el tarjetón; por poco mueren en un vil atentado a diez minutos de una base militar en un departamento supermilitarizado.

A pesar de las múltiples ocupaciones del juez de paz y asesor de los servicios públicos domiciliarios, nos dispensó unos minutos para hablar sobre este álgido tema y el relacionado con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual considera ilegal y al parecer se lo estarían cobrando al usuario dos veces.

Señala que la comunidad viene protestando pacíficamente, pero ante la negativa de las empresas a los justos reclamos en cualquier momento se podrían presentar las vías de hecho.

Dijo que en algún momento la empresa del Ibal, que surte de agua a la ciudad, incrementó el alza en un 200%. Es claro al afirmar que ni la Comisión Reguladora ni la Superintendencia de los Servicios Públicos son garantías para el usuario. Por el contrario, existe entre ellas una malévola y oscura alianza.

La entrevista concedida a las páginas web www.pacocol.org y www.semanariovoz.com es la siguiente:

—Por estos días la ciudadanía ibaguereña ha sido sacudida con el exagerado incremento de los recibos del gas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—La comunidad queda sorprendida, los usuarios y los asesores (soy asesor de los servicios públicos domiciliarios). Todos los días son enormes las quejas por este concepto: el exagerado y terrible incremento de las tarifas del servicio de gas en la ciudad de Ibagué.

De acuerdo al gerente de Alcanos de Colombia, manifiesta que fue permitido por la comisión reguladora. Pero la verdad es que estas comisiones reguladoras y la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios no son garantías para los usuarios, vemos esa unión malévola que existe entre las comisiones reguladoras y la Superintendencia de los Servicios Públicos, quienes se ponen de acuerdo a espaldas del usuario para aumentar las tarifas sin ningún tipo de socialización.

Preguntaría: ¿En qué diario socializaron el aumento de la tarifa? Encontramos que lo socializaron supuestamente en un diario el cual no tiene acceso a él la comunidad. Entonces este aumento lo están haciendo a espaldas de los usuarios. Le recordamos a las empresas públicas de estos servicios que los usuarios son la esencia de las empresas y que si los usuarios no tienen conocimiento del aumento de las tarifas, tampoco ellos las pueden publicar. El pueblo unido jamás será vencido. La verdad es que como usuarios estamos muy indignados.

Es triste. Mientras el gobierno nacional aprueba un miserable aumento de 4.5% al salario mínimo, es decir, solamente 22 mil pesos, solo la empresa Alcanos aumenta un alza de 150%.

—¿Quién está realmente detrás de semejante atraco a los usuarios del gas en la ciudad musical de Colombia?

—La verdad es que las empresas se creen privadas y sin control, se les olvida que existe el artículo 365 de la Constitución Nacional, que permite que los servicios públicos sean prestados por particulares, pero el control total lo tiene es el Estado. Ninguna empresa puede estar por fuera del Estado. En este caso en coordinación con las comisiones reguladoras (no sé qué alianza oscura y ocultan tengan allí), aumentaron exageradamente con el criterio que van a seguir aumentando mensualmente de acuerdo al valor del dólar.

Si el dólar sube, aumenta el valor de la tarifa del gas. Sin embargo, si baja el dólar no le baja a la tarifa, se queda arriba. Es lo mismo que viene ocurriendo con la gasolina. Es un engaño total que nos están haciendo a los usuarios, y los usuarios estamos indignados y la verdad ya se han hecho varias manifestaciones pacíficas. No se le haga raro que nos toque que acudir a las vías de hecho para ser escuchados de verdad.

—Se anuncia que una vez pase las elecciones del 9 de marzo se incrementaría la tarifa del agua, del IBAL. ¿Qué opina usted?

—Nosotros los que venimos hace muchos años haciéndole seguimiento a las empresas de los servicios públicos encontramos –por ejemplo– que el IBAL en alguna ocasión solicitó a la comisión reguladora de aguas un aumento del 200%. Dicha comisión lo permitió con una condición: que en el término de cinco años, no podía aumentar más hasta el ajuste de las tarifas cada cinco años.

Sin embargo, las tarifas siguen aumentando común y silvestre. Se demandó cuando eso y la empresa se vieron en la necesidad de devolver a los usuarios cierta cantidad de dinero que estaba cobrando de más. Ahora quieren hacer la misma jugada y considero que ya los usuarios no resistimos más. Las tarifas están demasiadamente altas y tenemos que pensar en aquellas personas que no tienen empleo, en aquellas madres cabeza de familia, en aquellas personas de los estratos bajos y no tienen ni con qué comer. Solamente quedan dos opciones: O paga los servicios con tarifas exageradas o compran comida para no dejarse morir de hambre.

—Cambiando un poquito de tema: ¿Qué está pasando con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) en Ibagué (Tolima)?

—Hace muchos años se viene hablando sobre la ilegalidad de este seguro obligatorio. Pareciera que en Colombia todos esos seguros fueran ilegales. Vemos ahora que el ilegal SOAT, como se le llama: cero SOAT, nos sorprende la noticia de la “muerte del SOAT”. Pero, esto no cumple con las especificaciones. No sé por qué las autoridades tienen que trabajar sobre ilegalidades.

Esto solamente enriquece a los propietarios de ese SOAT, pero no beneficia absolutamente en nada a los usuarios. Si miramos qué función cumple el SOAT, nos dice que es la prestación de un servicio que tiene que por ley 100 prestarlo las EPS. Todas las personas que están afiliadas de una u otra manera a un EPS o ARS, estas instituciones están obligadas de atender hasta los casos de accidentes de tránsito.

La verdad es que tenemos que mirar muy bien esa ley y acogernos a ella y aplicarla; no podemos estar pagando dos veces. Creo que el SOAT es cancelado por el Fosyga y las prestadoras de salud también le están cobrando al Fosyga. Estaríamos pagando dos veces el mismo servicio.

Yo la verdad es que veo en todo esto una ilegalidad enorme. Vemos también la ilegalidad de los retenes, ya los carros no pueden girar hacia la izquierda en Ibagué, porque son los empresarios los que dicen qué tienen que hacer las autoridades. Ibagué se volvió invivible. Están cerrando los cruces hacia la izquierda para crear la necesidad de aplicar el pico y placa diariamente en toda la ciudad sin ninguna necesidad.

Me pregunto: ¿Por qué no miramos una cantidad de semáforos que no prestan ningún tipo de servicios? Miremos –por ejemplo– el ubicado sobre la venida Ambalá frente a la Coruniversitaria, antes de llegar al romboide. Es un semáforo que no cumple ninguna función y se constituye en un obstáculo.

No entiendo por qué esos directores de tránsito son colocados por los “sabios de la politiquería” y que vienen de otras ciudades sin el más elemental conocimiento de esta ciudad de Ibagué. Hay que mirar que predomine el interés colectivo sobre el individual, pero acá sucede generalmente al contrario.

—No sé si entendí bien: ¿El “famoso” SOAT debería cancelarlo la EPS y no el directamente afectado o sea el usuario?

—No. No es así. El SOAT es un documento que no debería aplicarse. O sea, las personas no deberían adquirir ese SOAT. Ninguna autoridad está autorizada para pedir ese ilegal documento. Quien tiene que prestar la seguridad social a la persona que conduce un vehículo y por cosas del destino se ve involucrado en un accidente es exactamente la EPS. El SOAT solamente llega solamente allí a tomar datos, pues todo el servicio lo viene prestando la respectiva EPS.

Tengo conocimiento también de que ese SOAT le cobra al Fosyga y el Fosyga es un fondo de todos los colombianos. Entonces estaríamos pagando dos veces: La EPS y el Fosyga que también lo tenemos que pagar nosotros.

—Ante esta cascada de las alzas de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y el mismo SOAT, ¿qué propone usted?

—Tenemos que comenzar a mirar las cosas que son legales y las que no son legales. En Ibagué las patrullas de policía instalan retenes en cualquier parte. Puede ser en una curva, puede ser debajo del puente donde está prohibido parar, puede ser de día, puede ser de noche. Miremos la legalidad de los retenes. ¿Será que cumplen con las especificaciones que la norma exige? Supuestamente deben tener unos avisos a cierta distancia y por último un aviso que diga “Pare”, los policías debidamente identificados y si es de noche con muy buena iluminación.

Pero la verdad es que vemos en el centro a los policías andando con dos grúas y ya no son los policías los que recogen los carros, son los mismos propietarios de las grúas los que están abusando sin ser autoridad y están levantando los carros. Tuve la experiencia la semana pasada en la calle 16 entre carreras cuarta y quinta, donde una grúa llegó a levantarme el carro estando yo dentro del carro, inmovilizado porque había vehículos delante del mío. Llegó, cuadró la grúa y quiso levantarme el carro, le demostré que no estaba estacionado.