La decisión de la Corte Constitucional de tumbar por vicios de procedimiento la reforma constitucional que ampliaba el fuero penal militar, da un respiro a la lucha de los sectores democráticos y populares que veían en el proyecto una gigantesca puerta abierta a la impunidad
Alberto Acevedo
Satisfacción entre los sectores democráticos y populares y la comunidad internacional, y desconcierto y rabia entre los sectores militaristas y las élites de poder en Colombia, causó el reciente fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual declaró inexequible, por vicios de procedimiento, un proyecto que ampliaba el fuero militar, creaba un Tribunal Militar especial para el juzgamiento de crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y creaba figuras jurídicas como la del ‘blanco legítimo’, un esperpento que convierte en objetivo de guerra a la población civil.
La decisión del alto tribunal constitucional implica que se cae definitivamente el proyecto de ley, pues el carácter de los vicios de procedimiento invocados lo hacen insubsanable, no regresa a estudio del Congreso de la República, y por consiguiente queda sin sustento legal la ley estatutaria que lo reglamenta.
Entre las reacciones inicialmente conocidas figuran la del presidente de la influyente ONG Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, en el sentido de que de haberse aprobado el proyecto se establecería por parte de los militares “licencia para matar sin rendición de cuentas”, con el riesgo inminente de que la mayoría de los procesos en curso por ‘falsos positivos’, no por delitos en combate, quedaran en la impunidad.
El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien encabezó una lista de parlamentarios que en febrero de este año había demandado la ley de ampliación de fuero por vicios de procedimiento, anotó que “hemos logrado defender los derechos humanos de manera eficaz al haber emprendido acciones ante la Corte Constitucional”. “Ese proyecto, puntualizó Germán Navas Talero, otro de los demandantes, estuvo marcado por irregularidades originadas en el permanente afán de las mayorías”, en aprobarlo mediante el típico ‘pupitrazo’.
De lado de quienes defienden la reforma, están, desde luego, el presidente Santos y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que corrieron presurosos a tranquilizar a los mandos militares, a decirles que el fuero militar no ha desaparecido y que el gobierno va a hacer lo posible por proteger sus intereses, valga decir, disparar primero y preguntar después.
Entre el coro de los áulicos del militarismo, está el Procurador General de la Nación, que se preguntaba, qué garantías tendrían en el futuro los miembros de las Fuerzas Militares. Y se dolía que a los uniformados incursos en crímenes atroces se les pudiera condenar a penas de prisión hasta de sesenta años, violando el principio de igualdad. ¡Qué injusticia!
Insubordinados
Llama la atención, sin embargo, una voz discordante en este coro, la del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien calificó como ‘procedimiento inaudito’ la decisión de sus compañeros en el alto tribunal constitucional, y descalificó en forma irrespetuosa e indecorosa la decisión mayoritaria de la Corte, al señalar como inconstitucional la iniciativa parlamentaria.
Estas declaraciones apuntan a una campaña de desprestigio y deslegitimación de las decisiones de la Corte Constitucional. Empezando por el ministro de Defensa al repetir reiteradamente que la institución castrense respeta pero no comparte el fallo, cuando su deber de funcionario es acatar las decisiones judiciales. En esa dirección apuntan las declaraciones del procurador y ahora las de un magistrado compañero de bancada del tribunal constitucional. Alaban la Corte cuando un fallo les favorece y denuestan de ella cuando no se pliega a su cabildeo.
Como recordarán nuestros lectores, el riesgo de que la iniciativa de ampliación del fuero militar hubiera sido declarada exequible es que se dote de una sólida cobertura jurídica las actuaciones criminales del ejército y la policía en zonas de combate y fuera de ellas.
Lo que se quiere tapar
Cuando delegados de la Corte Penal Internacional efectuaron una visita al país, hace pocos meses, la Fiscalía General de la Nación reconoció que en esos momentos, solamente por casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) “están siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados”. Desde el momento en que se conocieron los primeros indicios de estas ejecuciones extrajudiciales, como modelo oficial de guerra contrainsurgente, se han dictado 639 condenas.
Esto indica que los niveles de impunidad, cuestión sobre la que alertan José Manuel Vivanco y numerosas organizaciones de derechos humanos, está entre el 87 y el 90 por ciento, y este encubrimiento al crimen se refiere a delitos de lesa humanidad y no precisamente los cometidos por razón del combate, como se pretende alegar por quienes defienden las bondades del fuero militar.
Leído de otra manera el asunto, muestra la estrecha relación entre impunidad y ampliación del fuero penal militar. Los tribunales de juzgamiento castrense que invoca la ley defenestrada, aspiran ni más ni menos que a cobijar bajo su jurisdicción la comisión de crímenes de guerra y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, como en su oportunidad lo advirtió una comisión de expertos.
Esa misma comisión, hizo notar que es de la esencia del derecho, en la práctica democrática de la comunidad de naciones, que sean los tribunales civiles quienes investiguen y enjuicien los crímenes de guerra, evitando que los militares se conviertan en juez y parte, para establecer una cadena de absoluciones e impunidades.
Reforma para la paz
Un documento del Centro Internacional para la Justicia Transicional, divulgado en esa época, advertía que la justicia penal militar no es apropiada para investigar crímenes complejos o de sistema, y en su estructuración no da muestras de imparcialidad e independencia. Y llama la atención sobre el hecho de que en tiempos de negociaciones de paz la ampliación del fuero militar y otras medidas de guerra son contrarias al modelo de justicia transicional, que busca enfrentar el legado de las violaciones masivas a los derechos humanos y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Los retos y desafíos que esta discusión plantea, no se han superado. El gobierno nacional y su ministro de Defensa amenazan con presentar nuevas iniciativas al parlamento, para buscar normativas que amparen la política criminal de la llamada “seguridad democrática”. Los sectores progresistas por su parte, no pueden bajar la guardia.
Hay que enfrentar la pelea, no sólo contra la posibilidad de ampliar el fuero militar, sino reformar el existente, bastante laxo frente a este tipo de actuaciones criminales. Enfrentar la impunidad en los crímenes de estado, desactivar la política de la seguridad nacional, plantear una depuración de las fuerzas armadas, una reforma militar para la paz, y en general la constitucionalización del derecho penal, son tareas del momento, si queremos ambientar la paz que con justificados anhelos se busca en las conversaciones de La Habana.
