Magistrados de varios países escucharon los testimonios de trabajadores humillados por sus patronos con la complacencia de instituciones estatales
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Jorge Alfredo García era trabajador de minas de carbón en Norte de Santander, hasta que en julio de 2006 en un accidente de trabajo se fracturó un brazo, cuando laboraba en una banda transportadora. Se desempeñaba en una transnacional en Cerro Tasajero.
En el reporte la empresa registró el accidente de otra manera porque le habían puesto funciones distintas a las que había sido contratado. De esta manera evadiría una sanción. Durante dos años estuvo en tratamientos por la EPS hasta que le calificaron incapacidad laboral por 24,03 aunque con otras lesiones como hernia discal L4, L5, síndrome de túnel carpiano, una fractura de cadera que no puede ser operada, radiculopatía crónica en las piernas, una cirugía en el brazo en la que le sustrajeron un pedazo de hueso. Según Jorge Alfredo, todas estas enfermedades fueron adquiridas durante sus años de trabajo.
La ARL Positiva, al verlo con siete patologías de las cuales dos son psiquiátricas, no quería dar el tratamiento médico y tampoco la incapacidad. Luego de varias protestas en Bogotá frente a la ARL, donde fue golpeado por la Policía, logró una pensión por invalidez.
Simón Darío Ramírez es trabajador de la planta de concentrados Albateq en Mosquera (Cundinamarca). Cuando limpiaba las bandejas de la máquina donde fritan vísceras de pollo para hacer harinas, sufrió un accidente cuando la máquina se encendió y por más de una hora le atrapó un brazo y un pie. Quedó inconsciente y perdió mucha sangre. Al recuperar el conocimiento vio cuando lograban sacar su brazo y cómo volteaban su pierna para poderla extraer.
Durante 14 meses la empresa le dio un vehículo para que se transportara de Facatativá a Bogotá a terapias y controles, pero la ARP Seguros Bolívar no le ha pagado el transporte a su tratamiento que lleva más de cinco años. A los diez meses lo reubicaron en oficios como el retiro de basuras de los sitios de acopio y espantando palomas para que no dañen el producto.
“Tuvieron que sacarme carne de una pierna para reconstruirme el brazo. Quedé mal de la cabeza por el accidente, pero la ARP dice que lo del pie ni lo de la cabeza es por el accidente y no han respondido, tampoco me querían mandar a calificar. Eso se logró porque llegué con la orden para unos exámenes dada por una cirujana particular”.
Actualmente tiene un 44 por ciento de incapacidad laboral aunque solo está calificado el brazo, el resto de partes afectadas no. La depresión lo obligó a estar en una clínica de reposo.
Gloria Isabel Ramírez era una de las mejores cortadoras de flores de Copa Flowers hasta que por su repetitivo movimiento enfermó de túnel del carpo. La empresa no le pagaba seguridad social aunque se la descontaba; la enviaban a afiliarse al Sisbén. Fue despedida con el argumento de reducción de personal pero reintegrada porque interpuso una tutela. En su reingreso sufrió persecución y aislamiento del resto de sus compañeras porque había logrado sindicalizarse. Por prescripción médica la empresa tuvo que reubicarla y pasó a desbotonar.
“Mis patrones se asociaron con la empresa Tania Camila y me mandaron a descansar un mes y cuando regresé no me dejaron ingresar diciéndome que esa era otra empresa. Los denuncié por sustitución patronal pero no me recibieron la citación que envió el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora empieza el conflicto…”. Gloria dice tener muchas compañeras enfermas a quienes también les adeudan varios meses de salario, algunas ni siquiera con Sisbén.
Sentencia ética
Como los anteriores hubo otros 34 testimonios sobre abuso laboral, desprotección estatal, falta de cobertura en riesgos profesionales y ausencia de trabajo digno, que fueron escuchados durante dos días de la pasada semana por un tribunal internacional que sesionó en Bogotá. Este estaba compuesto por los magistrados Óscar Alzaga, abogado laboralista asesor sindical del sector minero-energético de México; Eleming Rey Sánchez, destacada abogada peruana y asesora sindical; Grettel Hernández, abogada laboralista cubana y colaboradora en la elaboración del nuevo código del trabajo de ese país.
Las lágrimas acompañaron los testimonios de varios trabajadores, víctimas de humillaciones, quienes contaron su drama individual y colectivo, y las burlas de las que han sido víctima por parte de los patronos. Videos y documentos acompañaron algunos relatos.
La sentencia -que será conocida por el Estado- no tiene consecuencias vinculantes y es producto de un espacio donde los obreros se reunieron a contar sus problemas para evidenciar la impunidad permitida por instituciones como el Ministerio del Trabajo, que junto al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue invitado al evento.
El Tribunal fue convocado por organizaciones como Sintraimagra; un sector de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); la organización de Bélgica FOS, la Federación Sindical Mundial (FSM); y la Asociación de Abogados Laboralistas.
