El enfoque de género en el Acuerdo de Paz

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Mujeres en la Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero. Foto Anzorc

A cinco años de la firma en el Teatro Colón, el proceso se encuentra en un punto de inflexión, en el que es fundamental consolidar la implementación a nivel territorial e identificar acciones para asegurar que el espíritu transformador del acuerdo se materialice. Las mujeres no nos detendremos hasta tanto Colombia sea un país realmente democrático y en paz

Gloría Inés Ramírez Ríos (*)

La Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM, es una organización internacional no gubernamental que integra organizaciones del mundo entero. Sus principios se fundan en la justicia social, económica y cultural. Hace parte del componente internacional para la verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de Colombia, responsabilidad que comparte con ONU Mujeres y Suecia.

Afirmamos con toda convicción que después de seis décadas de guerra, el Acuerdo de Paz se constituye en la conquista más importante de los sectores democráticos del país. Valoramos la incorporación del enfoque de género como un logro político del movimiento social de mujeres y de las excombatientes de las FARC, que, desde las diversidades, territorios y acciones comunitarias, organizativas y de incidencia participaron y contribuyeron para este avance, que es un paso sin precedentes a nivel global en la aplicación de los estándares internacionales relacionados con la igualdad de género en la consolidación de la paz.

Por primera vez, se incluye de manera transversal y estructural los derechos de las mujeres como un principio articulador transversal a todos los acuerdos asociado principalmente a: 1) la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; y 2) la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad; 3) la participación activa de las mujeres y de sus organizaciones en la construcción de la paz; 4) el reconocimiento de las afectaciones diferenciales y desproporcionadas de las mujeres por causa del conflicto.

El Acuerdo Final establece el enfoque de género como un principio orientador para su implementación. Contempla 130 medidas afirmativas para promover la igualdad de derechos entre hombre y mujeres. También, resalta y exige la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz. Además, hace un reconocimiento de la victimización de las mujeres por causas del conflicto.

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas existen nueve millones de personas reconocidas como víctimas. De las cuales 4.489.155 son mujeres (datos 2021). En este sentido, el mejor camino para llegar a la meta de la paz, consiste en la transformación de las condiciones que se han dado durante el conflicto armado y que han relegado a millones de colombianos y colombianas a la pobreza, a la inequidad y exclusión. Es necesario deconstruir los imaginarios del conflicto y aceptar que la violencia no es compatible con la democracia.

Implementación insuficiente

Son varios los avances de la implementación del enfoque de género, pero son insuficientes y van a un ritmo menor que los relacionados con la generalidad del Acuerdo. Estos no avanzan al ritmo adecuado para cumplir con lo pactado, no hay recursos suficientes y esto pone en mayor riesgo a las mujeres, porque los incumplimientos de los tiempos y presupuestos ralentizan los procesos de transformación de sus condiciones y, por ende, impactan negativamente la brecha de género.

Existen dificultades considerables en lo relacionado con la entrega y formalización de predios a las mujeres rurales, lo cual se debe a limitaciones jurídicas con los predios incorporados al Fondo de Tierras, lo que genera un retraso.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, está desfinanciado y se ha venido reemplazando por la erradicación forzada, militarizada y violenta, lo que impacta profundamente la vida de las mujeres. Cerca de la mitad de los integrantes de las familias de las zonas cocaleras son mujeres, 46.9%. Además, el 29% de las familias tienen jefatura femenina.

En cuanto a la participación política, se enfatiza en la necesidad de una apertura democrática para transformar una realidad histórica de limitación y de exclusión para la participación y el ejercicio de la política de oposición. La esencia es erradicar la violencia de la política desde el establecimiento de las garantías para el ejercicio de la política.

Es importante lo que se ha logrado, pero hay que reconocer que lo falta por implementar es mucho. Por ejemplo, hay que acelerar la implementación de las disposiciones en materia de la Reforma Rural Integral, participación, protección y garantías de seguridad, así como las disposiciones relacionadas con la reparación integral ligada no solo a la restitución de derechos, sino a la rehabilitación psicosocial y la recuperación económica.

Otro gran obstáculo para la implementación son las dificultades en materia de seguridad. Los asesinatos de excombatientes, de líderes y lideras sociales y de defensores de derechos humanos siguen concentrándose en o 25 municipios, 20 de ellos ubicados en zonas PDET, y a estos corresponden las Circunscripciones Territoriales Especiales para la Paz.

Nuestra preocupación

En la reincorporación, hay avances, pero las acciones del gobierno no han sido suficientes. Sin embargo, se han visto compensadas por los esfuerzos de los y las excombatientes vinculados al proceso. Hacemos un reconocimiento por su decisión de mantenerse en el proceso de paz, a pesar de las inmensas dificultades. Todavía las mujeres reclaman tierras para la construcción de viviendas y proyectos productivos.

Las mujeres en reincorporación no cuentan con garantías para exigir el cumplimiento de sus derechos, pues la entidad encargada solo tiene la facultad de realizar y articular gestiones, pero no de garantizar el acceso al derecho.

Expresamos nuestra gran preocupación por el alto número de asesinatos de excombatientes. Es insoportable que en medio de la implementación se maten a líderes y lideresas y a excombatientes. Las cifras son contundentes: 292 firmantes de la paz, más de 1.000 de líderes y lideresas asesinadas, 76 masacres hasta octubre del 2021. Esto es una gran tragedia. Hay que proteger la vida. El hecho violento más recurrente contra las mujeres en el ejercicio de sus liderazgos es la amenaza.

Esta afectación tiene un impacto particular en las lideresas, pues al ejercer este mecanismo de presión sobre ellas, quien lo realiza recurre también a estereotipos y simbolismos que extienden la afectación a sus familiares y allegados afectando así la integridad psicológica de quienes la rodean.

La paz se ensombrece ante la gravedad de la crisis de violencia que se registra en el país. El país y la democracia corren peligro. La persistencia de la violencia ha seguido generando desplazamientos y confinamientos masivos, especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y la zona de Catatumbo.

Punto de inflexión

A cinco años del Acuerdo de Paz, el proceso se encuentra en un punto de inflexión, en el cual es fundamental consolidar la implementación a nivel territorial e identificar acciones para asegurar que el espíritu transformador del acuerdo se materialice.

Es necesario que el gobierno continúe iniciando la implementación de los compromisos con enfoque de género, para asegurar que estos sean completados en el horizonte del tiempo contemplado. De igual manera, queremos dejar claro que los recursos para el enfoque de género en el Acuerdo de Paz son insuficientes.

Según la Contraloría, del presupuesto general solo un 3% pudieron ser identificados para acciones de género. Además, no se cuenta con un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal de construcción de paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación de este enfoque. Sin embargo, para el 2021 hubo un crecimiento del 7.7% en los dineros orientados a la aplicación de acciones de género en el Acuerdo de Paz.

Otro gran rezago está en el catastro multipropósito. Este es un instrumento fundamental para la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales, porque provee información clave sobre los predios y sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. Sin esta información será muy difícil poner en marcha y garantizar el buen funcionamiento de la reforma rural y otras intervenciones publicas relacionadas con el desarrollo del mercado inmobiliario y el ordenamiento territorial. Los registros del IGAC así lo demuestran: solo 25 municipios cuentan con información catastral actualizada en 2020; 206 municipios tienen registros anteriores al año 2.000 y 918 registros hasta el 2010.

Las realidades de las mujeres en los territorios no se han transformados y se han visto enfrentadas nuevamente a dinámicas del conflicto armado en zonas como el Catatumbo, Nariño, Cauca, y Valle del Cauca, entre otros. La falta de garantías de seguridad para las mujeres es evidente e impactan negativamente su capacidad de incidencia.

La preocupación de las mujeres y de sus organizaciones va en aumento, debido a que su participación en los territorios se ha convertido en una actividad de alto riesgo y no cuenta con medias de protección adecuadas y suficientes. Así las cosas, no es posible hablar de una apertura democrática hasta que se pueda garantizar el derecho a participar y ejercer la actividad.

Frente a la movilización y protesta pacífica garantizada en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional, teniendo en cuenta los hechos de las últimas protestas sociales, según Indepaz y ONG Temblores, entre abril y junio de 2021 hubo 3.846 casos de hechos victimizantes, de las cuales 1.832 fueron detenciones arbitrarias, 1.468 violencia física, 75 asesinatos, 28 casos de violencia sexual, además la Defensoría del Pueblo, recibió 106 casos de VBG, lo que ha demostrado que el Estado no se encuentra en condiciones de garantizar este derecho y se presentó un uso de la fuerza pública y se dio una militarización de las ciudades principales. La comunidad internacional ha denunciado la respuesta desproporcionada de la fuerza pública y la preocupación de que se considere a los protestantes como enemigos internos. En todos estos procesos las mujeres estuvieron presentes como las madres de primera línea, que defendían a los jóvenes participantes de las protestas.

No hay garantías de seguridad, hay más miedos en los territorios. La sostenibilidad de los Acuerdos está en los territorios. Hoy llamamos a respaldar el proceso de paz, su implementación reconociendo el papel de las mujeres y la permanencia digna en los territorios.

Se evidencia un avance considerable y se hace un reconocimiento a la voluntad de la Jurisdicción Especial para la Paz de incorporar el enfoque diferencial de género, junto con los esfuerzos por implementar una perspectiva interseccional. No obstante, la Federación Democrática Internacional de Mujeres hace un seguimiento a las acciones desarrolladas y solicita la apertura del macro caso sobre violencia sexual, el cual no debe abordarse de manera transversal, como lo han manifestado las voces de las mujeres que han sufrido estos hechos, tal y como lo menciona la Defensoría del Pueblo en su comunicado 151 de agosto de 2021, y como lo ha expresado la FDIM en sus informes de los años 2019 y 2020.

La paz de Colombia requiere de voluntad política y trasformaciones sociales, por eso las mujeres no pararemos hasta que Colombia sea un país en democracia y en paz. Este es el gran reto y aquí debemos estar todas y todos.

(*) Vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Dirigente del Partido Comunista Colombia.