El delito de ser Primera Línea

0
478
Movilización juvenil en el reciente paro nacional. Foto Luisa Carolina Vélez, en Flickr

Cerca de 200 dirigentes de todo el país están siendo investigados y acusados por la Fiscalía de pertenecer a las organizaciones que emergieron en el reciente Paro Nacional, criminalizando las múltiples, creativas y diversas formas de resistencia juvenil

Kevin Siza Iglesias
@KevinSizaI

El estallido social que se desató en Colombia desde el pasado 28 de abril, hora cero de inicio del paro nacional convocado por las centrales obreras y movimientos sociales del país, reabrió un frente de batalla del bloque de poder dominante contra el campo popular: El poder judicial en franca y abierta persecución y criminalización contra quienes participaron de las jornadas de movilización, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, militantes de las izquierdas e integrantes de las Primeras Líneas.

El concepto

A pesar de que es de vieja data la utilización del poder judicial en el campo político como expresión, por vías no convencionales, de la lucha de clases, en los últimos años América Latina ha sido un escenario para su reinvención, como parte de la apuesta de las clases dominantes por mantener una correlación de fuerzas política favorable a sus intereses. Los casos recientes de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y de otros liderazgos y procesos políticos de la región dan cuenta de ello.

El origen del concepto Lawfare, puede ubicarse en el argot militar, en el que se lo entendía como un método de guerra no convencional en el que las leyes son utilizadas como medio para la obtención de objetivos militares1. Durante las últimas dos décadas, fue ampliándose la utilización del concepto Lawfare a otros escenarios más allá del ámbito militar, para hacer referencia al abuso del derecho contra el “enemigo”, en el que el aparato judicial y sus operadores, ejercen un uso indebido de  instrumentos jurídicos para perseguirlo políticamente, destruir su imagen pública y conseguir su inhabilitación en las contiendas electorales, proscribiéndolos del escenario político2.

Vollenweider y Romano señalan que, entre los modos de operación más comunes en el Lawfare en las últimas décadas, se encuentran aquellos que “combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba”.

De vieja data

Nada más cercano a lo acontecido en nuestro país con las capturas de cerca de 200 dirigentes juveniles de varios territorios, investigados y acusados por la Fiscalía General de la Nación por diversos delitos presuntamente cometidos en el marco del estallido social de este año.

En el caso de Colombia, han sido múltiples los antecedentes de utilización del aparato judicial contra la oposición y las izquierdas, con el fin de lograr su desestructuración y liquidación del escenario político, combinado con el ejercicio generalizado y sistemático del genocidio político continuado y extendido, amparado en el terrorismo de Estado.

Casos como el de La Chinita, en el que se pretendió judicializar a 32 dirigentes comunistas de Urabá3, en el que “se utiliza la justicia sin rostro para crear procesos judiciales amañados”4; el de David Ravelo Crespo, dirigente del Magdalena Medio vinculado a un proceso judicial y encarcelado injustamente casi siete años por una falsa acusación de un ex paramilitar.

El de la “FARC política”, en los tiempos de Álvaro Uribe, que pretendió judicializar a dirigentes comunistas como Carlos Lozano, a los exasesores de paz Álvaro Leyva y Lázaro Viveros, a las entonces senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, entre otros, por supuestos vínculos con la otrora guerrilla, procesos hoy archivados5.

Como una modalidad especial de Lawfare, la utilización arbitraria del poder disciplinario de la Procuraduría General para destituir al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; las capturas a dirigentes sociales del Congreso de los Pueblos; y más recientemente, los procesos de investigación y posteriores capturas ordenadas por la Fiscalía contra el para la época alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez y el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo en 2017.

La rebelión popular desatada el pasado 28 de abril, logró colocar al centro del debate político nacional múltiples, creativas y diversas formas de resistencia de la juventud movilizada en todos los rincones del país.

Así mismo, potenciar nuevas formas de organización popular para exigir el cumplimiento de demandas como el acceso a la educación y al trabajo digno y también, para hacer frente al tratamiento de guerra dado a la conflictividad social, especialmente frente la brutalidad policial desplegada por el Esmad.

Las Primeras Líneas, así como las distintas colectivas, parches, iniciativas y procesos surgidos en el marco del paro nacional, son la expresión del movimiento real que hoy asume otras dinámicas, ritmos y formas para construir un nuevo país.

Solidaridad y libertad

El estallido social hizo temblar el régimen político mafioso y gansteril que hoy impera en Colombia. Hasta septiembre pasado, según declaraciones del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, se había capturado a 178 presuntos integrantes de la Primera Línea6, en su mayoría jóvenes de barrios populares, a los que se suman las recientes capturas y judicializaciones por parte de la Fiscalía a líderes juveniles de Bogotá, Boyacá y Pasto en días recientes.

Hoy el bloque de poder dominante sigue utilizando el poder judicial para frenar las rebeldías y desestructurar las formas de organización popular surgidas antes y al calor del paro nacional. En su profunda caída en picada, el uribismo y la ultraderecha intentan profundizar los rasgos autoritarios del régimen político colombiano, el tratamiento de guerra a la conflictividad social, la criminalización del derecho fundamental a la protesta y el ejercicio de defensa de los derechos humanos.

Es necesario exigir con fuerza la libertad y desarrollar la más amplia solidaridad con los jóvenes que hoy están presos por luchar, víctimas del Lawfare que hoy sigue desarrollando, con otras modalidades, objetivos y protagonistas, el aparato judicial del bloque de poder para seguir manteniendo su proyecto de dominación de clase en Colombia.

1 Holzerk, M. 2012. Offensive Lawfare and de current conflict.

2 Vollenweider, C y Romano, S. 2012. Lawfare. La judicialización de la política en América Latina.

3 CIDH. Informe No. 170. 2017. Caso 11217. Informe de fondo. Integrantes y militantes de la UP. p. 160.

4 PCC. Libertad para los presos políticos de Urabá. Comunicado del CEC del Partido Comunista Colombiano, 16 de Febrero de 1994. En: Semanario Voz.

5 Véase: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4445381

6 Véase: https://www.kienyke.com/colombia/cuantos-miembros-de-la-primera-linea-han-sido-capturados-en-colombiA