Redacción juvenil
El señalamiento y la estigmatización se evidenciaron en la publicación del “Cartel de los vándalos más buscados”, después de la movilización del 29 de agosto en donde se presentaron disturbios en diferentes partes de la ciudad de Bogotá. En este cartel pegado en espacios públicos, se imprime el rostro de jóvenes universitarios, fotógrafos y dirigentes sociales.
El “cartel” generó de inmediato un curso de demandas y tutelas en contra del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, ya que sin una orden judicial que medie en un proceso, se vulnera la dignidad, honra, buen nombre de los allí implicados y fichados como vándalos.
Hasta ahora algunas personas expuestas en ese cartel han sido intimidadas por miembros de la Policía Nacional, acusándolos mediáticamente. A falta de un proceso judicial, han optado por abordarlos en sus puestos de trabajo o a la salida de las universidades con el ánimo de generarles terror. Gracias a estas intimidaciones, algunas personas ya han sido expulsadas de sus puestos de trabajo.
Además de ello existe una situación paradójica, y es que, mientras el ministro del interior, Aurelio Iragorri, anuncia que: “El ESMAD no ataca la protesta social, son quienes la protegen y la facilitan” afirmando que estos “no poseen armas”. No obstante, siguen llegando demandas y quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de estos escuadrones que ya han dejado varias vidas segadas de jóvenes gracias a la acción desmedida.
Esta semana el ministro Pinzón reitera su apoyo al ESMAD e informa que pese a las críticas por los desmanes de este escuadrón, estos no serán desmontados, por el contrario, en los próximos meses serán incorporados unos 1500 policías más a las filas del ESMAD.
Esta modificación se presenta justo en el momento en que el gobierno nacional viene perdiendo popularidad, expresado entre otras cosas en las importantísimas movilizaciones sociales y populares que bloquean las principales vías del país, como se vienen expresando en el paro nacional agrario. Caso similar ocurre en los países en auge de la movilización por la crisis Europea como España, Francia y en Grecia. Y en América Latina en países como Chile, aquí la ley se presenta al congreso por los herederos del otrora dictador Augusto Pinochet, en pleno auge de las movilizaciones estudiantiles de inicios del 2012 y que tenían como propósito exigir la gratuidad de la educación a nivel nacional. Pero más allá de esa casualidad el gobierno pretende con afán detener la movilización con argumentos como: “dado que las manifestaciones públicas son un fenómeno creciente, es necesario poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurran a las manifestaciones con el fin de provocar desórdenes y daños a la propiedad y a las personas, y otros delitos, procurando no ser identificados mediante uso de capucha, pañuelo u otro elemento que cubra su rostro”.
Esta necesidad de diezmar la protesta social, en momentos de auge, ha sido y será una estrategia de terror que se utilice bajo la lógica de equiparar el vandalismo y lucha social callejera como una sola, evidenciando una vez más la falta de garantías políticas, para ejercer un derecho constitucional. Aunque los manifestantes siempre vean la “capucha” o cualquier artículo para cubrirse el rostro como una acción de autodefensa, esta se convirtió en la mejor excusa para promover la detención indiscriminada de la población y frenar la acción callejera.
