Sin importar cuál hubiera sido el resultado de la pasada elección, la calamitosa situación de las finanzas del Estado no hubiera cambiado. El gobierno de Iván Duque adelantó una política sistemática de saqueo de los recursos públicos que no respondió, al contrario de lo que cree una parte de la opinión, no se trató de crearle problemas financieros a la gobernabilidad de Gustavo Petro. No. La corrupción y apropiación ilegal de los dineros públicos hizo parte de un plan para transferir dineros de las arcas oficiales a los allegados y socios de Iván Duque.
En estos días se ha sabido que el delincuente Castaño, que se hizo senador para ocultar sus delitos, consiguió miles de millones de pesos, obtenidos por petición de la madre de Iván Duque. Esas maromas financieras de la parentela oficial se conocieron por la grabación que realizó la Fiscalía y que fue difundida por los noticieros recientemente.
La suma esquilmada por estos actos ilícitos es de difícil cálculo por la maestría con que fueron planeados y ejecutados esos desfalcos. Los dineros abudineados por la ministra charista, es una migaja comparada con la totalidad de los dineros escamoteados por los otros funcionarios ducales.
Hoy el déficit fiscal es el principal problema que debe afrontar el presidente Gustavo Petro, incluso se le dificulta tratar de obtener recursos mediante préstamos en el exterior, porque la banca internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, los intereses que exige por los dineros concedidos en préstamos son más elevados en función de la deuda y las sumas requeridas expresado en porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB.
Es necesario aclarar que estas dificultades las hubiera encarado cualquiera que hubiera sido el mandatario, aunque no estuviera comprometido en resolver las carencias del pueblo que Gustavo Petro está empeñado en superar.
La escasez de recursos que el Estado necesita para su desempeño obstaculiza la gobernabilidad, ya sea un gobierno burgués que los requiera para ponerlos al servicio de la represión y la guerra o para utilizarlo en la solución de los problemas de la mayor parte de la población. La diferencia se plantea en la forma de resolverlo como lo veremos a continuación.
La fórmula a la que hubiera acudido un gobierno continuista es de todos conocida, mayor endeudamiento, aunque hubiese que pagar altos intereses. Esto no solo lo han hecho administraciones precedentes, es lo que con frecuencia generalmente aplican los mandatarios neoliberales de la región, como Macri o Lenin Moreno y todos los mandatarios colombianos que nos han gobernado hasta hoy. Y es que es fácil: la nación carece de fondos, y la forma más sencilla de obtenerlos –sin acudir a una reforma tributaria que grave a quienes más tienen– consiste en pedir préstamos.
¿Quién tiene disponible la cantidad de dinero suficiente que demanda todo un país para afrontar las exigencias que el buen gobierno exige? Es de todos sabido, ¡La banca multilateral! Eureka, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y otros tantos similares.
Los préstamos que ofrecen estas instituciones exigen altos intereses, en esta forma la deuda pública se convierte en una herramienta que los capitales trasnacionales utilizan para mantener bajo su influencia a los países de poco desarrollo e imponerles las orientaciones económicas que los convierten en deudores eternos.
Cuando instituciones como el FMI deciden realizar préstamos a países con acuciantes necesidades fiscales, imponen condiciones lesivas de las cuales sacan provecho los capitales trasnacionales: reformas tributarias regresivas, aplicadas hasta ahora por todos los gobiernos colombianos: concesiones sobre los recursos naturales, pérdida de control sobre la política fiscal, legislación en favor de las empresas multinacionales.
Las consecuencias de estos lesivos préstamos onerosos las sufren las clases trabajadoras, en la medida que sobre ellas recae el peso de los impuestos y las consecuencias de una política de ajuste del gasto social. Mientras tanto, los dineros que ingresan a las arcas del Estado para solventar el déficit, vuelven a ser saqueados por las oligarquías, en tanto que es la clase media y los pobres los que pagan las consecuencias de este absurdo endeudamiento.
El presidente Gustavo Petro ha propuesto un derrotero distinto al de los políticos neoliberales. Ha planteado una reforma tributaria que pone a pagar impuestos a quienes más ingresos tienen, que son una minoría de la población colombiana. Apenas 23 mil personas ganan más de 30 millones de pesos mensuales. Infortunadamente la correlación de fuerzas en el Congreso no permite que el Pacto Histórico rápidamente apruebe el proyecto de reforma tributaria propuesto.
Para no agravar la situación de la deuda es necesario eliminar o disminuir los subsidios para mantener bajo el precio de la gasolina. Estos subsidios le cuestan 40 billones de pesos anuales a la nación, por tanto, se irán desmontando gradualmente para disminuir su impacto en el presupuesto, en el bolsillo de la clase media.
Como se ve, agenciar una política para un cambio efectivo en el país requiere decisiones audaces, empezando por cómo solucionar el problema fiscal sin agravar el endeudamiento y, sin embargo, procurar el cambio prometido y necesario.
