El batallón La Popa fue una máquina de muerte

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Aunque los falsos positivos son una práctica del Ejército desde que está en conflicto con las guerrillas, 2001 y 2002 fueron los años en los que el fenómeno tuvo un aumento significativo y continuó ascendiendo hasta su punto máximo en 2006 y 2007, cuando se expandió por todo el país

La JEP imputó cargos por asesinatos y desapariciones a 15 militares. Los crímenes fueron producto de las presiones de comandantes sobre sus subordinados. Mario Montoya pedía “ríos de sangre”

Redacción Judicial

“A todos los que llegábamos ahí nos contaminaban, nos inyectaban ese veneno y nos hacían hacer las cosas que ellos creían que estaban bien y que uno también creía que estaban bien, es como cuando el papá de uno en su mal pensar le dice tome cerveza, el niño pensará que es bueno, porque se lo está diciendo su papá, eso pasa aquí también señor Magistrado, cuando un coronel o un mayor le dice a uno haga estas cosas, (…) uno lo creía en esa época”.

Así lo dijo a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero para explicar el porqué de su actuar y el de sus compañeros en los hechos que se le atribuyen a él y otros catorce militares, cuando estuvieron en el batallón La Popa de Valledupar en los años que se investigan falsos positivos, entre 2002 y 2005.

La confesión hace parte de un auto emitido por este tribunal de justicia transicional el pasado 6 de julio, en el que determina hechos y conductas atribuidas a dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados quienes asesinaron a 127 personas. La investigación hace parte del macro-caso denominado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, más conocido como falsos positivos.

Estos crímenes se perpetraron en Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, en el norte de Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita, al sur de La Guajira.

Justicia Penal Militar

La gravedad del caso y su alto nivel de impunidad produjo que la Sala de Reconocimiento, dentro del Caso 03, abriera el subcaso Costa Caribe. En diálogo con los periodistas, el magistrado Óscar Parra explicó que de los 71 hechos que se investigan, que dejaron las 127 víctimas, solamente en 13 había actuado la justicia penal militar: “Todas esas investigaciones fueron archivadas o cerradas con autos inhibitorios, es decir, autos donde la misma justicia penal militar no avanzó”.

A su vez, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que se ha avanzado más allá de la justicia ordinaria a pesar de que esta dio las bases para las investigaciones. Pues la Fiscalía y la Procuraduría entregaron informes a ese tribunal.

Ahora bien, dentro del batallón La Popa se crearon los grupos especiales Trueno y Zarpazo orientados al desarrollo de operaciones, de táctica, de maniobras, de procedimientos especiales en las áreas de operaciones, y quienes fueron los responsables de los crímenes.

Sobre estos, el sargento Rueda en versión voluntaria comentó: “esos pelotones salían y llegaban con muertos… ya ahí… que yo me acuerde nunca Zarpazo capturó a alguien, o por lo menos que yo me acuerde ¿sí? Siempre eran bajas… ahora, siempre salían y a las dos horas llegaban con bajas”.

Por otra parte, el compareciente Jaime Buenahora Galvis, dijo a la JEP: “Para ese entonces desafortunadamente el comandante del Comando Conjunto Caribe o el comando de la división era mi general Mario Montoya Uribe y lo digo desafortunadamente pues porque él es en parte responsable directa o indirectamente (…) de todo lo que sucedió en esa región porque como es de conocimiento y es cierto, él vía radial y en programas radiales (…) pedía cuotas de sangre, pedía ríos de sangre, nunca pedía capturados, nunca pedía retenidos, él pedía era sangre y esa presión (…) ejercía con todos sus comandantes de batallones (…). Los coroneles tenían que decir: ‘mi general me comprometo a 5, 10 (…)’, el que le decía una, era tratado mal (…) esta misma presión la ejercía el teniente coronel Figueroa en los programas de radio que nos hacía”.

Patrones de macrocriminalidad

En consecuencia, la JEP identificó que existió un plan criminal con objetivos, recursos y roles de operación para mostrar avances en la guerra contra las guerrillas, y que hubo dos patrones de macrocriminalidad.

El primer patrón consistió en asesinar a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin que se hubieran presentado combates. En el segundo, se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad a quienes engañaron mediante promesas de trabajos para captarlas y asesinarlas. Los militares, en asocio con paramilitares, escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte, debido a su marginalidad, explicó la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Los victimarios, ante la incapacidad de causar bajas al enemigo, actuaron en función de reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión de sus superiores por bajas o resultados.

De acuerdo con lo anterior, en el batallón se conformó una organización criminal que “partió́ de una detallada división del trabajo que se ejecutó́ de forma repetida y se adaptó́ hasta permitir que, sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara”.

Daños a la población

La JEP encontró daños a los familiares de los ejecutados, quienes vivieron su propia pesadilla por no conocer el paradero de sus seres queridos ya que fueron enterrados. Además, recibieron amenazas e intimidaciones cuando iniciaron a buscarlos. Asimismo, “la Sala indica que, entre los 127 casos, 12 corresponden a miembros de las dos etnias. De ellos, tres eran jóvenes wiwa, entre estos una niña indígena wiwa de 13 años que se encontraba en estado de embarazo, y nueve hombres kankuamos”.

Acerca del asesinato de un joven kankuamo, el compareciente José Emiliano Moreno Trigos confesó que le preguntó si era guerrillero y que cuando este, para que su vida fuera perdonada, le indicó que lo podía llevar a un campamento guerrillero, se convenció de que efectivamente lo era y ordenó su muerte.

“(…) y él me decía que no lo matara, él me decía que él sabía en donde estaba la guerrilla, él me decía que la guerrilla estaba sobre el sector del Mojao eso es vía Atánquez (…) sí teníamos información de que por ese sector había grupos de guerrilla, pero ya cuando él me dice que él sabe. Inclusive el pensamiento es… ‘¿y si lo utilizo como guía para que me lleve a donde está el grupo?’ Pero después no sé, dije ‘No. Yo no sé si él me está diciendo la verdad, no sé si él está utilizando esto para llevarme a un área preparada’; ese fue mi pensamiento en ese momento (…). Él me decía que por favor no lo fuera a matar, no lo fuera a matar. Que sí que él nos podía dirigir hacia el lugar donde había un grupo de guerrilla, pero yo no le presté atención a eso”.

Testimonios como el anterior e informes de las víctimas fueron analizados por la Sala de Reconocimiento para emitir el auto en el que determinó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

En este como en todos los casos en los que se imputan responsabilidades, luego de haber sido público el auto, los victimarios tienen 30 días para reconocer los hechos o rechazarlos. De la misma manera, las víctimas cuentan con el mismo tiempo para pronunciarse sobre lo determinado por la JEP.

Si hay reconocimiento, la JEP hará una audiencia en la que también participarán las víctimas. Pero, si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación.

De haber reconocimiento, se remitirán unas conclusiones al Tribunal para la Paz para que se imponga una sanción propia, que será consultada con las víctimas ya que debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones a la libertad.