Agotado el tiempo de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Bogotá, todos los caminos conducen a que la administración distrital lo decretará. ¿Por qué esta decisión solo beneficia a las familias poderosas de la ciudad y va en contravía de la ciudadanía?
UAN Heidy Sánchez
Ya en entregas anteriores hemos abordado la falta de participación en la construcción de este Plan de Ordenamiento Territorial, POT, como una de las principales deficiencias de este proceso de expedición de una norma fundamental para el desarrollo de la ciudad. Por un lado, está el carácter consultivo –no decisorio- que la Ley le asigna a la participación ciudadana en estos procesos de creación normativa, pero además, la administración, a pesar de sus grandilocuentes anuncios sobre su voluntad de garantizar democracia, no ha querido ir mucho más allá de aquello a lo que la obliga la legislación.
De esta manera los procesos de participación no trascendieron de ser simples ejercicios de socialización de los documentos construidos por las administraciones y su iniciativa unidireccional, imposibilitando la incidencia real de las propuestas y opiniones de la ciudadanía en la elaboración, formulación, aprobación y ejecución de documentos como el Documento Técnico de Soporte y el mismo Plan, que quedó a voluntad del gobierno distrital.
Un concepto ambiguo
En cuanto a la metodología, a pesar de los múltiples requerimientos hechos en el cabildo distrital, el gobierno de Bogotá no ha sido capaz de justificar cómo esta impacta en la modificación del texto normativo final. No existe evidencia alguna de cómo se incorporan los aportes ciudadanos -que cuentan por miles- al documento final que se presentó al Concejo (con bombos y platillos) el pasado 10 de septiembre. Es decir, no existió un procedimiento mediante el cual se pueda verificar, aporte por aporte, de esas 25 mil “ideas” ciudadanas, qué quedó en el POT, qué no y por qué.
Como es bien conocido, el Consejo Territorial de Planeación Distrital, CTPD, reunido desde el 24 hasta la madrugada del 25 de agosto, formuló un documento con observaciones y recomendaciones, elemento curioso porque tanto para el POT de Peñalosa como para el presentado por la administración de Gustavo Petro, además de las recomendaciones se había emitido concepto, es decir, se había definido si había una valoración positiva o negativa (en ambos casos fue negativa).
En esa ocasión, se votó la siguiente pregunta a las tres de la mañana del 25 de agosto: “¿Aprueba la plenaria del CTPD el concepto construido a partir de la metodología con aportes de comisiones, consejeros/as, ciudadanía y la síntesis de la comisión redactora, las conclusiones y las recomendaciones?”, sin concepto positivo o negativo, por tan solo el 35% de los integrantes de esta instancia de 83 participantes, muchos de los cuales también se vincularon sobre el último mes al CTPD.
¿Por qué no se votó el sentido del concepto, a pesar de que varios consejeros lo pidieron? Tal vez, a pesar de las varias maniobras de la administración, no se lograron las mayorías necesarias para el esperado concepto positivo y decidieron saltarse la norma dejándolo en la ambigüedad.
El “trámite” en el Concejo
El 10 de septiembre se radicó oficialmente ante el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de POT, fecha a partir de la cual esta corporación tenía 90 días para discutirlo para aprobarlo o negarlo, término que culminó el 8 de diciembre.
Durante este periodo hubo múltiples impasses y saboteos cuya herramienta fundamental fueron las recusaciones que, en virtud del actual reglamento del cabildo distrital y de la Ley 1437 de 2011, deben tramitarse por parte de la plenaria de la corporación, al menos un día después de su conocimiento, asimismo, se establece por parte de la norma que la actuación administrativa, en este caso, el trámite del plan, se suspende hasta tanto no se decida la recusación.
Esta vulnerabilidad jurídica fue hábilmente aprovechada por sectores a los que no les interesaba que avanzara de manera celera la discusión del POT en el Concejo, en medio de falsas acusaciones, de saboteo por parte de la administración hacia la Colombia Humana-Unión Patriótica, y de elaboradas artimañas para señalar a la oposición de izquierda como saboteadora del POT.
Lo cierto es que esta situación permitió, por ejemplo, que la administración concertara con los concejales ponentes (Germán García del Partido Liberal, Nelson Cubides del Partido Conservador y Pedro Julián López de Cambio Radical) y con los gremios económicos un pliego de modificaciones al articulado original. Nótese que en esta concertación no está por ningún lado la ciudadanía de a pie.
Estas tretas lograron consumir todo el tiempo del que disponía el Concejo para discutir el POT, con lo cual, según los artículos 26 de la Ley 388 de 1997 y 12 de la Ley 810 de 2003, se abre la posibilidad legal para que la alcaldesa Claudia López, expida el POT mediante un decreto.
Aunque se han suscitado algunos debates al respecto, ni legal ni jurisprudencialmente existe ninguna obligación para la mandataria en el sentido en que deba expedir el mismo texto normativo que se radicó en la corporación, ni hay un límite de tiempo establecido. Así pues, la administración puede, básicamente, expedirlo de la forma en que quiera.
El efecto práctico
Dicha falta de participación, conjugada con las artimañas que impidieron que se pudiera debatir este proyecto de acuerdo en el Concejo, tienen el efecto práctico de dejar a la administración con la posibilidad de expedir la norma que regirá el desarrollo de la ciudad por los siguientes 12 años, con los únicos insumos de un texto radicado del cual ya se denunció la falta de participación, así como un pliego de modificaciones solo concertado con tres concejales y los gremios económicos.
Semejante limitación a la deliberación democrática es la razón por la cual la gran mayoría de los concejales le han solicitado a la administración que no use esa facultad legal de expedir el POT por decreto, tal como ella misma se lo pedía al alcalde Peñalosa siendo candidata en 2019, sino que se vuelva a iniciar el proceso el año entrante, corrigiendo las fallas de participación que han sido evidenciadas en múltiples ocasiones.
Lo más probable es que, una vez más, la alcaldesa decida ignorar los pedidos de la ciudadanía, y expida este decreto de POT que, en la práctica, solo ha acordado con los poderosos de la ciudad y que está diseñado, en lo fundamental, para garantizar sus ganancias a partir de la especulación con los precios del suelo, el negocio financiero e inmobiliario aparejado a esta y la canalización de recursos públicos hacia los bolsillos privados.
