Bolcheradio AM habló con el economista y subdirector del Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien explicó las razones que llevaron al Gobierno nacional a presentar el proyecto de ley de alivio catastral. La actualización de la información es fundamental para la reforma agraria
Bolcheradio AM
Los Ministerios de Agricultura y Hacienda, junto con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras cinco entidades administrativas como el Departamento Administrativo de Estadística, Dane, presentaron al Congreso de la República el proyecto de ley denominado de alivio catastral.
Esta iniciativa, que además tiene mensaje de urgencia, servirá para actualizar la información existente de un número considerable de predios en municipios que aún no han actualizado su catastro de tierras rurales.
En contraste a la información falsa que emitieron varios medios masivos de comunicación, el proyecto de ley es claro al no permitir el aumento de tarifas de predios en ciudades capitales. Además, ningún alcalde podrá elevar más allá de sus techos los impuestos so pretexto de la actualización catastral en curso.
Para ampliar los contenidos del proyecto, Bolcheradio AM habló con el economista y subdirector del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Diego Carrero, quien explicó las razones que hacen necesaria la actualización catastral, la importancia de la información para la formulación de políticas públicas acertadas y las medidas que contempla el Gobierno nacional para beneficiar a los sectores populares que se puedan ver afectados.
Desactualización catastral
¿Cuál es la necesidad de actualizar la información catastral de los predios mayoritariamente rurales en Colombia?
-Colombia tiene una extensión territorial de 113 millones de hectáreas, que encierran 1.123 municipios en 32 departamentos, incluidas las áreas no municipalizadas como la Amazonía. Este Gobierno recibió la información catastral actualizada sobre todos los predios rurales en un 9,3% de esa extensión geográfica. El Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno de Duque le habían dicho al país que el avance en términos de la actualización era del 40%. Eso no es cierto. Los avances de apenas tiene actualizada información de 10.3 millones de hectáreas de tierra, 83 municipios y eso es un problema para el desarrollo territorial del país, para la toma de decisiones, porque no se conocen de quién son los predios y que características tienen para incluirlos en el ordenamiento territorial y los engranajes económicos y productivos que el gobierno del cambio viene planteando, uno de ellos, la reforma agraria.
¿Cuál es el problema de la desactualización?
-En el país tenemos municipios que no tienen actualizada la información hace cuarenta años. Cuando no se actualiza la base catastral de un predio rural en 10 años sube el doble, cuando no se actualiza por 20 años se aumenta en un 300 y 400%, y cuando los municipios no se actualizan por 30 años sube en un 1.000%. La ley establece una serie de medidas de mitigación, pero han sido obsoletas. De hecho, el Centro Democrático también presentó un proyecto de ley en el mismo sentido, aunque acoge herramientas igual de obsoletas, sin carácter técnico para desarrollar la actualización que requiere el país.
Las tareas del IGAC
¿Qué consecuencias tiene mantener la desactualización?
-La media nacional de impuesto predial para la ruralidad es de 28 mil pesos, es decir, el impuesto rural en promedio. Esto quiere decir que con el proyecto de ley presentado tendría que incrementarse máximo para el promedio de inmuebles en zonas rurales que tienen máximo 135 salarios mínimos de impuesto predial, son unos 14 mil pesos. Lo que queremos es concentrar nuestros esfuerzos de tributación en el 1% de los inmuebles rurales que tienen avalúos catastrales por encima de los 550 millones de pesos. El cálculo es que apenas 87 mil son los inmuebles que tendrán que pagar más impuestos.
¿Cuál es la tarea que le pidió el presidente Gustavo Petro al IGAC?
-La más importante es fortalecer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para ello tenemos un plan para actualizar la información catastral en el 70% del territorio nacional. Además, empezamos a construir la dinámica de un catastro participativo donde las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el campesinado, serán los principales protagonistas. Y finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia potencia de la vida’ robustecemos la posibilidad de una gestión catastral liderada por el IGAC con la participación de los territorios.
¿Sin actualización es torna compleja una reforma agraria?
-Y otras tareas en materia de política pública que quiere consolidar el Gobierno del cambio. Porque de la mano de la reforma hay un propósito y es avanzar en la misión de centralización catastral, donde expertos como el profesor Darío Fajardo viene avanzando en la investigación sobre ese proceso de actualización de propiedades en Colombia, incluida las ciudades. Es decir, este Gobierno está construyendo una propuesta para beneficiar las ciudades con los procesos de actualización catastral. Aquí nos podemos pensar el ordenamiento territorial sin entender esas sinergias que existen entren el desarrollo urbano y las regiones.
