Ejército responsable por falsos positivos en el Catatumbo

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La JEP contrastó judicialmente ocho informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Además de escuchar 41 versiones de comparecientes, desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó hechos y conductas sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y a un civil, en el Caso 03 sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado

Simón Palacio
@Simonhablando

El país todavía no conoce, ni dimensiona, la gravedad de lo que fueron los llamados “falsos positivos” en la historia del conflicto armado. De igual forma, parece como si lo anunciado recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tuviera la importancia mediática que debería tener. Pero vamos por partes.

Antes de profundizar sobre el caso particular del Catatumbo que hoy tiene a 11 militares con imputación penal por crímenes de lesa humanidad, es importante destacar que en febrero del presente año la JEP, en el Auto 003 – Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado – reveló la cifra de 6.402 personas víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2008.

Los militares imputados

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el subcaso Norte de Santander, Catatumbo, las 11 personas imputadas fueron “identificadas como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”.

Los imputados son el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quién fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, comandantes en su momento de la Brigada Móvil 15, BRIM15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería N°15 ‘General Francisco de Paula Santander’, BISAN, de Ocaña, el teniente coronel Gabriel Jesús Rincón, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro, excomandante del BISAN.

La JEP también imputó a los antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña, CIOCA, el capitán Daladier Rivera y a los sargentos Rafael Urbano y Sandro Mauricio Pérez quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Gutiérrez ex comandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las estructuras militares.

Modus operandi

Para la JEP, las desapariciones forzadas y asesinatos de personas en estado de indefensión tuvieron las mismas características reaccionando a una misma finalidad, responder a la presión por “bajas a como diera lugar”, para garantizar el éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos. Los incentivos fueron importantes en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes: felicitaciones de los altos mandos, medallas, permisos y planes vacacionales.

En este primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas, el alto tribunal de paz determina que son cerca de 120 asesinatos ocurridos entre enero de 2007 y agosto de 2008. El 55% de los asesinatos ocurrieron en 2007, 76 hechos ocurridos fueron cometidos por la BRIM15 y 44 por la BISAN.

El modus operandi de los crímenes fue realizado a partir de dos modalidades. En primera instancia, la “empresa criminal” asesinó habitantes del Catatumbo, especialmente agricultores, comerciantes y transportadores informales. Al ser denunciados por la comunidad, pasaron a un segundo momento de la acción criminal al asesinar jóvenes que fueron trasladados desde otros municipios hacia esa región.

Las imputaciones en el Catatumbo hacen parte del primero de seis autos sobre el caso 03. Se espera que, en el transcurso de la semana, la JEP entregue un documento parecido sobre el subcaso en el Caribe colombiano que involucra al Batallón La Popa en el departamento del Cesar.