Ejército y Policía a responder por masacre

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Homenaje a las víctimas de la masacre de La Sarna, Foto Prensa Libre.

El Consejo de Estado declara la responsabilidad de la Nación, del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, por su participación junto a grupos paramilitares en la masacre de 15 personas que viajaban en un bus intermunicipal, a la altura del Páramo de La Sarna en Boyacá

Redacción Derechos Humanos

Así lo comunicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, el pasado 20 de septiembre luego de conocer la sentencia del Consejo de Estado.

En ella se afirma que la masacre ocurrida el primero de diciembre de 2001, en “La Sarna constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra y de lesa humanidad, en el que hubo anuencia y participación de agentes del Estado.” Y además puntualizó que estos hechos constituyen un crimen atroz, es decir, uno de los más graves atentados contra el género humano.

El fallo reconoce el carácter primario de los derechos humanos y analiza pruebas de contexto como elementos principales como las sentencias de las masacres de La Rochela, de Puerto Alvira (o Caño Jabón), de Frías, del Planchón y de Pichilín. A partir de estas, se determinó la forma en que los paramilitares actuaron en el país y el uso que dieron a las masacres como medio para cumplir sus propósitos ilegales.

Al referirse a la responsabilidad del Estado, el Alto Tribunal determinó que no hace falta que las víctimas hayan informado sobre una amenaza específica o sobre el riesgo que luego se concretó en la masacre, toda vez que el contexto violento, la presencia de patrones circunstanciales y la sistematicidad, debieron de activar la obligación de debida diligencia en la protección de los derechos fundamentales por parte del Estado.

Así mismo, se constató por medio de testimonios y de sentencias penales en firme la participación activa de un miembro de la Sijin y una persona adscrita al grupo D2 del Ejército y las estrategias de miembros de las Fuerzas Armadas para permitir la operación paramilitar en la zona y la connivencia con los perpetradores para su huida. En consecuencia, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que avancen con las investigaciones por las responsabilidades individuales en este caso.

Sin duda alguna, el fallo representa un avance importante, porque reconoce y condena las prácticas constantes de estigmatización alrededor de pueblos que han sido azotados cruelmente por la violencia, recuerda las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, introduce, por vía del bloque de constitucionalidad, importantes normas internacionales y recalca el derecho que tienen todas las víctimas a su reparación integral y a una vida digna libre de torturas y tratos crueles.

En este sentido, el Consejo de Estado ordena “la publicación de las partes más relevantes del fallo, la realización de un acto de perdón y reivindicación de la dignidad de las víctimas y sus familias, la construcción y mantenimiento de un monumento de conmemoración de los hechos”. También ordena que se envíe la presente decisión al Centro Nacional de Memoria Histórica para que la conserve y documente lo sucedido para contribuir con la satisfacción del derecho a la verdad

Para el Cajar, este fallo constituye un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la construcción de la verdad histórica, además de un significativo aporte al establecimiento de responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas por omisiones y colaboraciones del Estado frente a los grupos paramilitares y frente a los hechos acontecidos en la masacre.

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