En días pasados el senador Luis Fernando Velasco denunció que mediante el Decreto 811 de 2020, el Gobierno de Duque se auto habilita ilegalmente para vender parte de Ecopetrol y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, la filial más rentable del grupo empresarial, y destinar esos recursos para salvar empresas privadas como Avianca, o reforzar el sistema bancario.
Desde su creación, los gobiernos usaron Ecopetrol solo como una caja fiscal debido a sus ganancias, para resolver el permanente déficit económico del Estado. Pero a ningún presidente se le ocurrió proyectarla como una empresa fuerte, de tipo industrial y comercial, sino que fue creciendo a fuerza de las reversiones que luchaba la Unión Sindical Obrera, USO, en todo el país. Además, la USO se convirtió en el fiscal que impidió muchos actos de corrupción de algunos funcionarios de Ecopetrol. Infortunadamente no pudo evitar los onerosos latrocinios de los ejecutivos vinculados a la construcción de la refinería de Cartagena.
En el régimen de Álvaro Uribe Vélez se implementó un plan para privatizar Ecopetrol; que comenzó por convertirla en una sociedad pública por acciones y a la vez se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, convertida en nido de clientelismo y burocracia, quitándole funciones a Ecopetrol como administrador del recurso petrolero nacional. Posteriormente, continúo la privatización con la venta de hasta un 20% de las acciones de la petrolera; la siguiente acción de enajenación fue fraccionarla, convirtiéndola en un Holding empresarial, donde la casa matriz era Ecopetrol S.A., y se crearon varias filiales, entre ellas Reficar, para que administrara y desarrollara la ampliación de la refinería de Cartagena.
Entre esas filiales se crea Cenit en junio de 2012, transfiriéndole el control del sector estratégico del transporte de hidrocarburos (los oleoductos Ocensa, Transandino y Bicentenario que tienen una operación estable que no requiere nuevas inversiones de capital). De esta forma, se debilitó alevemente Ecopetrol, dejando libre el camino para su venta; detrás de estas decisiones está la intención de eliminar los beneficios convencionales a los trabajadores directos y de firmas contratistas, pues en esas nuevas filiales no se les aplica.
A través de Cenit, Ecopetrol es la dueña del 82% de la capacidad de transporte total de petróleo a nivel nacional, y la dueña del 100% del transporte por poliductos de gasolina, diésel y jet fuel, lo que asegura el abastecimiento de los combustibles a nivel nacional, mediante una empresa que es controlada por Ecopetrol.
A finales de 2017 el entonces ministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, sugirió que el próximo gobierno podría vender Cenit, filial de Ecopetrol; hoy el gobierno de Duque hace gestiones para entregarla al capital transnacional. Vender Cenit convierte a Ecopetrol en un cascarón vacío, porque equivale a perder el 70% de las utilidades regulares, lo que de inmediato borraría la capacidad de la petrolera para hacer nuevas inversiones y de paso dejaría de transferirle a las arcas del Estado importantes recursos para la inversión y el gasto social.
Es costumbre de los gobiernos de la “Seguridad Democrática” conspirar a media noche, evitando el control del Congreso, de espalda a los trabajadores y las comunidades. Manejan el país como si fuera una hacienda ganadera, muy a la usanza de las monarquías. Durante los gobiernos uribistas fueron malvendidas, a precios irrisorios, alrededor de 50 entidades públicas, entre ellas Bancafé, Telecom, Caja Agraria, Inravisión, Ecogás y Granahorrar, por valor de 13 billones de pesos, recursos que aún no se sabe quiénes los malbarataron.
No podemos dejar que el gobierno venda Cenit. El Centro Democrático debe saber que Ecopetrol y Cenit son un patrimonio estratégico nacional. cuya venta causaría un daño irreparable a la fiscalidad colombiana. El país todo debe movilizarse para impedir este atentado de la derecha contra un bien público. El Estado debe recuperar la soberanía petrolera, la ANH es un ente inútil que debe ser disuelto para que Ecopetrol recupere la administración y gestión autónoma de la política de los hidrocarburos, y el segmento de los oleoductos debe ser recuperado por Ecopetrol. Es absurdo que haya una división de empresas que corresponden a un mismo objeto económico y social, por tanto, el llamado “Holding empresarial” debe convertirse en una unidad de empresas que se realice integralmente en Ecopetrol, así pierden la burocracia y la corrupción, pero ganan las finanzas del país y sus regiones. Además, debemos acelerar la transición a los combustibles fósiles para garantizar un sistema de energías limpias, que contribuya a disminuir, y en lo posible, eliminar la contaminación del aire que respiramos.
El capital multinacional está presionando a la oligarquía criolla para que le entregue el negocio de las energías alternativas, lo que significaría un jugoso y lucrativo negocio para ellos y unas tarifas costosas para la población; la experiencia de Electricaribe ha resultado trágica para las comunidades de la costa Atlántica. La USO ha venido proponiendo la transformación de Ecopetrol en la empresa energética nacional, 100% estatal, para que dinamice la rápida transición de las energías limpias, que garantice los derechos de las comunidades y de la naturaleza y proporcionen un servicio de calidad y tarifas de costos moderados.
Hay que volver a las plazas y calles del país, Duque no puede seguir utilizando la emergencia del covid-19 para desmantelar las pocas empresas del Estado que generan utilidades y contribuyen a aumentar los ingresos fiscales para potenciar los recursos que deben utilizarse para llevar los servicios públicos a los barrios donde carecen de ellos y a las regiones indígenas que no saben de electricidad, de agua potable ni de servicios médicos-sanitarios. No más paciencia cómplice, los derechos no se mendigan, se conquistan, es la hora de la acción bien planeada y mejor ejecutada para garantizar el triunfo.
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