Los grupos paramilitares siguen creciendo en el país sin que desde el gobierno se cumpla con el acuerdo de desmantelar los grupos armados ilegales. Luego de aprobadas las curules de paz, han aumentado las amenazas contra la vida de quienes ejercen liderazgos sociales y el Gobierno es indiferente
Carolina Tejada
@carolltejada
Según los líderes y lideresas sociales en el país, desde que se promulgó por medio de acto legislativo la elección de las 16 curules para víctimas del conflicto armado, denominadas curules de paz, las amenazas contra la vida de quienes ejercen liderazgos desde los territorios se han incrementado. Este es el caso del presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, líder campesino en el Sur de Córdoba, Arnobi Zapata Martínez, quien el pasado 6 de octubre se salvó de un atentado luego de que hombres armados llegaran a su vivienda buscándolo, pero el líder no se encontraba en su residencia.
Los hechos se dieron en horas de la noche en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba, cuando dos hombres armados y en moto llegaron en su búsqueda. Arnobi no estaba, pero sí su hijo de 14 años. Tan pronto el menor se percató de que los hombres estaban armados, le pidió a un amigo que llamara a la policía, el joven los confrontó y la reacción de los armados fue golpearlo en la cabeza con un revolver.
Paramilitarismo y terror
Pero el caso de Arnobi no es el único en el país, las amenazas y persecución a quienes defienden la paz, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la restitución de tierras o la vida, también ha llegado con fuerza a los departamentos del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, y a Antioquia que colinda con Córdoba.
Una situación similar vive Luz Estela de la Ossa Gutiérrez, lideresa social de mujeres víctimas del conflicto y restitución de tierras en Antioquia, quien denunció hace pocos días las amenazas que a través de un panfleto recibió por parte de los grupos paramilitares denominados “Águilas Negras”. En dicho panfleto amenazan la vida de su hijo de cinco años, a su esposo y otros familiares.
A Luz Estela los grupos paramilitares ya les habían asesinado a sus hermanos, por lo que el terror que generan estas nuevas amenazas es inminente. Este modus operandi de los grupos armados en el que se utiliza a la familia de quienes ejercen liderazgos políticos y sociales para generar miedo y diezmar la actividad social, es la evidencia de la grave crisis humanitaria en el país.
Solo en Antioquia de los 125 municipios, 112 están siendo copados por los grupos paramilitares, entre ellos el denominado “Clan del Golfo”. Según el informe “La paz confinada”, auspiciado por la Unión Europea, estos grupos armados en la región, tienen tantos hombres y armas como antes del proceso de desmovilización e indulto. El paramilitarismo se disputa el control territorial a sangre y fuego y solo en el año pasado fueron responsables del 90% de las 24 masacres en este departamento. Estos mismos grupos son los que también vienen ejerciendo control en el Sur de Córdoba.
Según el informe, no se explica cómo en esta zona, en Antioquia, con más de cinco mil efectivos de la fuerza pública ocurren este tipo de fenómenos. De allí que el mismo documento exprese que este fortalecimiento de los grupos no podría ser posible sin la connivencia de la fuerza pública.
La vida y la paz está en peligro
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, Indepaz, ha denunciado el asesinato de cuatro líderes sociales en los primeros días del mes de octubre, subiendo la cifra a 133 las personas que ejercen liderazgos sociales asesinadas en lo que va del 2021 y 1.248 desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
Entre las víctimas se encuentran: Duberney Gómez Rodríguez, asesinado el 7 de octubre en Leiva, en el departamento de Nariño, Ruber Erney Dorado asesinado el 9 de octubre, en Balboa, Cauca, María Steffanía Muñoz Villa asesinada el 14 de octubre en Buenos Aires, Cauca y Jorge Eliécer Garzón Manrique, asesinado el 16 de octubre en Florencia, Caquetá. Igualmente, más de 20 líderes comunales han sido amenazados en lo que va corrido del año.
Según Arnobi Zapata, desde que se le dio vía libre a las curules de paz, aumentaron las amenazas. Estas curules, que habían sido parte del acuerdo firmado en La Habana, estaban siendo enredadas por parte del gobierno nacional, y fue gracias a la presión política y jurídica que ejercieron desde diferentes organizaciones y víctimas del conflicto, que estas volvieron a revivir. Ahora, quienes trabajan por el cumplimiento de los acuerdos de paz, son objetivo militar por parte de los paramilitares sin que las autoridades les garanticen la vida y la integridad física.
La Anzorc solicitó a través de un comunicado público a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, “buscar soluciones que garanticen el derecho a la vida de nuestros dirigentes”. Luego del proceso de denuncia y de la exigencia de la protección para la vida de Arnobi y la de su familia, el dirigente campesino aseguró el pasado 15 de octubre que, no recibieron ningún mecanismo de protección, por lo cual, le tocó “tomar una decisión difícil; separarme de mi familia para auto protegerlos. Salieron a otra región del país, el Estado no ha adelantado ninguna acción concreta para nuestra protección. Cruel, pero es la realidad de los que tenemos posiciones a favor de las comunidades”.
La Anzorc, por su parte, alertó a las organizaciones sociales y populares para que no bajen la guardia ante la ausencia de garantías por parte del gobierno.
