“Duque debe pedirles perdón a las víctimas”

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Las desapariciones forzadas van en aumento ante el silencio oficial

Mientras el presidente simula el cumplimiento del Acuerdo de Paz, crecen estos crímenes en el país y avanzan la guerra, las masacres y la impunidad

Carolina Tejada
@carolltejada

Estaba previsto que el Comité de Naciones Unidas sesionara durante el 19 y 20 de abril en Suiza, sobre desaparición forzada en Colombia. En el marco de esta jornada de la ONU, a la par del informe que presentará el gobierno de Iván Duque, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, MDTDF, y las organizaciones que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, darán a conocer un informe en el que aseguran que el Estado colombiano se raja en el cumplimiento de las obligaciones en torno a la protección y prevención de la desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad, y que se ha venido agudizando a nivel nacional.

Duque simula el compromiso con la paz

Uno de esos elementos tiene que ver con que el gobierno no ha cumplido con las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz, relacionadas entre otros puntos, con la desarticulación de los grupos paramilitares, y la seguridad y protección de la población. En el marco del actual contexto emanado de la pandemia del covid-19, los hechos relacionados con la desaparición forzada han aumentado en el país. En 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, afirmó que, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, cada cuatro días se registra un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto armado.

De igual forma, desde la misma fecha en que se firmó el acuerdo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha comprobado 20 desapariciones, todas ellas de hombres, particularmente de excombatientes.

Según la Base de Datos de la Comisión Colombiana de Juristas entre el 2016 y el 2020, han desaparecido forzadamente 443 personas, siendo los departamentos de Norte de Santander con 68 casos, el Cauca con 65 y Nariño con 52, los mas afectados. Casos como los de María Rocío Silva Caballero, lideresa de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar e integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Vallecito, del municipio de San Pablo, Bolívar, reportada como desaparecida desde el 21 de mayo de 2020, o el caso del líder campesino y comunal, integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca John Fredy Restrepo Monsalve, desaparecido desde el pasado 29 de abril en el municipio de Tarazá, Antioquia, atribuidos a integrantes de la Fuerza Pública, siguen sin esclarecerse mientras sus familias siguen buscando a sus seres queridos.

Según argumenta la MDTDF en su presentación ante la ONU, el gobierno de Duque, pese a la presión internacional, “ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos acuerdos que se esmera en obstaculizar, y conviviendo con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y el paramilitarismo; esto aunado al proyecto de control militar de las Zonas Estratégicas Integrales de Intervención (ahora Zonas Futuro), con lo cual en su conjunto está retrotrayendo al país a la guerra”. Las Zonas Futuro, argumenta este equipo de trabajo, “terminan por subordinar y desestimar los procesos de transformación de los territorios más afectados por el conflicto que se concretaron en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y en aquellos de aplicación de las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Sustitución”.

Dicha estrategia de militarizar los territorios y subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, se ha implementado con mayor acento en tres de los departamentos que presentan mayor número de casos de desaparición forzada.

Colombia no investiga

VOZ dialogó con César Santoyo, uno de los líderes de derechos humanos, y quien, desde el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, viene acompañando a las víctimas de este flagelo en los territorios. Santoyo, comenta que “el Estado colombiano tiene una de las legislaciones más prolijas y completas con relación a la proscripción de la desaparición forzada, tiene instancias y comisiones al respecto. Sin embargo, lo que hace falta es voluntad política de hacer cumplir dichas leyes; es notorio, por ejemplo, que no se acepte la competencia del comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, suscribiendo la convención parcialmente, ha sido reiterado el llamado y la exigencia el movimiento de DDHH para que esta convención sea parte del bloque de constitucionalidad sin más dilación”.

La importancia de la sesión del comité de ONU en Ginebra en el que se revisará el caso de Colombia, se fundamenta, según el líder, en que “podemos promover caminos de memoria, exigibilidad y ratificar el compromiso que existe por parte de los organismos multilaterales para  que el Estado cumpla su palabra de perseguir y condenar esas prácticas genocidas, permita la identificación de máximos responsables y establezca un compromiso de no repetición como marco de actuación de las autoridades civiles y militares, que es base de la construcción de confianza para la lucha contra la discriminación, la violencia política y la actuación dialogada de las fuerzas sociales en la resolución de los conflictos”.

Las exigencias desde las organizaciones, tienen que ver, además, con el reconocimiento de las responsabilidades que le atañen al Estado en la materia. “El fenómeno de criminalidad del Estado sigue siendo una de las tensiones entre partes en la lucha contra la desaparición forzada de personas.  La aplicación y decisión frente a la normatividad nacional e internacional en la persecución contra esta práctica genocida es otra exigencia fundamental que tiene que consignarse en el análisis que hace el comité, la aplicación de las leyes al respecto en su integralidad, la mejora en el mecanismo de búsqueda urgente, la articulación y coordinación interinstitucional, la propuesta de acción científica forense para identificar a las personas inhumadas en cementerios y otros sitios irregulares”.

César Santoyo, líder de DD.HH. y representante del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

El gobierno debe pedir perdón

Igualmente, expresa Santoyo que, es preciso que en Colombia se avance en mejorar las condiciones de inversión científico-técnicas para que las entidades competentes investiguen en territorio estos hechos. La promoción de la unidad de búsqueda en la regiones, como una entidad a cargo de la coordinación de esta tarea humanitaria, “son ejes de la lucha del movimiento de DDHH, encabezado por el Movice, las plataformas como la CCEEUU, para que el Estado colombiano asuma su responsabilidad y sin más dilación suscriba la Convención, reconozca las víctimas de este execrable crimen y promueva la no repetición, más allá de discursos y narrativas acomodaticias como las que tratan de defender, que acepte la competencia del comité y reconozca su responsabilidad”.

El gobierno, en cabeza de Iván Duque, argumenta Santoyo, “debe pedirles perdón a las víctimas, generar actos de memoria y reparación a toda la sociedad, porque así lo queramos negar en estos tiempos de autoritarismo y segregación por parte del actual gobierno, toda la sociedad tiene una deuda con más de cien mil personas desaparecidas en Colombia”. Las organizaciones de derechos humanos y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, esperan que el informe presentado en la ONU, traiga frutos en procura de la justica sobre estos crímenes y el próximo 5 de mayo lleguen las nuevas recomendaciones para Colombia y la presión internacional logre un compromiso real de este gobierno con las víctimas en el país.