La primera legislatura en manos de la administración uribista se ha caracterizado por profundizar en la división del país. Al innegable desgaste del ejecutivo, se le agrega falta de gobernabilidad y pérdida de legitimidad. Un escenario peligroso para el Estado social de Derecho, por la naturaleza autoritaria del partido de Gobierno
Redacción política
Ha finalizado la legislatura del primer año del Gobierno de Iván Duque dejando un balance pobre y un desgaste político innegable. Salvo la reforma tributaria, como el Plan Nacional de Desarrollo, ejercicios que por mandato constitucional debían tramitarse, la mayoría de iniciativas legislativas se han hundido en la relación hostil que hoy existe entre el ejecutivo y el Congreso de la República.
La mayoría de analistas políticos y medios de comunicación han referenciado este corto-circuito como algo atípico en el proceso político colombiano, donde se identifica en la actualidad la ausencia de la clásica “luna de miel” entre ejecutivo y legislativo, tendencia con la que la mayoría de gobernantes han arrancado su periodo presidencial.
Desde una perspectiva crítica, lo que ocurre en el país político puede identificarse como una parálisis decisional que puede emanar en una crisis estructural. En otras palabras, no se asiste a un simple estancamiento intermitente de la iniciativa legislativa de un gobierno, sino a una anómala situación donde las relaciones de poder ponen en tensión la legitimidad del régimen político y su orden social contingente. Un escenario peligroso para el Estado Social de Derecho por la naturaleza autoritaria del partido de Gobierno.
El uribismo tacó burro
El uribismo, convertido en partido de Gobierno, falló desde el mismo 7 de agosto de 2018 en la posesión presidencial de Iván Duque. Al discurso incendiario del senador y presidente de esta corporación, Ernesto Macías, se le sumó el del propio Presidente de la República, quien trazó la ruta de sus prematuros fracasos.
Las elecciones del 2018 graficaron un país completamente distinto. El Estatuto de la Oposición imprimía nuevas reglas de juego en el ejercicio de la representación, las Farc tendrían vocería parlamentaria y el Estado colombiano era firmante de un Acuerdo de Paz, del cual el partido de Gobierno era su férreo opositor.
“El pacto por la unidad” y el trabajo “sin acuerdos burocráticos, ni mermelada”, tal y como expresó Duque en su posesión, serían el detonante de una distorsión institucional traducida en un escenario que profundiza en la división del país y en la falta de gobernabilidad. Siguiendo la expresión coloquial, el uribismo tacó burro, al fallar en su cálculo del país que quiere gobernar y en su lectura del régimen político que representa.
Los fracasos legislativos
El resultado del paquete legislativo presentado por el Gobierno para este periodo demuestra lo anteriormente señalado. Las reformas que fueron mandatadas por la consulta anticorrupción, en las que Duque dijo comprometerse, se fueron estancando en distintas instancias del Congreso. La reforma política y de la justicia naufragaron sin pena ni gloria en los pasillos del legislativo, así como la pretendida modificación a las regalías. Incluso, la reforma tributaria disfrazada de Ley de Financiamiento, no logró su meta y se conformó con 7 billones de recaudación, donde brillaron las exenciones a grandes capitales en un hueco fiscal de 24 billones.
Solo la ley que modifica el sector de las tecnologías de la información, por tratarse de intereses trasnacionales y de élites empresariales, y el Plan Nacional de Desarrollo, por ser los lineamientos de la política económica dominante, lograron ser aprobados.
Sin embargo, es la modificación a los Acuerdos de Paz, especialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde el Gobierno nacional vivió su peor fracaso. Las seis objeciones presentadas por Presidencia de la República, no solo retrasaron la agenda legislativa sino que desembocaron en derrotas parlamentarias y en choques institucionales con la totalidad de la rama judicial del poder público.
Siendo enemigo de los consensos que derivan del Acuerdo de Paz, el ejecutivo sigue apuntado al instrumento que emergió del proceso entre el gobierno Santos y la antigua insurgencia de las FARC-EP. El sabotaje a la implementación, si bien satisface a sus electores como a la coalición de Gobierno, fractura la legitimidad emanada del último periodo, pues va generando un clima de malestar en movimientos sociales, las fuerzas de oposición y en la comunidad internacional, lo cual puede aumentar el descontento y la conflictividad social.
La oposición
En el fallido cálculo del uribismo está la potencia con que se desenvolvió la bancada de oposición cuya composición es plural y democrática. Debates claves como Odebrecht y el asesinato de líderes y lideresas sociales, pusieron en marcha una estrategia de unidad alternativa que, a pesar de las dificultades, ha logrado posicionar la idea de una oposición propositiva y responsable con la paz del país.
El papel de la Farc, como parte de la bancada alternativa, también ha generado distorsión en la crisis del Gobierno en el Congreso. Juiciosa en los debates políticos, defensora del acuerdo y con iniciativa legislativa, no solo demuestra que está comprometida con el pacto de reconciliación, sino que está dispuesta a dar los debates políticos que necesita el país, sin dejarse llevar por las provocaciones permanentes del partido de Gobierno.
Ni jefe de Estado ni de Gobierno
Lo que demuestra hasta el momento la relación de Iván Duque y el Congreso de la República es que se necesitarán rediseños para recuperar la gobernabilidad y no caer en una crisis de régimen que derive en una estrepitosa pérdida de legitimidad, tal y como ahora está ocurriendo.
Para ello, una estrategia sensata de unidad nacional, vía pacto, no solo tendrá que contar con las fuerzas declaradas independientes, sino esencialmente con las de oposición, reconociendo en el Acuerdo de Paz un elemento de consenso social. Para estructurar las iniciativas legislativas que deriven en políticas públicas afines a las líneas estratégicas del Gobierno, este tendrá que acudir al consenso de la representación política en instituciones que lo demandan, como el Congreso, así sea por fuera de las fuerzas que le acompañan.
Es decir, tendrá que ser lo que no ha sido hasta ahora: jefe de Estado y jefe de Gobierno en un régimen volátil y complejo como el colombiano. Lo cual, a corto plazo, se prevé imposible, pues significaría romper con la fuerza uribista y las orientaciones de su senil líder, que por estos días viene promoviendo un referendo que pretende destruir el Estado de Derecho derogando la JEP y destituyendo las altas cortes.
