jueves, marzo 28, 2024
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Diálogos de La Habana: Avances en el tema agrario

Nelson Fajardo

Termina la primera ronda y el debate, para llegar a acuerdos preliminares, entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, sobre la agenda del “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Es una ronda que se dedicó a tratar el tema de la política de desarrollo agrario integral, a partir de considerarlo determinante, para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo socioeconómico equitativo.

Cultivos campesinos

En esa dirección, se abordaron seis aspectos claves, que se resumen así: acceso y uso de la tierra; programas de desarrollo con enfoque regional; infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social; estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, tales como asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral; y también el sistema de seguridad alimentaria.

El inicio de los diálogos en torno a tan importante aspecto de la agenda estuvo antecedido de un debate para precisar el marco metodológico que debía guiar las conversaciones. Al respecto, se acordaron 11 principios, entre los que se destaca asumir la propuesta de la transformación estructural de las relaciones rurales, pero con equidad y democracia.

A ello se agregan el bienestar y el buen vivir, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza; acompañada de la priorización, es decir dar: prioridad a la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, con énfasis en el pequeño y mediano productor.

Igualmente, se adoptan los principios de integralidad, restablecimiento de los derechos de las víctimas, regularizar la propiedad, elevar la participación de la economía campesina en los procesos económicos, con transparencia y rendición de cuentas. También, se debe tener en cuenta la relación entre beneficio/impacto y medición para el mayor número de ciudadanos, así como de las regiones; lo que se complementa con el desarrollo sostenible, mayor presencia del Estado en el territorio rural y democratizar el acceso y uso adecuado de la tierra.

Intensos debates

Asumiendo estos principios metodológicos, el 13 de enero, iniciaron las conversaciones.

Desde esa fecha hasta el momento han pasado dos meses y medio, aproximadamente, en los que se pasa por momentos de tensiones y contradicciones, pero en los que ha predominado la voluntad de adelantar el proceso para llevarlo a buen término. De los escollos más significativos en ese tiempo tenemos la actitud del latifundio de ganadería extensiva, cuestionado por las FARC-EP, reacio a participar de los diálogos y su malestar porque se está cuestionando ese tipo de propiedad, altamente improductiva. Y un segundo escollo tiene que ver con el cuestionamiento, desde el Estado, a las zonas de reserva campesina.

Con respecto al cuestionamiento del latifundio improductivo, ligado principalmente a la ganadería extensiva, hay claridad de que la solución está en readaptar el uso de la tierra a las necesidades productivas. Para ello existe la posibilidad de la expropiación con indemnización (compra de tierras por el Estado), más las expropiaciones hechas al narcotráfico, y una tercera variante sería expropiación de tierras sin indemnización (propiedades de carácter ilegal e ilícito).

En esa dirección apunta la “primera propuesta de las FARC-EP sobre la reforma agraria integral”. Esta fue dada a conocer el 18 de enero de 2013 y contenía 15 puntos, que tratan de la superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia de Estado y fuerzas paramilitares, que provocan el alzamiento armado guerrillero.

La necesidad de transformar las relaciones rurales que democraticen el Estado y el modelo económico; propósito que se acompaña de la erradicación de la pobreza y sus manifestaciones en las zonas rurales; es decir la creación de una nueva ruralidad. Esta última complementada con desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra, que incluye colocar limites a la extranjerización de la misma.

Reparación integral

Estos propósitos son ampliados por otros, como la reparación integral a las víctimas de la guerra, el mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de la pequeña economía; así como el respeto a los territorios colectivos, entre ellos a las zonas de reserva campesina. Aquí encontramos otro punto de choque, puesto que la mirada estatal es de considerarlas retaguardia de la guerrilla o “republiquetas independientes”, en un temor histórico sin argumento. Igualmente, se ubican otros propósitos que fortalecen los anteriores y apuntan al reordenamiento territorial, estímulo a la economía campesina, entre otros.

Los diálogos han tenido momentos de tensión y distensión; pero en general podemos afirmar que van hacia adelante, en medio de las dificultades internas y externas que los acompañan.

Ahora bien, en esta etapa final de la primera ronda, se han decantado la metodología, las propuestas y los propósitos; de tal manera que podríamos afirmar que los últimos documentos conocidos por la opinión pública tienen el carácter de preacuerdos sobre la cuestión agraria.

Estos aparecen en un documento reciente, viernes 15 de marzo de 2013, titulado “Nueve propuestas de justicia social territorial y política macroeconómica para la paz”.

Es un documento que propone la reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población; crear un fondo extraordinario para la justicia social territorial que tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995); la desmilitarización de las zonas rurales, de la sociedad y del Estado; protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior; los encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas, el desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población; una fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo; el reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural; y la organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo, con participación política de las comunidades rurales, mediante circunscripciones especiales que desarrollen y amplíen las existentes.

Esta síntesis del debate, en nueve puntos, es un ejercicio muy valioso y expresa los deseos de democracia y modernidad de una franja muy grande de la población y el pueblo trabajador, especialmente el trabajador rural. Estos avances fortalecen el optimismo sobre el acercamiento a una paz estable y duradera.

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