Renata Cabrales
@RENATARELATA
A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, es necesario recordar a la sociedad colombiana, luego de la última misión de verificación de la FDIM del enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz en Colombia, que los cuerpos de las mujeres fueron los más afectados por la guerra, y continúan padeciendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad, debido al abandono estatal.
Era de esperar que, con la implementación del Acuerdo de Paz, la condición de las mujeres rurales empezara a mejorar en la medida en que se cumpliera lo pactado, pero no es así, y se han visto casos como los de las mujeres campesinas de algunas veredas del corregimiento de Montañita en el Caquetá, quienes sobreviven debido a los cultivos de coca, que han estado padeciendo la supuesta presión de los Estados Unidos que, según se presume, busca reforzar la lucha contra las drogas bajo la sustitución forzada. Esta acción niega lo pactado en el acuerdo de paz cuando se habla de procesos de sustitución voluntaria, ignorando así, las necesidades y exigencias de la población rural y campesina.
Las mujeres de estas veredas reclaman que, antes de asumir el punto cuatro del acuerdo final sobre Sustitución de cultivos ilícitos habría que devolverse al primer punto sobre la Reforma Rural Integral, que promete la formalización de la tierra, ya que la gran mayoría de las mujeres campesinas que viven de estos cultivos no poseen títulos y, al verse obligadas a pagar arriendo para poder cultivar, la sustitución por otros productos no les resulta viable, debido a que en las veredas ni siquiera hay vías para poder trasportar sus productos. Los proyectos económicos hasta el momento, se han incumplido.
Rechazan, también, la persecución del Estado a líderes y lideresas sociales y en especial la retención arbitraria de Nelly Luna, lideresa presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Montañita en Caquetá quien se encuentra privada de la libertad en la cárcel de Cunduy, Caquetá, Florencia, por haber participado en los cercos humanitarios que defendieron las parcelas campesinas de la erradicación forzada cuando las comunidades habían firmado y estaban trabajando en los acuerdos de sustitución en el municipio de Montañita. Indigna saber que la jueza estableció que ella, defensora de derechos humanos es “un peligro para la sociedad, por su poder de convencimiento para las comunidades”.
El10 de diciembre recordamos que en Colombia ser defensor (a) de dd hh constituye ser “un peligro para la sociedad”, por ende, perseguido y asesinado por el propio Estado, el mismo que ha incumplido gran parte del Acuerdo de paz, y niega la sistematicidad de las amenazas y hostigamientos traducidos en más de 80 lideresas y líderes asesinados, poniendo en riesgo la construcción de la ultrajada paz.
