La seriedad asumida en el pago de las obligaciones adquiridas, como debe ser, la dificultad de obtener mayores recursos en un contexto de estancamiento económico y la herencia de desfalcos de Duque, afectan el recaudo de tributos y obstaculizan la transición energética y la reindustrialización
*Carlos Fernández (*)
Cada gobierno recibe de los anteriores un legado que puede facilitar o no la ejecución de sus propias propuestas de política. En el caso del gobierno de Petro, la carga en materia de deuda pública que recibió de Duque se ha convertido en una talanquera para disponer de mayores recursos facilitadores de la puesta en marcha y el avance en términos de transición energética, de reindustrialización y de desarrollo agropecuario y agroindustrial.
Además, el cambio de énfasis conceptual, en materia de política económica, hace que a las dificultades inherentes al estado de la economía se añada la resistencia de los sectores que no quieren ceder ni un ápice de sus privilegios hegemónicos.
La deuda heredada
De 2019 a 2020, la deuda total del Gobierno nacional pasó de 48,4 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, a 60,7 por ciento. Para 2021, la proporción fue de 60,1 por ciento y para 2022, de 57,7 por ciento. Para los años 2023 y 2024, el Marco Fiscal de Mediano Plazo calcula unas proporciones de 53,8 por ciento y 55,3 por ciento, respectivamente.
El incremento entre 2019 y 2020 obedeció a la política de endeudamiento del gobierno de Duque. Buena parte del nuevo endeudamiento se hizo por fuera del cupo que tenía autorizado el Gobierno en ese momento, gracias a las facultades recibidas para hacerle frente a la pandemia.
En total, doce mil millones de dólares de deuda, que contrató el gobierno de Duque, no hacían parte del cupo, no obstante que dicho cupo fue incrementado por el Congreso en catorce mil millones de dólares. Sin embargo, la deuda que se adquiriera para pagar los nuevos créditos sí afectaba el cupo de endeudamiento. Y el pago era inminente, ya que los créditos fueron contratados a cortísimo plazo.
De ahí que el actual Gobierno haya propuesto y obtenido del Congreso un incremento en el cupo de endeudamiento de 17 mil 600 millones de dólares, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones dentro de los límites de la regla fiscal, que no permite que el déficit supere un determinado monto, pero hace depender aún más los gastos de los recursos del crédito que se obtengan. Por eso, el enorme peso del servicio de la deuda en el presupuesto de 2024 (18,8 por ciento del presupuesto vigente) y en el proyecto para 2025 (21,5 por ciento del proyecto total y 22,0 por ciento) si no se financian los doce billones que no tienen fuente de financiamiento.
Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, FEPC
Una de las obligaciones, cuyo pago no libera recursos dentro del cupo de crédito, es el déficit del FEPC, con el que se busca mantener estables los precios de la gasolina corriente y el ACPM. Los creadores de este Fondo, en el año 2007, con entrada en funcionamiento en 2008, pretendían evitar la volatilidad de los precios de estos combustibles ocasionada por las variaciones de sus precios internacionales.
Las normas al respecto definieron que el Fondo se nutriría de la diferencia favorable al ingreso al productor o importador respecto al precio del mercado en la costa norteamericana del Golfo de México, por un lado, y debería compensar al importador o productor cuando dicha diferencia no les fuera favorable, por el otro. Hasta 2019, las cuentas mostraron que el ingreso de los productores e importadores era inferior al precio internacional y, por tanto, el Fondo tuvo que cancelarles el diferencial.
Como este carecía de recursos, el Gobierno nacional le otorgó préstamos mediante pagarés y títulos de deuda que el Fondo nunca tuvo con qué pagar. De ahí que, en el Plan de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno presentó y el Congreso le aprobó una ley mediante la cual se extinguía la deuda del FEPC con la nación y, de ahí en adelante, el Gobierno asumió ese diferencial, que ha sido, persistentemente, motivo de gasto que debe ser asumido por el Presupuesto General de la Nación, mediante transferencia directa, pues el precio interno ha estado permanentemente subsidiado.
Asumiendo una actitud responsable con las finanzas públicas y en aras de obtener una mayor disponibilidad de recursos para la inversión social, el Gobierno decidió emparejar el precio interno de la gasolina corriente y del ACPM con el precio internacional. Primero lo hizo con la gasolina, lo que permitió disminuir las obligaciones con productores e importadores sin mayores traumatismos sociales. Cuando, tardíamente, en opinión de algunos comentaristas, pretendió hacer lo mismo con el ACPM, los propietarios de las grandes compañías del transporte pusieron el grito en el cielo.
Los argumentos para el paro
Que se iban a disparar los precios de los productos de primera necesidad. Que la inflación en general iba a retomar un rumbo alcista, contrario al descenso que se ha observado en el último año. Que se iba a cerrar la fuente de ingreso del pequeño camionero, llevándolo a la miseria. Que el Gobierno mostró, contrariamente a lo prometido, su talante antipopular, etcétera. Con tales argumentos, los propietarios de las grandes empresas de carga adelantaron el paro e involucraron en él a una parte importante de los pequeños camioneros, asustándolos con el porvenir oscuro que les esperaba.
Al final del día, y luego de una intensa negociación, se logró un acuerdo. El diálogo mostró la flexibilidad gubernamental; develó los verdaderos intereses de los grandes transportadores y sus padrinos políticos y mostró lo que deberían ser las verdaderas reivindicaciones de los pequeños transportadores, diferentes a los intereses de los monopolios del transporte de carga. Con la disminución del monto del aumento, el déficit del FEPC se prolongará en el tiempo, pero se ha despejado el camino para su solución definitiva.
Este resultado alivia la discusión sobre el presupuesto para 2025. Este, como se sabe, presenta de entrada una desfinanciación importante (doce billones de pesos). Este asunto es y seguirá siendo objeto de ásperos enfrentamientos con los sectores de oposición, cada vez más recalcitrantes en sus pretensiones. La ley de financiamiento de esos doce billones no se presenta aún, pero será objeto de análisis cuando llegue al Congreso.
