Lo que se juega son las garantías para ejercer la política por parte de los sectores alternativos. El sistema político colombiano sufre de una estrechez que asfixia por diversas vías, incluida la violenta, a las fuerzas alternativas que le disputan el poder a las elites
Redacción Regional
“Hoyme detienen pero al pueblo sigue libre y con ganas de defender lo que en siete años hemos logrado”. Así reaccionó el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, ante la medida de detención domiciliaria impuesta por el juez de garantías Alexander Vila Farelo, el jueves 21 de marzo. De esta forma se consuma la intención de separar del cargo a uno de los mejores alcaldes del país y al movimiento Fuerza Ciudadana, quienes desde hace siete años administran el distrito de Santa Marta.
Este es el último episodio de una cadena de intentos por frenar los gobiernos del cambio en Santa Marta, con el antecedente de una primera detención por la Fiscalía General de la Nación el 28 de noviembre de 2017 contra el exalcalde y precandidato presidencial, Carlos Caicedo, y el alcalde Rafael Martínez. En esa oportunidad, Martínez fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por espacio de tres meses. El argumento del juez Vila para dictar medida de aseguramiento es que el Alcalde representa un peligro para la sociedad por ser ordenador del gasto.
Ciudad de elite conservadora
Santa Marta es la primera ciudad fundada por el imperio español en tierra firme. En 2025 cumplirá 500 años; siempre fue una ciudad conservadora y poco desarrollada. Un puñado de familias manejaron históricamente la política, apellidos como Diazgranados, Dávila, Vives, y Cotes se repiten en los libros de historia como representantes del poder local durante el siglo XX.
En 2012 se instauró un nuevo modelo de gobierno liderado por Carlos Caicedo quien arrebató el poder a estas familias para construir un gobierno ligado a sectores alternativos y a la ciudadanía que en poco tiempo permitió arrebatarle el control de la ciudad a grupos paramilitares, sacarla del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, recuperarla de la quiebra, quitando el recaudo de los impuestos a un privado, liquidar 14 concesiones que mantenían una ciudad semiprivatizada, y formular un ambicioso proyecto de modernización de ciudad con 26 obras de alto impacto conocido como el Plan Santa Marta 500 años.
El alcalde Rafael Martínez ha mantenido la ejecución del Plan, y ha profundizado el proceso de cambio en la ciudad liderando la creación de la empresa de servicios públicos Essmar para administrar el acueducto y alcantarillado que estuvieron concesionados por 27 años a una filial del grupo INASSA, eliminando concesiones como alumbrado público, construyendo nuevas sedes para instituciones educativas, creando un moderno Centro Regional de Víctimas, y llegando a la zona rural a través de proyectos como la Sierra Vuelve a Sembrar. Esta forma de invertir los recursos y de gobernar con la ciudadanía siempre le permitió estar entre los tres mejores alcaldes del país durante su periodo de gobierno.
Puestos de Salud
La detención domiciliaria es un pretexto jurídico, trabajado detalladamente por el Director de la Fiscalía en el Magdalena, Vicente Guzmán, quien bajo el pretexto que el alcalde licitó la terminación de tres centros de salud sin licencia de construcción hoy pide cárcel para este. Vale la pena recordar que para 2015 la red de centros de salud de Santa Marta se hallaba en un estado deplorable.
La Empresa Social del Estado -ESE- Alejandro Próspero Reverend inició la modernización de los centros de salud de Mamatoco, Taganga, Bastidas, María Eugenia, y La Paz, pero al poco tiempo de iniciada la intervención se quedó sin recursos para terminarlos y las obras se paralizaron. En el año 2016 el alcalde Rafael Martínez retomó la culminación de tres puestos (Taganga, María Eugenia, y La Paz) los cuales se entregaron a la ESE para su operación en el segundo semestre del año 2018.
Precisamente por retomar estas obras, la Fiscalía lo acusa de licitar sin el lleno de requisitos legales bajo el supuesto de no incluir las licencias de construcción en los pliegos de condiciones. A juicio del abogado Iván Cancino, defensor de Martínez y del exalcalde Caicedo, las licencias de construcción son requisito de ejecución, no de licitación, por tanto no puede haber ilegalidad en la contratación.
Para frenar una candidatura
En este proceso la Fiscalía capturó al alcalde Martínez, y al exalcalde Caicedo en noviembre de 2017, justo el día que este último planeaba presentar más de dos millones de firmas que lo avalaron como candidato presidencial. El proceso se mantuvo vivo y el viernes 15 de marzo, mientras Martínez estaba en Israel invitado a una misión para analizar soluciones al problema del abastecimiento de agua, el juez de garantías Alexander Vila Farelo decretó detención domiciliaria la cual fue sujeta a recurso de reposición y que el juez dejó en firme el 21 de marzo.
La detención del alcalde ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores de la ciudad y del país. Gremios como Acodres, Fenalco, Undeco, Invest in Santa Marta, y Pro Rodadero manifestaron su rechazo a través de diversos pronunciamientos. La bancada alternativa en el Congreso en carta dirigida al Presidente Iván Duque, al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y al Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, demandaron garantías para los líderes de Fuerza Ciudadana Carlos Caicedo y Rafael Martínez quienes son parte del movimiento alternativo en Colombia.
También en Santa Marta se dieron dos grandes movilizaciones el lunes 18 y el jueves 21, donde miles de samarios manifestaron su rechazo a la persecución desatada por la Fiscalía en contra de Martínez y Caicedo. El escenario político del departamento del Magdalena se agitó el 4 de febrero pasado cuando Carlos Caicedo anunció la intención de disputarle la gobernación al clan Cotes que pretende elegir nuevamente a Luis Miguel “El Mello” Cotes como gobernador.
Respetar la terna
El anuncio de Caicedo se precipitó a causa de la reactivación de procesos anunciada por Vicente Guzmán, director de la Fiscalía, quien en clara sintonía con los intereses de las familias Cotes y Diazgranados, ha intensificado las movidas judiciales. De esta forma en Santa Marta se dará una de las batallas más duras por parte de la izquierda y las fuerzas alternativas por mantener la alcaldía de Santa Marta en cabeza de Virna Johnson y la Gobernación del Magdalena con Carlos Caicedo. Lo que se juega en Santa Marta son las garantías para ejercer la política por parte de los sectores alternativos. El sistema político colombiano sufre de una estrechez que asfixia por diversas vías, incluida la violenta, a las fuerzas alternativas que le disputan el poder a las elites.
Esta fue una causa del conflicto armado y de allí que el punto 2 de los acuerdos de La Habana sea dedicado a eliminar las barreras que impiden el acceso al poder. El director seccional de la Fiscalía General de la Nación, Vicente Guzmán, persigue a los líderes de Fuerza Ciudadana manteniendo viva la exclusión del poder, ahora a través de la vía judicial. La respuesta popular permitió contener la intención de crear un vacío de poder para apartar a Fuerza Ciudadana del poder en 2017, y hoy prepara una respuesta contundente ante alguna decisión diferente a nombrar a alguien que no esté en la terna que Fuerza Ciudadana radicó al presidente Iván Duque el día 28 de marzo.
