Las empresas mineras Prodeco, Dimantec, Glencore y Drummond dejarán a más de mil empleados sin trabajo a fin de año. Protestas de las organizaciones sindicales encabezadas por el sindicato metal-mecánico. Anuncian “vías de hecho”.
Las empresas multinacionales habían amenazado con despedir a trabajadores que hicieran parte de cualquier organización sindical, y están cumpliendo. Más de mil empleados quedarán sin trabajo al finalizar el año, ya que no les serán renovados sus contratos. Según los dirigentes sindicales del Cesar, “el Ministro de Trabajo y la Corte Suprema de Justicia le hacen el juego a los patronos ilegalizando huelgas, autorizando despidos, anulando derechos inalienables de los trabajadores y guardando silencio ante las peticiones obreras”. Exigen que sean respetados sus derechos a la protesta así como a los beneficios que la ley les otorga. Hacen un llamado a la solidaridad nacional a las organizaciones sociales y sindicales, especialmente a las comunidades afectadas en los corredores mineros y férreos.
“Nosotros pertenecemos a los famosos tercerizados o a lo que yo denomino ´secuestrados´ laborales, porque somos objetos de extorsión por parte de las empresas que explotan nuestra fuerza de trabajo de una forma descabellada con complicidad del Ministerio de Trabajo”, explica Javier Martínez, presidente de la seccional Valledupar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica y Ferroviaria -Sintraime-, en diálogo con Colombia Informa.
C. I.: ¿Cómo se origina el conflicto, cuál es la situación actual?
J. M.: Hace cuatro años se organizó este sindicato y empezó la persecución a todos los que hacíamos parte de él, violando todas las normas sindicales existentes que nos protegen. Esta violación es orquestada por parte de las empresas Prodeco y Drummond, donde está el grueso de los operadores mineros del sector, del Cesar y la Guajira. Aquí se ha presentado toda serie de atropellos a los trabajadores sindicales, como despidos, sanciones, intimidaciones y amenazas. Denunciamos que estas empresas hacen contrataciones con bolsas de empleo; los beneficios que habíamos venido ganando, como la prima de vacaciones, subsidios de transporte y estudio, entre otros, no vamos a tenerlos más. Ahora los contratos serán a tres meses, con lo que se verán afectados más de 800 trabajadores a los que la empresa les exige, para contratarlos nuevamente, que dejen de lado su participación sindical.
C. I.: ¿Qué decisiones tomaron?
J. M.: No vamos a renunciar a nuestros derechos, para ello hemos hecho algunas acciones jurídicas locales, nacionales e internacionales. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- estamos interponiendo una tutela donde exigimos que se revise el caso y se respeten nuestros derechos. Pero en vista de que no es escuchada nuestra voz, hemos empezado a tomarnos las vías de hecho, que es la última medida viable que tenemos para defender nuestros derechos como trabajadores.
