El Esmad, escuadrón de 4.000 hombres y mujeres dedicados a la represión social debe ser desmantelado para la apertura democrática
Omar Díaz
En junio de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos planteaba que posterior a la firma del acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, uno de los organismos que debería fortalecerse era el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad- de la Policía Nacional; esta era su forma de darle respuesta a las exigencias sociales en el inicio del pos acuerdo. Para las clases dominantes, era previsible que, ante la desaparición del enemigo interno común, la inconformidad social iría en aumento.
Este tristemente célebre cuerpo de represión del Estado cumplió 20 años de estar en funcionamiento y aunque hubiese sido creado de manera temporal por el gobierno de Pastrana, hoy es un cuerpo permanente de la policía nacional, a lo largo de sus 20 años de existencia ha sido el instrumento de cuatro presidentes y en su prontuario de actuación se cuentan XXX víctimas mortales, y una cifra no estimada aún de víctimas de graves lesiones permanentes o desfiguramientos, la mayoría de las víctimas son jóvenes, principalmente estudiantes.
No cabe duda que el Esmad, lejos de ser una fuerza para dispersar turbas violentas, es un apéndice de las políticas de seguridad nacional que a la vez se cimientan sobre la idea de un enemigo interno y que asumen la movilización ciudadana como un riesgo natural para la vigencia del Estado. Nacido en simultánea con el proceso de paz del Caguán, el Esmad es hijo del Plan Colombia, de lo anterior da cuenta el abultadísimo presupuesto anual para su tarea de represión, que asciende al medio billón de pesos.
Son varios los instrumentos jurídicos que reglamentan el accionar del Esmad, que establecen protocolos y limitan el uso de sus armas, que indican en qué momento se puede “intervenir” para preservar el orden, entre otros; no obstante, la violación inmediata que se puede verificar en el accionar del Esmad es el incumplimiento de los protocolos para disolver las manifestaciones, adicionalmente, la agresión directa que hacen miembros del Esmad a quienes se manifiestan, indica sistematicidad en sus prácticas: Disparos de granadas de gas al cuerpo, utilización de granadas de gas con fecha vencida, manipulación del armamento y de la munición llamada de “letalidad reducida” todas estas prácticas ocasionan las mismas afectaciones: Heridas faciales graves de secuelas permanentes, pérdida de miembros, pérdidas de ojos, ruptura o desgarramientos de tejidos musculares; es decir, la letalidad reducida del armamento del Esmad es usada de manera ilegal, desproporcionada e irracional para causar daños físicos e incluso la muerte y obviamente, reforzar su tenebrosa imagen en el imaginario colectivo.
No obstante, la sistematicidad de estas violaciones no está, exclusivamente fundamentado en el desconocimiento de los protocolos y/o manuales de los modelos operativos por parte de las y los efectivos del Esmad, gran parte de la responsabilidad se encuentra en la doctrina misma con la cual son instruidos, bajo la concepción de la previa criminalización de la protesta, la guerra contra insurgente y la existencia de un enemigo común interno y difuso que se representa en las movilizaciones y que hay que eliminar o en el mejor de los casos, dejar gravemente herido, todo en lógica de guerra. Es decir, la ideología que está detrás del accionar de este cuerpo represivo se inserta en la idea de la represión como mecanismo de control social, de protección de los bienes y mantenimiento de la paz, alejándose de la garantía del derecho a la protesta.
Desde esta perspectiva, es necesario recordar un hecho que pasó casi desapercibido en el marco de los señalamientos hechos por grandes sectores de la sociedad al Esmad, el director de la policía manifestó que el personal y el armamento empleado cumple con el Derecho Internacional Humanitario-DIH. La trascendencia de su comentario se ubica en que es justamente el DIH la rama del Derecho Internacional que regula los conflictos armados, en otras palabras, la protesta social en Colombia tiene tratamiento de conflicto armado interno; precisamente es el tratamiento militar a la protesta social el que hay que erradicar de los manuales, de los protocolos y sobre todo de las doctrinas de instrucción de policía.
Muy a pesar de la existencia de la resolución 1190 de 2018 por medio de la cual se crea el protocolo para la garantía y respeto de la protesta pacífica, en donde además se especifican los criterios para el uso de la fuerza por parte de la policía, se evidencia que aún existe en vastos sectores de la policía la falsa idea que el control de las manifestaciones es un tema de orden público, claramente en contravía del estándar internacional y nacional de protección y lo mandatado en esta resolución, pero muy acorde a sus esquemas de formación.
En la base de la discusión se encuentra el debate por las formas de participación. No es un tema nuevo, incluso en las negociaciones de La Habana se planteaba el reconocimiento de las formas de participación política de la ciudadanía y la movilización era la columna prima una de ellas, algo de esto quedó contenido en el punto 2 de los acuerdos de paz y que hoy desconoce el gobierno nacional en su lógica de implementación aparente.
En la actual coyuntura de paro y de posacuerdo, ha ido en ascenso el reclamo por el respeto del derecho a la protesta y con ello el desmote del Esmad, lo que antes se veía como un reclamo marginal de sectores llamados radicales y que incluso era ridiculizado o satanizado desde el gobierno central, hoy se ve como un mecanismo necesario para ampliar la democracia por sectores de capas medias urbanas.
El desmonte del Esmad junto con la eliminación del servicio militar obligatorio configuran hoy por hoy reclamos de primer orden en las exigencias del paro nacional. El primero protege la movilización ciudadana y permitirá ampliar la democracia; el otro, sienta los pasos para la desmilitarización de la vida ciudadana. Ambos afectan a la juventud de manera diferenciada pero constante.
La negociación con el comité nacional de paro se debe rodear de garantías y, sin duda, desmontar el Esmad es una de ellas; desmontarlo y garantizar que la protesta social no sea vista en lógica de la guerra, sino en lógica del derecho internacional de los derechos humanos.
