Derecho a decidir: una causa justa

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Foto Alexa Rochi

En América Latina los movimientos feministas se han venido constituyendo en sujeto político intergeneracional y de multitudes. Las demandas por los derechos de las mujeres, por derechos sexuales y reproductivos, por una salud plena, por una educación no sexista, por infancias libres y felices y por una vida libre de violencias se han traducido en protesta social y popular.

Así mismo, estos movimientos propenden por la paz con justicia social, la protección de la naturaleza, en contra del modelo económico neoliberal, contra el militarismo y la violencia policial.

Estos desafíos van de la mano de las luchas que tienen el movimiento LGBTI, sectores del sindicalismo y el campesinado, así como de las organizaciones sociales, políticas y culturales, posicionando una agenda que contempla la movilización y las acciones jurídicas y legislativas para avanzar hacia la despatriarcalización de la sociedad, por las transformaciones democráticas que requiere el país y el continente.

Uno de los temas transcendentales que mueven la agenda de las mujeres tiene que ver con la despenalización del aborto, en la perspectiva de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, en especial, la autonomía y la decisión sobre sus vidas y sus cuerpos. Es una disputa estratégica por el derecho inalienable a una vida digna y por conquistar una ciudadanía plena. Si bien en Argentina, Chile y México se han dado importantes avances, en nuestro país la pelea continúa.

En Colombia, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-355 de 2006 que despenalizó la práctica del aborto en tres causales: riesgo para la vida de la mujer gestante, malformación del feto o embarazo producto de violación sexual. No obstante, las barreras de acceso a servicios de aborto seguro se mantienen por la criminalización y estigma respecto a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en el marco del fallo.

Después de la sentencia, el alto tribunal transfirió al Congreso de la República la responsabilidad para legislar sobre el aborto. Entre 2006 y 2017 se discutieron 37 proyectos de ley relacionados con el aborto y la autonomía reproductiva. El resultado fue que todas estas iniciativas quedaron archivadas. Por el contrario, la mayoría de congresistas provenientes de los sectores más derechistas, conservadores y oscurantistas de la sociedad han convertido el derecho a un aborto legal en bandera para conseguir votos estimulando la política del odio y la mentira.

Mientras el Congreso no cumple su misión de legislar, las instituciones de salud y entidades competentes se tiran la pelota aludiendo muchas veces el manido argumento de la objeción de conciencia, recayendo este gran fardo en la vida de las mujeres, las adolescentes y niñas de las barriadas, estudiantes, indígenas, afros, mujeres de la ciudad y el campo que día a día mueren por causa de abortos que se practican en la clandestinidad.

En Colombia se estima que el 67 % de los embarazos no fueron planeados. Según el último informe de “Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones” del DANE, los embarazos en niñas menores de 14 años, fruto de violencia sexual, aumentaron en un 9,6%. La maternidad forzada, afecta a las jóvenes de sectores populares. Además de reproducir desigualdades de género, profundiza las contradicciones de clase y hace que cada vez más mujeres y niñas vivan en la pobreza, la discriminación y la opresión. Esta situación aumentó en el marco de la pandemia, con el agravante de ampliarse en el tiempo, lo cual reproduce las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales en el país.

Causa Justa, juntanza de expresiones feministas, entabló una demanda ante la Corte Constitucional, donde le piden que la mujer pueda acceder al aborto sin ser estigmatizada y con plenas garantías del Estado. Esta petición establecida hace ya un año ha estado acompañada por múltiples iniciativas como plantones, batucadas feministas, twiteratones, iniciativas artísticas y marchas multicolores, así como de una larga lucha jurídica y política, posicionando la consigna: ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

Así las cosas, estábamos a la expectativa de que la Corte Constitucional profiriera un fallo histórico el pasado 19 de noviembre, fecha límite para que la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, a favor de la despenalización del aborto, se convirtiera en sentencia. Desafortunadamente la decisión se suspendió por el impedimento en uno de los togados, quien fue interpelado por recientes declaraciones públicas, aumentando aún más la incertidumbre.

Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal tendrá que estudiar la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, que contempla la despenalización del aborto, lo cual obliga que se tenga que decidir de fondo y sin más dilaciones a las peticionarias.

Esta exigencia se constituye en bandera central en las movilizaciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En consecuencia, las mujeres del Partido Comunista insistimos en que la despenalización del aborto engloba un símbolo mundial por la emancipación, siendo este un paso importante para subvertir el hegemónico sistema patriarcal. Nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo y en la calle conquistaremos este derecho.