Jairo Rubio
Al reiniciarse el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, aborda temas del punto dos de la Agenda, entre ellos el ítem tres “Acceso a los medios de comunicación”. La insurgencia propone diez puntos para el debate y aproximación al acuerdo que culmine con la solución al conflicto social y armado, que esperamos no termine en otro acuerdo “parcial” como sucedió con el pasado relacionado con la reforma agraria integral, que buena parte de las propuestas fueron a parar al congelador con temas importantes como las zonas de reserva campesina, el latifundio, la política de baldíos, entre otras.
En este sentido las FARC-EP proponen a la mesa de negociación y a la opinión pública nacional diez propuestas mínimas para la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. El documento señala que “en desarrollo de las propuestas para la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al cuarto punto sobre democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación”[1. Internet: Diez propuestas mínimas para la democratización de la información, agosto 07/13.].
La ampliación de la democracia colombiana constituye una condición imperativa para lograr la paz, pasa por superar la carencia de democracia existente que ha generado las causas del conflicto social y armado y, en segundo lugar, solo extendiendo la democracia podemos plantar las bases de una paz estable y duradera, cual es el propósito de los diálogos.
Desde el punto de vista de la ampliación y profundización de la democracia implica acciones concretas en el contexto político colombiano, ello presupone una mayor y más equitativa distribución del poder económico, político, social, cultural, informativo y comunicacional.
Es cierto que los medios de comunicación: radio, prensa escrita, televisión, etc., no han escapado a los procesos de concentración y acumulación de la riqueza y monopolización de ellos con influencia del gran capital transnacional, en el caso el Grupo Prisa de España dueño de Caracol Radio, RCN del Grupo Ardila Lülle, El Tiempo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros. Constituyen el denominado “quinto poder”.
Los medios masivos de comunicación son aplanadoras de la desculturalización, pero aún más, portadores de la alienación, para que el ser humano pierda la identidad y la perspectiva histórica y no juegue su papel protagónico en el mar picado de los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales[2. Lozano Guillén, Carlos. Medios, Sociedad y Conflicto, Impresos & Publicaciones, 2005.]
La monopolización de nuestra economía sigue los pasos del capitalismo globalizado, el mercado interno está dominado por los sectores monopolistas que son dueños de un sector económico, industrial, mineroenergético o agroindustrial, con exclusión de toda interferencia de los sectores sociales, incluso privados, y se enfrentan más bien como medios de poder a la sociedad de masas que pierde una mayor participación de los beneficios (salud, vivienda, educación, etc.).
En la concentración capitalista de los medios masivos de comunicación e información radica uno de los fenómenos contemporáneos de la economía transformada en poder de decisión no solamente económico sino político, pues, como lo señalamos, “el ser humano pierde la identidad y la perspectiva histórica”.
El monopolio sobre los mass media o medios de comunicación e información, desvirtúa lo que es esencial en una democracia avanzada, si se quiere interpretar, donde predomine “la libre empresa”, y distorsiona el conjunto del proceso económico, entre ellos la participación efectiva de los excluidos a recibir una información responsable, confiable, veraz y no tergiversada como sucede en Colombia. Es menester una reglamentación legal de nuevo tipo que contemple los diversos factores positivos y negativos de una concentración ambiciosa.
A la democracia colombiana, de por sí precaria, no le conviene que el “quinto poder” esté en pocas manos y personas con una exagerada capacidad de manipulación de la información; en últimas decisoria sobre grandes sectores de la población. Una reglamentación del monopolio exige un código de procedimientos admitidos y prohibidos y una jurisdicción especializada que sea capaz de dirimir los conflictos que en torno a este problema puedan suscitarse[3. Vázquez Carrizosa, Alfredo. El poder presidencial en Colombia. Ediciones Suramérica, 1986, pág. 451].
Por lo anterior, tienen razón las FARC-EP cuando señalan: “Por representar bienes comunes de la sociedad, la información y la comunicación exigen regulaciones especiales que hagan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. Para tal efecto, se conformará el Consejo Nacional de Políticas de la Información y la Comunicación, …Se expedirá la ley estatutaria de regulación democrática y participativa de la información y la comunicación”[4. Internet: Diez propuestas mínimas para la democratización de la información, agosto 07/13.].
La democracia no es solamente un fin, sino también un medio. En este sentido se debe extender la democracia representativa en todos los niveles de la actividad colectiva, incluyendo el sector económico. Sin embargo, se necesita también la promoción de la democracia participativa o directa como incremento del control popular en los mismos sectores.
