Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
Las evidencias demuestran, al menos por ahora, que la mayoría de los poderes globales y nacionales tienden a hacerse más autoritarios y antidemocráticos so pretexto de la lucha contra la pandemia desatada por el coronavirus Covid-19.
Claro que se necesitan medidas excepcionales para derrotar esta amenaza mundial a la salud que no cuenta a la fecha con vacuna alguna, pero de ahí a aprovechar la crisis mundial para saltarse controles en beneficio de intereses económicos privados, elites políticas, militares o perseguir opositores hay una frontera muy delgada que enciende las alarmas.
En varios países donde avanzan movimientos de protesta antineoliberal, como por ejemplo Chile, la pandemia ha servido de salvavidas a gobiernos que tratan de recomponerse. En Israel el Presidente suspendió por decreto la actividad parlamentaria evitando la destitución del primer ministro Netanyahu, acorralado por graves denuncias de corrupción.
Y ni que decir de Trump, quien para tratar de desviar la atención ante los estragos que está haciendo la pandemia en EE.UU., principalmente contra gente pobre, latinos y afroamericanos, como consecuencia de un sistema de salud público privatizado, optó por agudizar la campaña de guerra y bloqueo contra Venezuela y Cuba, con el aval vergonzoso, entre otros estados, del gobierno de Iván Duque.
Si bien la restricción a la libertad de movimiento y otras medidas que afectan derechos civiles universales en casos extremos son necesarias, estas no pueden ser absolutas, ni estar fuera de control. Por el contrario, es en épocas de crisis donde más adquiere razón de ser el respeto integral a los derechos humanos.
En este sentido es importante tener en cuenta el informe que nos comparte el profesor Rodrigo Uprimmy (https://lasillavacia.com/blogs/mi-plebi-si-tio/15-recomendaciones-del-comite-desc-onu-frente-al-coronavirus-76175) a propósito de las recomendaciones que sobre el Covid–19 y el respeto a los derechos humanos formula el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) de la ONU como organismo intérprete del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales.
En el caso colombiano, las preocupaciones deben ser mayores, pues sin la pandemia las violaciones a los derechos humanos en general y a los derechos civiles y políticos en particular son permanentes, entre ellos, la persistencia de asesinatos contra líderes sociales y la represión a la protesta social.
Por ahora el control político a las medidas del ejecutivo en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia decretado el pasado 17 de marzo y a la cascada de decretos es nulo o muy débil. Los organismos de control son radicales frente a los medios de información, pero mansos ante los responsables ligados a clanes políticos tradicionales.
Más allá de los esfuerzos de la bancada alternativa, y un grupo minoritario de parlamentarios de otros partidos, el Congreso continua ausente del control político. Y las altas Cortes, en especial la Corte Constitucional está en mora de actuar.
Los casos de abusos aumentan, y ante el miedo también es visible la existencia de una mentalidad autoritaria en sectores de ciudadanos, partidos y autoridades locales que termina legitimando y justificando la militarización como formula salvadora o las discriminaciones contra el personal de salud, las minorías de migrantes venezolanos, los habitantes de calle, y los marginados en general.
Asistimos a tiempos difíciles, en los cuales la democracia y las libertades no deben sacrificarse. Hay que evitar que el derecho de los pueblos a participar sea sometido también a la cuarentena.
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