viernes, marzo 29, 2024
InicioPaísDerechos humanosDefensores de derechos humanos sin garantías

Defensores de derechos humanos sin garantías

La situación de los defensores de derechos humanos, los avances en políticas de género y el acceso a la justicia por parte de las víctimas en Colombia durante el 2014 fueron algunos de los temas de los que habló Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Soraya Gutiérrez, directiva del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto Kikyo.
Soraya Gutiérrez, directiva del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto Kikyo.

Kikyō

VOZ habló con la abogada Soraya Gutiérrez, integrante de la destacada organización de derechos humanos Colectivo José Alvear Restrepo, quien realizó un balance sobre la situación de derechos humanos durante este año que ya culmina.

–¿Cómo vio usted la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia durante el 2014?

–Encontramos que en lo relacionado con la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, las cifras siguen siendo poco alentadoras, más de 70 reclamantes de tierras han sido asesinados. Se habla en los informes posdesmovilización que en por lo menos 400 municipios de 31 departamentos persisten las estructuras paramilitares que el gobierno tercamente ha insistido en llamar bandas criminales. Esto ha profundizado los niveles de inseguridad y de riesgo contra defensores de derechos humanos. Innumerables amenazas a través de correos electrónicos han llegado a diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones que han trabajado por la paz, y la Fiscalía no muestra avances en materia de investigación.

Los defensores de derechos humanos señalan que la protección no solo tiene que ver con medidas de seguridad, sino con que se garantice que defensores puedan desarrollar un trabajo sin recibir este tipo de ataques. Por su parte el gobierno muestra como un avance en su obligación lo que se ha hecho a través del Programa de Protección del Ministerio del Interior, pero en el último tiempo lo ha venido reduciendo.

–¿Se han dado avances en las políticas de género en el país?

–Creo que ha habido avances significativos en el tema de género, me parece que sí se han adoptado a través de la agenda legislativa, que protegen a la mujer de la violencia, pero creo que el país debe avanzar mucho más en una real política de género. No solo se deben aprobar normas y leyes, sino que debe existir una política pública que contribuya a aminorar esas desigualdades que al interior de esta sociedad patriarcal tenemos en Colombia.

Las mujeres siguen siendo víctimas de agresiones en el marco de lo que ha sido la violencia sociopolítica y el conflicto armado. Esto es grave y las investigaciones tampoco han arrojado resultados muy positivos. El mayor grado de violencia que se produce contra las mujeres es en el marco de la violencia doméstica, alentada por la falta de oportunidades, sin igualdad de condiciones frente a los hombres y aun en este sentido no hay avances significativos. Existe toda una cultura de la sociedad colombiana de justificar este tipo de agresiones contra las mujeres.

–¿Vio usted avances en cuanto al juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública por ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes?

–Estamos en un proceso de paz y como Colectivo de Abogados hemos dicho que deben incluirse también los crímenes cometidos por el Estado, en este caso miembros de la Fuerza Pública, sin embargo al país le falta voluntad política para abordar los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública relacionados con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Persiste un bloque a nivel del legislativo del Centro Democrático y del Partido de la U, que siguen impulsando normas y leyes, que quieren revivir, fortalecer y generar mecanismos de impunidad para miembros de la Fuerza Pública comprometidos con la violación a los derechos humanos.

En ningún caso crímenes internacionales relacionados con violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario podrán catalogarse como del servicio, sin embargo este paquete está siendo discutido en el Congreso.

El Centro Democrático presentó un proyecto de ley que pretende la creación de un tribunal protémpore, el cual permitiría que se revisaran desde 1980 todas las sentencias condenatorias contra militares a través de ese tribunal, y permitiría que todos los militares que se encuentran condenados puedan revisar esas decisiones, y mientras se resuelve ellos podrían obtener su libertad. En general son normas tendientes a generar impunidad.

En los casos de ejecuciones extrajudiciales que son aproximadamente 5.600 y pese a que existen varios procesos judiciales, las condenas son muy pocas, y a personas de bajo rango como soldados, patrulleros.

–¿Las víctimas en las regiones rurales de Colombia hoy tienen mejor acceso a la justicia?

–La Justicia en las zonas rurales, pese a que tiene recursos invertidos en la Fiscalía General de la Nación, sigue siendo muy débil en materia de decisiones que puedan contribuir a establecer la verdad de los hechos. En las zonas rurales el acceso de las víctimas a la justicia es muy difícil. Pese la cantidad de reformas que se han suscitado al interior de la Fiscalía, la creación de unidades como la de contexto y la creada para investigar la violencia antisindical, por ejemplo, lo cierto es que se han venido disminuyendo la cantidad de fiscales responsables de estas unidades.

Las unidades de contextos las vimos como una esperanza que pudieran analizar los contextos en que han ocurrido los crímenes, sin embargo, estas unidades hoy están asumiendo casos individuales, lo que lleva a que su papel se desnaturalice, y las comunidades en las regiones todavía sienten muy lejano el acceso a la justicia.

En el marco de lo que ha sido la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, si se compara con otras normas que permiten la participación de las víctimas, se diría que hay decisiones judiciales, que hay un número importante de sentencias en materia de restitución de tierras, pero lo cierto es que frente a lo prometido, realmente es muy poco lo que las víctimas han recibido en restitución de tierras.

El gobierno prometió que por lo menos dos millones de hectáreas serian restituidas en 10 años de aplicación de la ley. Llevamos tres años y no van más de 20 mil hectáreas devueltas. Sigue siendo muy lejano ese acceso a la justicia. Encontramos la Ley de Justicia y Paz, que ya cumple nueve años, y realmente los avances en materia de verdad, justicia y reparación de las víctimas por parte de esas estructuras paramilitares siguen siendo muy débiles.

–El Colectivo de Abogados ha sido víctima de intentos de desprestigiarle, ¿a qué se debe esto?

–Hoy se tiene un modelo de persecución, que son las campañas de desprestigio, de difamación, que buscan minar la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos. Existe una estrategia desde sectores ligados al Estado y sectores de derecha. Recientemente el caso de la masacre de Caloto, por ejemplo. El Colectivo viene acompañando este caso desde hace 23 años, junto con el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabidos Indígenas del Cauca, en los procesos penales, en los disciplinarios, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las demandas de reparación directa, y logramos que después de 23 años fuera llamado a juicio un general de la república, Fabio Alejandro Castañeda, entre otros.

Sin embargo algunos de los familiares, no todos, sino un grupo conformado por algunos de los hijos de las víctimas que en ese entonces eran menores de edad, están siendo manipulados por personas vinculadas a sectores de derecha, al uribismo, al Centro Democrático, con el objetivo de desacreditar la labor del Colectivo de denunciar la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en crímenes graves en Colombia.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments