La grave crisis humanitaria, la persecución a líderes sociales, el respaldo a la movilización social, la implementación de los acuerdos, el diálogo con las demás insurgencias y la libertad de Jesús Santrich
Redacción Derechos Humanos
Con la asistencia de 18 delegaciones de regiones y al menos cinco centenares de invitados, se llevó acabo el XII Foro Nacional de Derechos Humanos, en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá.
Los asistentes debatieron la situación actual de derechos humanos en Colombia, las acciones para enfrentar la crisis y las distintas actividades de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos para contrarrestar la violencia oficial contra las comunidades, especialmente agrarias y beneficiadas del proceso de paz, y la seguridad jurídica de los excombatientes. Un punto particular entre las conclusiones del foro es la petición de la libertad inmediata de Jesús Santrich.
Aquí publicamos extractos de la declaración final del Foro:
Paz y derechos humanos
“Los participantes observan que el actual gobierno realiza una doble conducta frente a la solución política del conflicto interno: Por un lado, se manifiesta en escenarios internacionales comprometido con la implementación del acuerdo de paz; mientras que por otro, en su política interna, los partidos de gobierno vienen protagonizando una cascada de proyectos de ley para enterrar los acuerdos con las FARC, es decir, para desmantelar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición”.
“Esta estrategia se manifiesta en particular con el hecho de impedir que los militares concurran a aportar verdad y a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz; mantener más de 400 excombatientes presos retenidos ilegalmente; permitir que desde la firma del acuerdo se hayan asesinado 82 excombatientes impunemente; congelar los programas sociales con los recién reincorporados; eliminar las circunscripciones especiales de paz; abandonar la erradicación voluntaria de cultivos declarados de uso ilícito y retornar a las fumigaciones con glifosato, medidas acompañadas de la represión generalizada hacia las poblaciones cocaleras; adicionalmente con el congelamiento del fondo de tierras para la población campesina excluida y, en general, con el sometimiento de la implementación a la asfixia económica”
“Los asistentes exigen del gobierno nacional menos retórica de paz, la pronta reactivación de los equipos de gestión y la toma de las medidas necesarias y urgentes para reasumir integralmente la implementación de los acuerdos con las FARC que ya tienen una cobertura constitucional”.
“El XII Foro Nacional reclama del gobierno retomar inmediatamente las conversaciones con el ELN, comenzando por el cese bilateral de fuegos. Los actuales condicionamientos del presidente Duque son inaceptables en cuanto representan la pretensión de una rendición del ELN. Exhortamos a las partes a continuar buscando métodos y acciones discretas que incluyan la facilitación de la comunidad internacional para reanudar la mesa de conversaciones en torno a la agenda pactada”.
“EL XII Foro exige al gobierno de Duque adoptar una política integral y permanente de paz, desde el Estado colombiano, que incluya no solo el conflicto interno sino el relacionamiento con los países vecinos. En este sentido, no se justifica la injerencia norteamericana a través de su presencia con bases militares en el territorio colombiano, ni mucho menos es aceptable permitir que se desarrollen planes de intervención militar hacia Venezuela, en el marco de las directrices de seguridad y defensa de la OTAN y el TIAR”.
Derecho a la protesta social y garantías
“El XII Foro se ha mostrado consternado con los más de 400 líderes sociales asesinados en los dos últimos años. Desde la extrema derecha hay dos estrategias perversas en curso: al mismo tiempo que en el Congreso se niegan las curules de paz a los líderes sociales, en las regiones se les asesina selectiva y sistemáticamente. Son muertes en el marco del lenguaje belicista y de judicialización por parte del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación”.
“Rechazamos los anuncios del ministro de Defensa de limitar a través de reglamentaciones la protesta social en contravía de los acuerdos de La Habana, que obligan al gobierno a convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a hacer eficaz el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que ponen en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final”.
“Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que implemente sin dilaciones la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores (as) de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos y todas las personas que participan del proceso de implementación de los acuerdos y en la construcción de la paz. Así mismo instamos al gobierno nacional a que se adopten las medidas administrativas necesarias para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios”.
Movimiento social y derechos humanos
“Los participantes del XII Foro Nacional por los DD.HH. estamos convencidos de que es consustancial al derecho a la vida la plena vigencia de las libertades civiles y políticas, como también los derechos económicos, sociales y culturales que hacen parte de las justas reivindicaciones de la juventud, del movimiento de las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos y las diversidades sexuales. Estas reivindicaciones desde la diversidad y la diferencia están íntimamente vinculadas a las luchas sociales por el trabajo digno, la educación y la salud para el conjunto de la sociedad”.
Modelo económico, empresas transnacionales
“El XII Foro Nacional por los DD.HH. ha coincidido en que el modelo económico extractivista y la política económica del gobierno son abiertamente violatorios de los derechos de la gente. Rechazamos el alineamiento de la Corte Constitucional con los intereses de las corporaciones transnacionales al limitar los alcances de las consultas populares que reclaman el derecho al agua y un medio ambiente sano; es inadmisible que se pretenda atentar contra las consultas previas de las comunidades. Exigimos el cese del proceso de privatización de los bienes públicos, entre ellos, la estatal Ecopetrol; rechazamos los planes de gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar, cargar con más impuestos el salario de los trabajadores y las pensiones. Los recursos que se reclaman para financiar el presupuesto nacional se pueden lograr eliminando la corrupción en la cúpula del Estado, gravando las enormes áreas de tierras improductivas y poniendo a tributar las grandes fortunas empresariales hasta ahora exoneradas”.
Iniciativas
- La construcción de un centro de memoria de las víctimas desde los movimientos sociales y populares que no dependan de la institucionalidad.
- Desarrollar la campaña de los 70 años de la declaración universal de los derechos humanos con un criterio crítico y formativo.
- Apoyar la iniciativa legislativa sobre las garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta en concordancia con el punto 2.2.2 del acuerdo de paz.
- Impulsar una campaña nacional contra la estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
- Respaldar las iniciativas que buscan el reconocimiento constitucional de los derechos de campesinos y campesinas con base en la declaración de la ONU “sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.
- Elevar la solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que intervenga ante los casos donde existe amenaza de impunidad.
- Apoyar e impulsar la Tercera Brigada Internacional Juvenil por la Paz a realizarse en la región el Catatumbo.
- Respaldar y acompañar las jornadas de movilización, entre ellas la toma a Bogotá y demás capitales prevista para el 28 de noviembre y el Paro Nacional proyectado para el 13 de diciembre, convocadas por el Comando Nacional Unitario.
- Así mismo exigimos por parte de la Defensoría del Pueblo que se presente el informe sobre la situación de los derechos humanos para el año 2018 que no ha sido presentado.
10. Impulsar una campaña nacional por la implementación de los acuerdos y el diálogo con otras insurgencias para la solución política del conflicto armado. La campaña comprenderá estrategias de seguimiento a la implementación, la construcción de informes y la creación de escenarios de diálogo para la movilización y posicionamiento en la agenda pública.
