La costumbre del Gobierno Duque en esta etapa de cuarentena es emitir decretos con fuerza de ley sin el control constitucional previsto por las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución. El último intento fallido fue regular los contenidos en internet, en especial aquellas expresiones en contra el Gobierno nacional, el Partido de Gobierno y quienes acompañan al ejecutivo.
El decreto para regular las redes sociales despertó polémica pues se creaba el delito de opinión en redes sociales y le otorgaba facultades de policía judicial y al Ministerio de las Tecnologías y la Información para acudir a un juez de garantías y cerrar las cuentas bajo el criterio de proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos.
“Una vez elaborado un informe que infiera atentar contra el bien jurídico, se acudirá al juez de garantía para que se suspendan las direcciones IP, URL y correos electrónicos”, señalaba el decreto que iba a ser firmado a la media noche del último día de las facultades especiales al Presidente. La jugada falló por la filtración pues, aunque es evidente la inconstitucionalidad del decreto, no hubiera podido tener control legal sino hasta que la Corte Constitucional revisara todos los decretos con fuerza de ley firmados por Duque desde hace 86 días.
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