Vigilia contra la guerra sucia. Vigilia contra la guerra sucia
Hernán Camacho
@camachohernan
Un centenar de mujeres del movimiento social y político Marcha Patriótica, realizaron una vigilia permanente en la iglesia San Francisco, en pleno centro de la capital del país. La protesta pacífica, que se llevó a cabo los pasados 18 y 19 de marzo, pretendía denunciar los 112 militantes asesinados en tan solo tres años de existencia de ese movimiento.
Las mujeres solicitaron el Asilo Eclesial para que la iglesia católica interceda ante las autoridades nacionales y ante la comunidad internacional para salvaguardar la vida de los militantes de Marcha Patriótica, detener lo que puede ser un nuevo genocidio político y exigir justicia contra la reestructuración del paramilitarismo en Colombia.
“En los últimos meses no ha pasado una semana en que las lágrimas, la rabia y la impotencia no nos ronde; la violencia estatal y paramilitar silencia con balas las palabras disidentes, pretende encarcelar las ideas, los sueños, amenaza nuestro futuro colectivo y la persistencia de lucha por mejores condiciones de vida para nuestras comunidades”, expresaron las mujeres en plena vigilia.
Y es que la violencia paramilitar se ha incrementado en lo que va corrido del año. Cinco militantes por la paz, entre integrantes del Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, procesos de restitución de tierras, defensores de comunidades afros y defensores de derechos humanos han sido asesinados en menos de un mes; otros dirigentes políticos de izquierda han sido amenazados. El Gobierno colombiano se niega a reconocer el paramilitarismo y por consiguiente a combatirlo.
Acción paramilitar
Nueve meses tardó el Gobierno nacional para aceptar conceptos básicos sobre el tema paramilitar en la subcomisión de trabajo por el esclarecimiento y cese del fenómeno, de la mesa de conversaciones en La Habana. a cargo del exdirector de la Policía Nacional, Oscar Naranjo, por el ejecutivo y Pablo Catatumbo, por parte de la insurgencia de las FARC-EP. Lo que las autoridades nacionales llaman Bacrim, están siendo reestructuradas desde la apertura de los diálogos de paz, con el objetivo de desestabilizar cualquier posibilidad de firma de un acuerdo final entre las partes.
Sigue intacto
Si bien el paramilitarismo ha mutado de protagonistas, sigue mimetizado en los tres poderes públicos. Los sectores políticos ultra conservadores, los terratenientes tradicionales y sectores militares mantienen el control del aparto militar de estos grupos que ahora diversificaron su accionar. Nos solo actúan bajo la doctrina contrainsurgente, también han declarado objetivo político a quienes hacen público su apoyo al proceso de paz; y son los principales cabecillas de gigantes operaciones criminales en las zonas urbanas y capitales de departamento.
En las zonas de conflicto armado el paramilitarismo, en alianza con miembros de la fuerza pública, se apropian de territorios, desplazan campesinos y realizan operaciones militares contra la insurgencia. En las ciudades se disputan el control de las bandas organizadas de delincuencia común, quedándose con los negocios ilegales del tráfico de drogas, extorsión, secuestro y todo tipo de ilegalidades.
Pero también pretenden quedarse con el control de las economías barriales, como lo ha denunciado VOZ, en algunas comunas de la ciudad de Medellín. Mientras, en regiones sin presencia insurgente, el paramilitarismo ejerce funciones de ejército privado al servicio de las economías legales como multinacionales o dueños de extensas tierras al servicio de la ganadería. En los tres casos el paramilitarismo mantiene un control sobre la población civil.
Presencia paramilitar
En municipios como Buenaventura, en el Valle del Cauca, desde hace dos años se habla de una cruda guerra entre facciones paramilitares que pretenden apropiarse de la economía legal e ilegal del puerto. Los Urabeños y Los Rastrojos, son protagonistas de barbaries que van desde descuartizamiento en las denominadas “casas de pique”, hasta asesinatos selectivos y desapariciones.
Solo en lo corrido del año en el puerto del pacífico se han encontrado tres fosas comunes y aumentan las denuncias por desapariciones forzadas de sus habitantes. El pasado 20 de febrero llegó a la redacción de VOZ la denuncia de una casa de pique en el barrio Progreso, en la comuna 11 de Buenaventura. Imágenes no publicables sobre la violencia que se libra, rebelan que no hay autoridad en el puerto y que la fuerza pública hace parte de la guerra paramilitar.
En el departamento de Caquetá, se conoce la presencia de Los Urabeños en la capital del departamento, Florencia. En el departamento del Cesar, se incrementan las denuncias sobre la organización de un ejército paramilitar cuyo financiamiento estaría a cargo de terratenientes, ganaderos y empresarios de la región, con el objetivo de detener la posibilidad de paz y masacrar a los dirigentes políticos del nuevo partido que surja después de los acuerdos de La Habana.
Alertas
La preocupación del reacomodo paramilitar se ha hecho pública en la mesa de conversaciones. “Preguntamos: ¿Cómo puede ocurrir esto en medio de un proceso de paz que avanza hacia la firma del Acuerdo Final? Exigimos una respuesta precisa y coherente, no declaraciones vagas. No se pueden dar más largas al desmonte del fenómeno del paramilitarismo, si realmente queremos el fin de la guerra y la no repetición”, señalaron voceros de la insurgencia en recientes declaraciones.
Ante esto, el Gobierno nacional abrió la posibilidad de un diálogo directo de alto nivel para hacer frente a todas las denuncias hechas por dirigentes del movimiento social colombiano. La primera reclamación es celeridad en las investigaciones por los crímenes. Pero lo más importante es desmantelar la estructura paramilitar ligada a la justicia, la política y el aparato militar.
Sobre la mesa
Por su parte se perfila una propuesta de acuerdo desde La Habana respecto al fenómeno paramilitar. Una unidad administrativa especial con carácter judicial y policial podría ser la primera acción contundente contra el accionar delincuencial de estos grupos. La unidad tendría la misión de señalar a los responsables en la dirección política de estos grupos armados y rastrear todo el poderío económico que financia estas estructuras armadas.
Una propuesta de las FARC-EP está sobre la mesa. Un plan piloto para aplicarse en municipalidades del país agobiadas por el paramilitarismo como es el caso de Buenaventura. Relevar el poder judicial en pleno, la fuerza pública en su totalidad, cerrarle los caminos a los financiadores de estos grupos y perseguir cualquier indicio de apoyo político a los grupos paramilitares, como plan de choque ante la urgencia de erradicar con el fenómeno.
Sin embargo, nada está acordado hasta que todo este acordado. El llamado de los denunciantes, como las mujeres en Vigilia Permanente de la Marcha Patriótica o la militancia de la Unión Patriótica y del PCC, es que se actué de inmediato para detener la reorganización paramilitar, evitar asesinatos, magnicidios y una tranquila transición del conflicto armado.
