viernes, marzo 29, 2024
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¿De qué garantías nos hablan?

El criminal atentado contra la caravana que acompañaba a los candidatos de la Unión Patriótica, Aída Avella, Carlos Lozano y Lilia Solano es un brutal mentís a las garantías que dice ofrecer el gobierno a la oposición y un pésimo mensaje a las conversaciones de paz en La Habana

Alberto Acevedo

Para que la oposición democrática pueda adelantar una campaña electoral en condiciones de garantías reales, dijo la candidata presidencial por la Unión Patriótica, Aída Avella, no basta con que se ofrezcan de manera formal esas garantías por parte del gobierno nacional. Es necesario, en primer lugar, que haya unidad de mando en el gobierno, pues a tiempo que una parte del régimen habla de paz, de posconflicto y de garantías, otra parte habla de la guerra, como lo vocifera a diario el ministro Juan Carlos Pinzón. Y con un ministro así, francamente, no va a haber paz, puntualizó la líder de oposición.

La anterior afirmación la hizo la candidata presidencial de izquierda en una rueda de prensa celebrada en las horas de la mañana del lunes de esta semana, en el Hotel Dann, de Bogotá, donde la dirección de la Unión Patriótica reveló a los medios de comunicación detalles del atentado que el día anterior se efectuó por pistoleros que se movilizaban en motos que pusieron en riesgo la vida de los más visibles candidatos de esa agrupación política en la actual contienda electoral.

En un intento por identificar a los responsables materiales del hecho, y respondiendo a preguntas de varios medios en esa dirección, Aída Avella precisó que las estructuras paramilitares permanecen intactas y seguramente estos sectores criminales están detrás de los disparos. En días pasados, puntualizó Aída, la UP recibió panfletos amenazantes por parte de quienes se identifican como “Los Rastrojos”, que pusieron precio por las cabezas de varios dirigentes de izquierda.

Por eso, adelantó la candidata presidencial, estamos diciendo que lo de ayer (domingo) es un problema político de fondo y no de simple ofrecimiento formal de garantías. La UP ha sido víctima de masacres, magnicidios. Se ha identificado a algunos autores materiales e intelectuales de estos hechos y el Estado ha sido condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones por su responsabilidad en la no protección de sus ciudadanos. Entonces el problema es de falta de voluntad política. No es que nos hayan sometido a un exterminio. Es que el exterminio no ha parado, el martirologio sigue, precisó la líder política.

Contra la UP

Aída Avella mostró una serie de hechos que dan sustento a la anterior afirmación. Continúan las amenazas, como en el caso de Rosmery Londoño, cabeza de lista a la Cámara por Caquetá, retenida y hostigada por el ejército en varias ocasiones. Durante una manifestación en Arauquita, la semana pasada, fueron detenidos y reseñados tres activistas de la UP. Los candidatos de este movimiento en el Meta, incluido un sacerdote, han sido objeto de toda suerte de amenazas y constreñimientos. El Meta es uno de los departamentos donde más votación tiene la UP.

En Guaviare, se trasladan las mesas de registro de votantes a centenares de kilómetros de distancia, a sitios donde resulta costoso y traumático el desplazamiento, para afectar la votación de la izquierda. En Guaviare simplemente no hubo inscripción de cédulas. En ocasiones, el ejército simula combates con la guerrilla para justificar el cierre o el traslado de mesas de inscripción de votantes.

Las sedes políticas de la oposición están plagadas de micrófonos. Los celulares de sus dirigentes son chuzados e interceptadas sus conversaciones. Los auxilios gubernamentales para el financiamiento de campañas, que por disposición legal se entregan a los partidos, en el caso de la UP todavía no llegan.

La información que tenemos, dijo finalmente Aída Avella, es que esas acciones criminales no van a parar. Frente a este hecho, la dirección nacional de la UP respondió en un comunicado diciendo que la campaña electoral de su partido va a continuar, las giras de Aída Avella no van a sufrir alteraciones, y por el contrario van a insistir en el reclamo de garantías para su grupo político, que es la verdadera oposición en Colombia.

Corrupción

Este panorama de inexistencia de garantías electorales tiene un entramado tan complejo que afecta a otras vertientes de la participación política. Hay analistas que aseguran que la amenaza mayor para la transparencia del proceso es el fenómeno de la llamada ‘mermelada’, expresión más refinada de corrupción, bajo la actual administración. Los escándalos por espionaje, que en los últimos días, se reveló, tocan al Presidente de la República, constituyen elemento adicional que contribuye al enrarecimiento del panorama político. “Si el presidente no está seguro, nadie está seguro”, dijo en ese sentido Aída Avella.

Una serie de hechos muy preocupantes, que apuntan a un fraude masivo, comenzaron a ser revelados. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre la existencia de riesgos electorales, por altas variaciones en la inscripción de cédulas, en al menos 200 municipios del país. Este fenómeno facilitaría la comisión de delitos electorales como la trashumancia de votantes, la compra de votos, constreñimiento al sufragante, corrupción al elector, entre otros.

En Barranquilla, por esta situación, fue anulada la inscripción de 97 mil cédulas de ciudadanos que en su mayoría no aparecían en registros electorales anteriores o que inscribieron su cédula hasta 110 veces. En el Tolima, precisó la MOE, la mitad de los municipios se encuentran en riesgo electoral. Tolima es el tercer departamento con más municipios en riesgo, indicó el organismo de observación.

Amenazas generalizadas

La candidata por el Partido Liberal en Antioquia, Carmen Palencia, líder del movimiento de restitución de tierras, dijo que casi le es imposible movilizarse en actividades proselitistas por el crecido número de amenazas contra su vida. Un ambiente de terror generalizado se respira en La Guajira, por las amenazas a candidatos o la compra de líderes por parte de organizaciones paramilitares. Esta situación afecta incluso a los candidatos del Partido Liberal, indicó el jefe de esa colectividad, Simón Gaviria.

En el departamento de Sucre, los principales candidatos a corporaciones públicas son financiados generosamente por el clan de “La Gata”, una delincuente que controla el comercio ilegal de chance y se le vincula a grupos paramilitares. La Contraloría General de la República indicó que al menos 163 personas que financiaron campañas electorales fueron beneficiadas después con jugosos contratos, por 435 mil millones de pesos. Entre tanto, la Fiscalía investiga un posible lavado de dinero a través de campañas electorales por parte de mafias del narcotráfico.

En fin, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, los líderes de Marcha Patriótica, los de la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA), el Colectivo de Abogados José Alvear, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entre otros, suman la larga lista de organizaciones, personalidades y candidatos a corporaciones públicas amenazados de muerte. ¿Son estas las garantías que brinda el Estado a sus opositores?

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