El país es formalmente un régimen democrático, pero solo una fracción de la ciudadanía puede ejercer sus derechos. La mayoría se encuentra excluida y no está representada en los espacios de toma de decisiones. El pueblo sigue en las calles exigiendo democracia
Alberto Acevedo
Al cumplirse el primer mes de gestión de la presidenta de facto del Perú, Dina Boluarte, el número de muertos por la brutal represión de la policía y el ejercito contra la población en paro pasó de cincuenta; y el número de heridos y detenidos supera con creces esta cifra. Quiere decir esto que ha sido mayor el número de muertos, que el de días de gobierno.
La mayor matanza de ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta se dio en la ciudad de Juliaca, en la provincia de Puno, donde el lunes de la semana pasada fallecieron 19 personas que realizaban una movilización en inmediaciones del principal aeropuerto de la ciudad.
Juliaca es una ciudad de contrastes. Ha sido el sitio donde mayor resistencia se ha producido contra el gobierno de Boluarte, a la que califican de usurpadora, tras los hechos que provocaron la salida del presidente constitucional Pedro Castillo. La matanza del lunes anterior se produjo después de seis días continuos de movilizaciones, que en la práctica han producido la parálisis de la región, después de que numerosas organizaciones sociales llamaron a un paro nacional que aún se mantiene.
Riqueza y pobreza
Al mismo tiempo, Juliaca, y en general el departamento de Puno, son una región con importantes recursos naturales, que contrastan con la enorme pobreza de su población y una larga lista de necesidades básicas insatisfechas. No hay planes de construcción de escuelas, faltan hospitales, las obras públicas brillan por su ausencia.
Sin embargo, en opinión de Hernán Chaparro, director del Instituto de Estudios Peruanos, “son regiones en las que Castillo obtuvo una alta votación y hubo una gran identificación con un presidente que por primera vez era un campesino”.
La masacre de 19 de sus mejores luchadores sociales no amilanó a la población. En forma organizada, familiares y manifestantes retiraron los cuerpos de la morgue y, todos vestidos de negro, recorrieron las calles de la ciudad con los ataúdes al hombro; llegaron hasta la plaza principal, donde un sacerdote pronunció una oración. “Dina me asesinó con balas”, decía un letrero sobre el féretro de Edgar Huaranca, una de las víctimas.
Ecos de la protesta
El clamor de justicia de los habitantes de Puno no se hizo esperar. Se necesitaron apenas unas horas para que los gobernadores de Puno, Apurímac y Cusco pidieran en forma unánime la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una de las exigencias también de los pobladores que adelantan un paro nacional, que se vigoriza y extiende a medida que pasan los días.
“En el marco de este escenario crítico, la señora Dina Boluarte debe renunciar al cargo de la presidencia de las República”, dijo en un comunicado el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez. El Consejo Regional de ese departamento se sumó a la exigencia y pidió además la “autodisolución” del parlamento y la convocatoria a un referéndum para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
El martes de la semana pasada, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, el Consejo Regional y la totalidad de alcaldes del departamento emitieron un comunicado en el que condenan la represión de las fuerzas de seguridad y se suman al pedido de renuncia de Boluarte. El gobierno de Puno, además, decretó tres días de duelo por la matanza.
El decreto donde se dispone la medida insta “al Ministerio Público al inicio de las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región de Puno”. La gobernación rechazó “cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la policía nacional del Perú y de las fuerzas armadas del Perú en la ciudad de Juliaca”.
El martes pasado, respondiendo a la exigencia popular, la Fiscalía del Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte y varios miembros de su gabinete “por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” cometidos contra ciudadanos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en seis regiones del país.
País excluyente
“En países como el Perú, donde no ha cuajado un Estado Nación y se vive una seudo democracia vacía y fraudulenta, el estado de derecho no es democrático, sino funcional a los intereses de las clases dominantes que utilizan la democracia-forma, pero no aplican la democracia-idea”, aseguró en una nota de prensa el comunicador social de esa nación Jorge Agurto, y puntualizó sobre la situación peruana:
“El país es formalmente un régimen democrático, pero esto encubre la realidad de que solo una fracción de la ciudadanía puede ejercer sus derechos. La mayoría se encuentra excluida y no está representada en los espacios de toma de decisiones. El parlamento es un órgano decrépito que santifica las normas que el sistema necesita para mantener su poder y privilegios. Pero las normas que favorecen al ambiente y a los pueblos tienen que ser arrancadas y defendidas porque siempre estarán amenazadas.”
Proyecto contrahegemónico
Para Agurto, quien es además cofundador de un medio de comunicación virtual, especializado en temas indígenas y ambientalistas, “las crisis políticas son recurrentes en un sistema político fallido que no representa los intereses y la voluntad ciudadana. Pero se vuelve en una crisis orgánica cuando el aparato hegemónico se ve cuestionado y rebasado.
“En momentos de crisis orgánica las clases dominantes ven en la propia formalidad democrática un estorbo y están dispuestas a desencadenar un régimen fascista, donde no se respeta ni su propia institucionalidad y muestran su faz desembozada.
“Para las fuerzas del sector popular no basta con denunciar y desenmascarar la naturaleza antidemocrática del régimen y los intereses de clase a los que sirve y protege. Lo que nos debe preocupar es la capacidad de construir un proyecto contrahegemónico que oriente a las clases subalternas hacia un verdadero, legítimo y auténtico cambio social”, precisó el activista social.
