De nuevo un POT sin participación ciudadana

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Vista de Bogotá desde Altos de La Estancia, Ciudad Bolívar. Foto Camilo Cifuentes García

Se acerca la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en el Concejo de Bogotá. Está en juego la configuración territorial de la capital para los próximos 12 años, la cual no debe realizarse sin la participación directa y determinante de las comunidades

UAN Heidy Sánchez
@Heidy_UP

En septiembre, la administración de Claudia López plantea llevar al cabildo distrital su proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, luego de pasar por la Corporación Autónoma Regional, CAR, y el Consejo Territorial de Planeación Distrital, CTPD, documento que establece cómo se configura el territorio y su desenvolvimiento por 12 años.

Por tal motivo, destacando su relevancia para los habitantes de la ciudad, la participación ciudadana debe ser un elemento determinante y crucial. Si el POT no se hace con la participación de los pobladores, incluyendo sus aspiraciones, será un total fracaso y obedecerá a otros intereses diferentes al común.

En ese sentido, para dar una apreciación en clave de participación sobre el proceso de revisión del POT que está llevando a cabo la actual administración, hay que empezar señalando que la participación ciudadana en la planificación del ordenamiento territorial y del desarrollo en Colombia es muy restringida.

Limitaciones de la participación en la planeación

Desde la Constitución Política de 1991 y la Ley 152 de 1994, la participación quedó establecida como un mecanismo de carácter netamente consultivo, que se constituye por medio del Sistema Nacional de Planeación.

Con la Ley 388 de 1997 se avanzó un poco y se estableció que toda acción urbanística demandaba una participación democrática, dejando claro que en el caso de la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento es obligatoria la intervención y participación ciudadana. De este modo, la Ley 388 da importancia a la participación de organizaciones cívicas y comunales, gremios económicos y agremiaciones profesionales, sus opiniones y propuestas, y a la consulta ciudadana por medio del concepto y recomendaciones que pueda elaborar el Consejo Territorial de Planeación.

Acorde con la norma, estos conceptos, opiniones y propuestas que hagan las organizaciones ciudadanas deben recogerse según evaluación de su factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del Plan.

Sin embargo, el carácter consultivo de la participación ciudadana y de la construcción democrática de los POT ha hecho que este ejercicio se quede en un requisito formal de cumplimiento de la norma.

Así, los procesos de participación no trascienden de ejercicios de socialización de los documentos construidos por las administraciones y su iniciativa unidireccional, de tal forma que la incidencia real de las propuestas y opiniones de la ciudadanía en el diagnóstico, formulación, aprobación y ejecución no se puede evaluar de manera objetiva quedando a voluntad y metodología del gobierno de turno, al carecerse también de parámetros estandarizados para el ejercicio de consulta e incorporación de los aportes ciudadanos.

El hundimiento del POT de Peñalosa

Precisamente, el limitado ejercicio de participación ciudadana y construcción democrática de la revisión del POT de Bogotá, fue uno de los factores por los que la propuesta del exalcalde Enrique Peñalosa recibió concepto negativo por parte del CTPD.

Es así como en el concepto emitido por esta instancia, el 30 de julio de 2019, se señala que los documentos de la administración objeto de socialización no estuvieron dispuestos a cambios que permitieran una incidencia por parte de la ciudadanía con tal de realizar una construcción democrática, lo que redujo a la administración a reportar como participación una estadística sobre número de actividades, participantes y aportes que no demuestra su inclusión dentro de los documentos de formulación del POT.

Para superar estas limitaciones, es necesario lograr un verdadero proceso democrático de participación, que más allá de una estadística de reuniones, participantes y aportes, identifique cuáles son las propuestas derivadas de la ciudadanía, cuál es su factibilidad y cómo se incorporan al diagnóstico y formulación del POT. Sin embargo, lo que se evidencia es que la administración Claudia López está cometiendo el mismo error de su antecesor.

El POT de Claudia López

Si se hace una revisión de los seis informes de participación POT producidos por la Secretaría Distrital de Planeación entre el 5 de mayo de 2020 y el 7 de mayo de 2021, es recurrente encontrar una presentación de estadísticas donde se ubica el número de actividades, participantes y aportes.

Lo máximo que se alcanza a encontrar en términos de análisis cualitativo es la enunciación de temáticas (bajo el nombre de “principales demandas”) que se supone se trabajaron en el caso de reuniones que se realizaron con la comunidad, o la presentación de la información cuantitativa de los aportes realizados por medio de su clasificación en los ejes orientadores priorizados desde la administración para su diagnóstico y formulación del POT, a saber: 1. Revitalización, 2. Estructura Ecológica Principal, 3. Sistema de Cuidado, 4. Movilidad, 5. Participación, 6. Población, 7. Región, 8. Atención covid-19 y 9. Otro, sin informar cómo metodológicamente se realizó este encasillamiento.

Esta falencia de análisis cualitativo de la información percibida se intenta solucionar por medio de otros documentos que se pueden descargar de la página de la Secretaría Distrital de Planeación como la Matriz de Aportes POT 2020¸ el Informe de Sistematización de Aportes 2020, el denominado Aportes Ciudadanos en la fase de formulación 2020 y una presentación de los Resultados de Participación 2020: Hablemos del POT.

No obstante, estos dispersan la información sin dar pistas de cómo se conecta y redundan en la enunciación general de temáticas, en el encasillamiento por categorías y ejes orientadores de los insumos recogidos y en su presentación estadística.

En ningún caso queda claro, y es lo que debería hacer explícito un informe de participación, cuántos y cuáles han sido los escenarios de participación que se han desarrollado en la etapa de diagnóstico y en la etapa de formulación, qué actores han participado y de qué lugares de la ciudad, qué propuestas han salido de cada uno de los espacios y participantes, cuál es su viabilidad o no, cómo modifican o se incorporan a los documentos de diagnóstico o formulación y en qué parte del documento correspondiente se puede evidenciar este cambio.

Esta trazabilidad no existe y, por lo tanto, resulta imposible evaluar la incidencia de la participación. Debido a lo anterior, se puede afirmar que lo que ha hecho hasta el momento la Alcaldía es socializar su propuesta de POT, lo que en el caso de Peñalosa motivó en el CTPD concepto negativo. Esto lo advertimos en un debate del Concejo de Bogotá en diciembre de 2020, pero a hoy no ha generado ninguna corrección por parte de la administración.

La intransigencia de la alcaldesa

Para concluir, vale señalar que dicha intransigencia no es nueva, ya se vivió con la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá y se está viviendo en el caso de la imposición de la Región Metropolitana, ambos temas de competencia del Congreso de la República y que influyen en los contenidos del POT que se va a llevar al Concejo. Pareciera que a la administración de Claudia López y sus aliados les incomodara la democracia.

Sin embargo, la participación ciudadana no es un elemento menor, por ejemplo, cuando el POT propone crear 32 Unidades de Planeación Local transgrediendo la identidad y el tejido urbano-social construido históricamente alrededor de las UPZ y las localidades existentes. En ese sentido, se vuelve imperativa la consigna de “ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros”. Por lo que opinamos que, si el proyecto de acuerdo no se somete a un proceso de participación incidente real, este no es conveniente y, por lo tanto, el CTPD y el Concejo de Bogotá lo tienen que rechazar.