Los medios corporativos de comunicación y los organismos de control se han convertido en la punta de lanza de la estrategia de desestabilización contra el Gobierno. La oposición acelera sus planes pero parece no prever la respuesta popular
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Durante el estallido social de 2021 en Colombia, en estas mismas páginas se registró la forma como los medios de comunicación corporativos construyeron un relato que presentaba a los manifestantes como vándalos, terroristas y delincuentes. La estrategia era clara: a partir de la magnificación de cualquier vitrina rota o de cualquier policía descalabrado y el ocultamiento o la negación de los abusos policiales, se pretendía defender el statu quo a través de la deslegitimación de la protesta social.
En aquel momento, sostuvimos que dicha conducta no era solo manipulación, sino que se trataba de una guerra informacional contra el pueblo que protestaba, en una clara muestra de que la clase dominante –y sus altavoces mediáticos– consideran al pueblo movilizado como un enemigo. Aquella experiencia fue, sin duda, una continuación del papel que tuvieron los medios durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando se apartaron definitivamente del rol asignado por la democracia liberal y desplegaron tácticas de guerra psicológica como parte de la estrategia contrainsurgente de aquel momento.
Hoy, a pesar de que el país asiste a un escenario diferente, los medios corporativos siguen demostrando que su lealtad no es con el derecho a la información de la ciudadanía sino con los intereses de la clase política tradicional y los grandes poderes económicos, viudos de poder y que no están dispuestos a perder sus privilegios sin dar la pelea, incluso con juego sucio.
La permanente publicación de mentiras y desinformación, el tono cada vez más agresivo y la táctica de ejecutar “asesinatos de carácter” contra los voceros del cambio, uno a uno, han puesto a los medios al mismo nivel que los peores intoxicadores de las redes sociales. Pero, ¿qué hay de nuevo en esta estrategia?
La niñera millonaria
El más reciente episodio de la magnificación de una prueba de polígrafo practicada en enero a la antigua niñera del hijo de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, muestra hasta qué nivel de degradación periodística están dispuestos a llegar los medios, en particular la revista Semana.
Una situación absolutamente normal y que se debe investigar –se pierde un maletín con dinero en casa de Sarabia y su personal de servicio es interrogado y sometido a pruebas de polígrafo– se convierte en un “escándalo”. Con un lenguaje intencionalmente distorsionado y exagerado –secuestro, tortura, sometimiento, intimidación, etc.– la revista pretende destruir la honorabilidad de Sarabia y lanzar sobre ella un manto de duda, acusándola sin acusarla de abuso de poder.
La táctica es bien conocida. Se identifica a un funcionario del Gobierno o a un dirigente del Pacto Histórico y se utiliza cualquier información para crear un escándalo a su alrededor, saturando internet con contenidos relacionados. Se publican así decenas de entrevistas, chats privados, videos con “análisis”, reproducción de publicaciones en redes sociales, columnas de opinión y hasta encuestas que transmiten al público la sensación de que la situación es gravísima y que el funcionario de turno es culpable.
El éxito total se logra cuando otros medios replican la desinformación creando lo que se llama en teorías de la comunicación un “bucle”, es decir, una mentira que se convierte en verdad porque los medios se asignan entre sí la autoría y por tanto, la credibilidad: “Si todos los medios lo dicen, debe ser verdad”.
En esta sucia estrategia todo vale: Francia compra cobijas de plumas, viaja en helicóptero y se va de safari a África con su amante; Susana Boreal fuma marihuana y es nepotista; Irene Vélez y Carolina Corcho son arrogantes y groseras; Gustavo Bolívar no paga sus deudas; Isabel Zuleta conspira contra sus rivales; Gloria Inés Ramírez es comunista (¡!); Verónica Alcocer se comporta como una “reina” pero es una “corroncha”; Iván Velásquez le tiene “las manos atadas” a la fuerza pública y fue “echado a patadas” de Guatemala; en fin. todo vale. Ahora van por Laura Sarabia.
Golpe blando en marcha
Lo nuevo es que por primera vez estamos ante un gobierno popular, es decir, la estrategia ya no es solo contra el pueblo sino también contra la tan mentada institucionalidad. Como lo ha denunciado el propio presidente Petro, se está planeando un golpe blando en Colombia. Como se sabe, los golpes militares con tanques de guerra entrando al palacio presidencial son cosa del pasado. Ahora hay demasiados ojos mirando, demasiadas ONG de derechos humanos, demasiados corresponsales internacionales y, sobre todo, demasiadas cámaras de video en los bolsillos de los ciudadanos. Vivimos bajo un paradigma donde las formas de la democracia liberal deben ser respetadas a toda costa, lo que ha llevado a los golpistas del siglo XXI a desarrollar otras tácticas más sutiles pero no menos efectivas.
Desde la caída del socialismo real, los países desobedientes de Europa oriental o Asia han padecido la fórmula conocida como “revoluciones de colores” o “revoluciones de terciopelo”, como la que se intentó recientemente en Georgia. En América Latina, los casos más conocidos han tenido resultados agridulces: fracasos en Venezuela en 2017 y Nicaragua en 2018 y éxito en Bolivia en 2019.
En nuestro continente, la fórmula que sí ha resultado muy efectiva es el llamado lawfare, es decir, el uso político del aparato judicial para perseguir, encarcelar o inhabilitar a dirigentes de izquierda. Los casos más célebres de lawfare son el de Fernando Lugo, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Lula Da Siva, Cristina Fernández y el propio Gustavo Petro cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá. Lo de Pedro Castillo ni siquiera es lawfare, es un burdo golpe parlamentario.
En cualquier caso, la primera fase de estas estrategias es siempre la deslegitimación del gobierno que se pretende derribar. Los medios y las redes sociales difunden mentiras que minan su credibilidad, lo que permite que cuando se entre en la segunda fase, el sabotaje, la ciudadanía culpe las autoridades de la escasez, la inseguridad, el mal servicio de transporte o lo que haga falta para exacerbar el descontento popular. En el caso que nos ocupa, es claro que mientras la oposición evalúa si tiene suficiente fuerza para un sabotaje, el papel de la Fiscalía y la Procuraduría es fundamental para la estrategia de lawfare.
Consecuencias inesperadas
El fiscal general Francisco Barbosa se ha convertido en pieza clave del entramado golpista con su oposición a la Paz Total, sus mentirosas declaraciones fuera del país de que el Gobierno pretende legalizar el narcotráfico, la forma desobligante como se refiere al jefe del Estado y la apertura de investigaciones penales motivadas por los “escándalos” fabricados por los medios.
Ahora anuncia que llevará a cabo una inspección en el lugar donde se realizó la prueba de polígrafo al personal de servicio de Laura Sarabia. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello está suspendiendo a los congresistas del Pacto Histórico como César Pachón y ahora va por María José Pizarro y David Racero.
Algo que la oposición no ha evaluado –y debería– es la posible respuesta popular a un sabotaje o a una efectiva acción de lawfare contra el Gobierno. Muchas personas en Colombia tienen grandes expectativas con este proceso de cambio, se informan por redes sociales o medios alternativos, saben cómo hacer una barricada, una olla comunitaria o un Facebook Live. Por eso lo sucedido en Perú sería un chiste comparado con lo que puede pasar aquí.
Es mejor no alborotar el avispero, en serio.
