Redacción DD.HH.
Desde el Putumayo, las organizaciones sociales de la vereda Peneya, Corregimiento Piñuñablanco, municipio de Puerto Asís, han venido expresando su preocupación por diversas problemáticas que se han venido presentando con funcionarios de la fuerza pública en las denominadas Operaciones de Erradicación Forzada que se adelantan en esta zona del departamento.
Las comunidades afirman que en el marco de las operaciones que se vienen desarrollando a la fuerza, los agentes del Estado, actúan desconociendo los acuerdos regionales y al Acuerdo para la Paz Estable y Duradera, incumpliendo además el programa integral de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y violando el principio de precaución y prevención al desplazamiento forzado en el marco de los derechos humanos y el DIH, en donde se han visto involucrados, además de la Policía Nacional, el Ejército Nacional.
El pasado 14 de enero, funcionarios adscritos al Ejercito Nacional, Brigada 27 de Selva, el coronel Ronaldo Barajas, le ordeno al sargento de la operación, irrumpir en las propiedades de la familia Berona, en la vereda Peneya, y erradicar de manera forzada los cultivos de hoja de coca. Con las órdenes que ejecutaron los militares, incineraron desproporcionadamente los ranchos en los que se acostumbra dejar elementos agrícolas para el trabajo en el campo, y enseres que comprometen el derecho al mínimo vital. Hay que decir que, esta familia se acogió al Acuerdo Regional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito desde 26 de julio de 2017. La misma situación se presentó en diferentes veredas del corregimiento Piñuñablanco.
Sin garantías no se vive
Esta situación ya se había presentado el pasado 9 de enero del presente año, en diciembre y septiembre del año pasado. Las familias afectadas y violentadas por las acciones de los militares, expresan miedo a la hora de denunciar, pues aseguran que a pesar de ser beneficiarias del Acuerdo Regional de PNIS, tienen temor, gracias a los intereses privados de empresas de extracción petrolera que operan en estas zonas.
De acuerdo a estas violaciones, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, denuncias que se está violando la buena fe, y las garantías de permanencia en el territorio de estas comunidades. La orden de erradicar indiscriminadamente sus cultivos de hoja de coca, afectando otros cultivos de pan coger y sus propios enseres, se presentan como arbitrarios y violatorios a los acuerdos ya pactados. Además, este conflicto, que afecta a los campesinos, se ha dado sin consulta a los organismos garantes de los puntos 1 y 4, de los Acuerdos Nacionales y Regionales sin que el Gobierno nacional y las entidades nacionales y departamentales hayan cumplido y se hayan ajustado los cronogramas en cuanto a ejecución y asistencia con proyectos productivos, sin la contratación del acompañamiento profesional y técnico para las propuestas integrales de renovación de semillas, de acuerdo a la vocación del suelo andinoamazónico, así como la poca o nula adecuación de infraestructura como electrificación y vías terciarias.
Las comunidades reclaman el cumplimiento de los acuerdos, tanto regionales como nacionales, de lo contrario, exigen el retiro de la fuerza pública y el Ejército Nacional, pues es evidente la violación a los derechos que tienen las comunidades de vivir en paz, a trabajar la tierra y asegurar un sustento a sus familias.
