El “otro momento político” que reclama la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, sería sencillamente una ficción si no está cimentado en los nuevos actores de la política nacional y en los reclamos de justicia de un pueblo excluido
Alberto Acevedo
En un foro realizado en la Universidad del Rosario el pasado 6 de diciembre, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que ante el cuadro generalizado de ingobernabilidad que vive el país, se requiere diseñar “otro momento político”, y para ello, el ejecutivo está pensando en convocar una cumbre política en Bogotá para los últimos días de enero.
En las valoraciones que unos días antes hicieron varios sectores políticos alrededor de los primeros cien días de gobierno del presidente Iván Duque, la titular de la cartera política se refirió a la necesidad de que “haya realmente una gran coalición” de partidos alrededor de la gestión del presidente.
En realidad, los gobiernos en Colombia suelen acudir al mecanismo de convocar consensos mayoritarios en torno a su gestión, y comienzan a plantear el tema alrededor de los primeros cien días de mandato, cuando afloran las contradicciones entre las promesas electorales y la realidad de la política nacional. Y acuden a un lenguaje florido, a calificativos superlativos, para articular lo que en el fondo no son más que componendas burocráticas o ajustes, por presión de los partidos, para lo que usualmente se llama la repartición de la ‘mermelada’.
Pacto social
No tendría por consiguiente mayor trascendencia la propuesta de la ministra, si no es porque el país vive nuevas realidades, que hacen necesario valorar de manera diferente una propuesta semejante. Dos de esas realidades son, la extraordinaria conflictividad social que vive el país, donde sectores cada vez más numerosos expresan su desacuerdo con el estilo de gobierno del presidente Duque, y la existencia de una bancada parlamentaria de oposición democrática, cuyas propuestas deberían ser tomadas en cuenta si de la construcción de un acuerdo nacional se trata.
En este punto de la valoración de la situación, es pertinente preguntarse: ¿Se trata de un acuerdo burocrático entre partidos cercanos al gobierno, en una reedición del Frente Nacional? O se busca la recomposición de un pacto por Colombia, como lo insinúan voceros de algunos partidos afines al gobierno. Preferible sería en este caso, dadas las nuevas realidades, hablar de un pacto social.
Si el presidente de la República, sus ministros y sus colaboradores cercanos quisieran evitar que la nave naufrague, deberían tomar en cuenta que ya no vivimos las épocas del bipartidismo tradicional, que otras fuerzas políticas han emergido en el escenario nacional. Y si la opción es diferente al simple acuerdo burocrático para sacar adelante en el parlamento las iniciativas legislativas gubernamentales, podríamos intentar una agenda que tome en cuenta esos factores nuevos.
Derechos humanos vulnerados
En primer lugar, atender las congojas y abatimientos de la protesta social. Empezando por las reclamaciones del movimiento estudiantil. Pero también las de la rama judicial, de los campesinos que se sienten burlados ante el incumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana.
En el tema agrario, no puede ser que siga incrementándose el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, y que sus muertes permanezcan en la impunidad. En Nariño solamente, 29 indígenas asesinados en lo corrido del año. En dos años de la firma de los acuerdos de paz, 220 líderes comunales han sido inmolados, dice la Confederación de Acción Comunal.
Las preocupaciones que en esta dirección expresó el relator especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, al cabo de una visita de dos semanas, al calificar la situación de derechos humanos en el país como “realmente dramática”, deben ser tomadas en cuenta con seriedad, y asumir los correctivos necesarios de manera urgente, señalando y castigando a los responsables.
Cargas tributarias
Tarea de una coalición política nueva sería el examen de los Acuerdo de Paz y el diseño de una agenda para su cumplimento, buscando una paz sustentable. Poner fin al bullying contra la Justicia Especial de Paz, JEP, y examinar el papel corrosivo que viene cumpliendo el actual Fiscal General de la Nación. Su permanencia en el cargo debería ser examinada en el marco de la construcción de un acuerdo político nacional.
El diseño de la política económica del país, particularmente de las cargas tributarias que flagelan a los trabajadores y el asunto del salario mínimo, de la informalidad laboral y de la falta de garantías sindicales, es una cuestión del mayor interés nacional, que no puede seguir en manos de un grupo de burócratas indolentes o respondiendo exclusivamente a los intereses cicateros de los empresarios, que amasan inmensas fortunas al tiempo que ofrecen -como ahora-, un miserable seis por ciento de incremento a los magros ingresos proletarios.
Está, por último, el tema de la política internacional que desarrollamos. Una coalición de partidos debería mirar, si la agenda exterior nuestra se coloca de rehén de la actitud guerrerista e intervencionista de la Casa Blanca, o desarrollamos una estrategia de integración regional, democrática, como lo plantean organismos como la Celac.
Lazos de hermandad
Colombia no puede servir de plataforma de agresión o de intervención en los asuntos internos, ni de Venezuela, ni de ningún país hermano. Con Venezuela nos une no solo una extensa frontera, sino lazos de sangre, de hermandad, por cuanto tenemos un libertador común, unos intereses nacionales similares y un mismo legado histórico, inspirado en la Carta de Jamaica.
Iván Duque debería atender el clamoroso llamamiento del expresidente Ernesto Samper Pizano, para que se convoque de manera urgente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y sea este organismo el que armonice los pasos de nuestra cancillería, atendiendo a la política pacifista y respetuosa de los asuntos internos de otras naciones, que nos caracterizó en el pasado.
Por cierto, atendiendo las nuevas realidades, partidos como la Fuerza Alternativa del Común y la coalición Decentes, bautizada con el voto de ocho millones de colombianos, deberían hacer parte de esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para garantizar una presencia ecuánime, moderna y democrática, en el escenario internacional.
El “otro momento político” que reclama la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, sería sencillamente una ficción si no está cimentado en los nuevos actores de la política nacional y en los reclamos de justicia de un pueblo al que jamás se ha incluido en tales decisiones. La cúpula gobernante debería tomar en cuenta las palabras del recién posesionado presidente mexicano: “es inhumano usar al gobierno para defender intereses particulares, y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías”
