Según el informe entregado mediado el 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC sigla en inglés) en Colombia existen 143.000 hectáreas de plantas de coca sembradas en el 2020, lo que registró una disminución de 11.000 ha., es decir un 7% menos, en comparación con el año pasado.
Contrario a las cifras entregadas por la UNODC, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP siglas en inglés) entregó su informe anual para el año 2020 sobre los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína, el cual indicó que en Colombia existían 245.000 ha. para el año 2020, lo que significó un incremento del 15%. Sin embargo, los dos informes coinciden en que la producción de Clorhidrato de cocaína aumentó en un 8%, lo que en cifras significó 1.228 toneladas. Por tanto, los narcotraficantes ganaron productividad.
El informe de Naciones Unidas también explicó que la presencia de los cultivos de las plantas que pueden ser usadas ilícitamente se encuentran en 20 de los 32 departamentos del país, siendo cinco departamentos los que concentran el 84% de la producción, ubicados en: Tibú y El Tarra (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), el Tambo (Cauca), Antioquia y Puerto Asís (Putumayo).
Estos territorios se han caracterizado por tener cultivos ilícitos desde hace varias décadas, e incluso los registros evidencian su expansión en zonas de frontera, con Venezuela, Perú, el mar Pacífico y el Caribe durante los últimos tres años, lo cual indica que la estrategia contra el narcotráfico del gobierno fracasó.
Estos territorios también coinciden con las llamadas Zonas Futuro (Pacífico Nariñense; Catatumbo; Bajo Cauca y sur de Córdoba; Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños) y la presencia de una unidad especial del Ejército de los Estados Unidos, llamada Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB sigla en inglés), que tendría como principal función apoyar al gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en la asesoría a los militares colombianos, pero los resultados demuestran la inutilidad de la invasión militar norteamericana y la grave lesión para la soberanía nacional y el dócil sometimiento de Duque a los Estados Unidos.
Entre el informe de Naciones Unidas y el del gobierno estadounidense existe una diferencia de más de 100.000 has. ¿por qué el resultado de la medición es distinto? Puede obedecer a la inclusión de parámetros de medición disímiles, pero llama la atención que el gobierno de Duque no negó el incremento de la producción.
La política anti drogas del Gobierno se centra principalmente en la erradicación violenta -sin garantías en la sustitución para las comunidades- la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, las Zonas Futuro y la aspersión con glifosato, en oposición a los acuerdos e implementación de la paz firmada con las extintas FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, tanto en el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral y el punto 4 sobre la lucha contra el narcotráfico, en el cual se contaba con la sustitución voluntaria y pactada con las comunidades de los territorios afectados.
Las cifras del Ministerio de Defensa al parecer están mal, indican que se erradicaron en total 134 mil has. en el 2020, por medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, 40.000 mil hectáreas, y por la erradicación manual forzada 94.000 mil has. Pero según la investigación que realizó Pares, la reducción fue de 8.000 has.
Un ejemplo de esta investigación se realizó en el municipio de Tumaco, ubicado en el Pacífico nariñense, donde supuestamente se han erradicado 21 mil has., pero la reducción resultó ser de 5 mil has. Ante la inexistencia de auditorías sobre los resultados que entregó el Ejército en estos datos, es fácil especular con las cifras o podríamos hablar de una resiembra milagrosamente inaudita.
Los resultados de la política de erradicación de cultivos ilícitos demuestran que ha sido un gran fracaso, por ende, mienten ante la ciudadanía mundial para no ser descertificados, lo que les implicaría perder los dineros que se canalizan para las Fuerzas Militares.
Así que mostrar resultados falsos que legitimen las medidas de fuerza: fumigación con glifosato y erradicación forzada y violenta, sirven para ocultar la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Nacional, principalmente, en los territorios del Catatumbo y el Pacífico nariñense, donde se registraron seis ejecuciones extrajudiciales en el 2020. Ese ocultamiento permite al Gobierno y las Fuerzas Armadas conservar unos ingresos que no siempre son bien utilizados.
Ante tanta deshonra por la humillación frente al intervencionismo estadounidense y los errores de la desueta política contra el narcotráfico, es necesario que las fuerzas políticas progresistas se empeñen a fondo para conquistar la presidencia de la república e instaurar democracia, soberanía y una política frente a las drogas más racional, efectiva y humana.
El Pacto Histórico tiene el deber ineludible de cumplirle a la juventud movilizada, mujeres y hombres y a los Acuerdos de Paz y a los patriotas que a lo largo de nuestra historia ofrendaron su vida por un país justo, soberano y en plenitud de democracia.
La tarea será construir un nuevo gobierno para replantear la política antidrogas del Estado, la cual deberá centrarse en mejorar las condiciones de vida de las comunidades en los territorios rurales, suspender la política de criminalización hacia las poblaciones con presencia de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, junto con un rechazo total a la fumigación con glifosato o cualquier químico que impacte negativamente a los ecosistemas. Además, se debe apostar por la legalización del uso del suelo para los cultivos (marihuana, planta de coca, amapola) con fines medicinales, terapéuticos, y razones culturales e industriales, principalmente. Cambiar la estrategia de la lucha antidrogas, en unidad con la construcción de un desarrollo territorial y el fortalecimiento de la paz, consolidan una ruta de justicia y esperanza.
