Ricardo Arenales
La reiterada negativa de la mayoría parlamentaria, en manos del fujimorismo, a conceder una moción de confianza al gobierno y modificar el proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional, produjo un rompimiento en la confianza entre los poderes ejecutivo y legislativo en el Perú y desató una crisis política que llevó al presidente Martín Vizcarra a disolver el congreso y convocar elecciones parlamentarias para el 26 de enero próximo.
Fuentes del ejecutivo peruano indicaron que la manera como se venía actuando en el congreso en torno a la elección de magistrados al Tribunal Constitucional se traducía en que la mayoría fujimorista, incursa en varias investigaciones penales y administrativas por corrupción, al existir indicios de que recibieron coimas de la multinacional Odebrecht, buscaba la mayor impunidad al garantizar en el órgano constitucional una mayoría fujimorista.
El parlamento peruano respondió a la medida sancionatoria, inhabilitando al presidente y nombrando como jefe del ejecutivo a la actual vicepresidenta, Mercedes Aráoz. Este choque de poderes fraccionó inmediatamente a la sociedad. Al presidente Vizcarra lo respaldaron las Fuerza Militares, la embajada de los Estados Unidos y, desde luego, su gabinete. Una amplia franja de población se pronunció en contra del parlamento fujimorista corrupto. Pero a la vicepresidenta la apoyaron los gremios económicos agrupados en Confiep.
Corrupción y precarización
Para analistas independientes, si bien la disolución del congreso “conecta con el sentimiento popular”, no resuelve el problema de fondo, que se expresa en los altos niveles de corrupción y las políticas neoliberales del gobierno, que llevan a mucha gente a pensar que el mandatario tiene la razón en su enfrentamiento con el ejecutivo, pero no se le puede entregar un cheque en blanco debido a su política antipopular.
Una encuesta reciente indica que el congreso tiene el 90 por ciento de rechazo entre la población. Pero al mismo tiempo, rechaza la gestión de Vizcarra, empeñado en medidas económicas como la precarización del trabajo, la privatización de los hospitales, el agua y por hechos de corrupción conocidos como Chincheros Conirsa (Odebrecht).
Recientemente, unas 20 mil personas se movilizaron contra la privatización del agua potable y se registró una huelga nacional minera por mejores condiciones de vida y de trabajo. El país experimenta un crecimiento económico importante, pero a la vez, el 43.5 por ciento de los niños sufre de anemia por deficiencias nutricionales.
Varias organizaciones sociales integran una Plataforma de Lucha que punga por la conformación de un Frente Único, que trabaje por una salida política a la crisis, a la manera de los trabajadores. Para ello se ha convocado a un encuentro nacional en Lima, para los próximos días. Pero existe además el bloque de izquierda Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, que propone realizar una Asamblea Nacional Constituyente que discuta cómo recuperar la democracia, hoy en manos de la corrupción política y empresarial.
