jueves, marzo 28, 2024
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Crisis de la extradición

No hay gringos extraditados a Colombia por los crímenes cometidos en este país. La extradición es en una sola vía. Inclusive con beneficios a delincuentes colombianos de cuello blanco, que gozan de la protección y de las garantías por parte de la Administración estadounidense

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Editorial del Semanario VOZ

Ariel José Martínez, un humilde carpintero de San Vicente del Caguán, fue capturado en marzo del presente año con fines de extradición, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la Fiscalía gringa, Martínez era un peligroso delincuente, dedicado al lavado de activos con dineros provenientes del narcotráfico. La Fiscalía colombiana ordenó la captura, la Corte Suprema de Justicia le dio el beneplácito a la extradición y solo faltaba la firma del presidente Juan Manuel Santos para que el pobre hombre fuera enviado a Estados Unidos sin la mínima constatación de la veracidad de las pruebas.

En San Vicente del Caguán, donde Ariel José Martínez es conocido como un carpintero honrado y trabajador, se levantó la población en protesta por la injusticia que se estaba cometiendo. La movilización llamó la atención en el país y en territorio norteamericano. La suerte estaba echada, no había vuelta atrás, porque el tratado de extradición es infame, viola la soberanía nacional. Basta que los yanquis reclamen a un nacional colombiano para que su entrega a las autoridades norteamericanas sea efectiva, después de cumplir unos trámites administrativos sin importar la contundencia de las pruebas. Es algo indigno, de total arrodillamiento a la Justicia ajena.

Debido a la presión de los habitantes de San Vicente del Caguán, el Departamento de Justicia tuvo que reconocer que fue una equivocación. Martínez estuvo a un pelo de ser extraditado y seguramente condenado, porque después de estar allí lo mejor es confesar el delito para que no le salga tan larga la condena.

Este incidente puso en crisis el tratado de extradición. Es antipatriótico y en contra de los intereses nacionales. Un ciudadano de este país, entregado a la Justicia de Estados Unidos, no tiene garantías. En casi todos los casos es condenado de forma implacable. La Corte Suprema de Justicia ha dicho una y otra vez que su intervención es apenas técnica, porque no contempla el análisis de las pruebas. Si el caso llena los requisitos de forma se aprueba la extradición. Es la manera en que se juega con la suerte de los colombianos.

Los narcotraficantes son enviados, negocian con la Justicia, acusan a otras personas y en pocos años salen libres, como si nada. En otros casos se pudren en la cárcel, como sucede con el guerrillero Simón Trinidad, condenado con pruebas fabricadas y testimonios falsos. Fue un falso positivo igual al que se quiso cometer con Ariel José Martínez.

En contraste no hay gringos extraditados a Colombia por los crímenes cometidos en este país. La extradición es en una sola vía. Inclusive con beneficios a delincuentes colombianos de cuello blanco, que gozan de la protección y de las garantías por parte de la Administración estadounidense para eludir a la Justicia colombiana.

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos han cometido delitos hasta de narcotráfico en Bogotá. Son sacados con el argumento del fuero diplomático y jamás responden por sus delitos. Es la ley del embudo. Sin embargo, los gobiernos de Colombia, siempre sumisos a los yanquis, siguen extraditando compatriotas sin cerciorarse de la veracidad y seriedad de las pruebas.

Llegó el momento de abrir el debate de nuevo sobre la extradición. María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, delincuentes vinculados al uribismo, gozan de protección en el extranjero, mientras el gobierno de Santos sigue entregando ciudadanos porque sí. Es una expresión de vasallaje del establecimiento, así como le entregan los recursos naturales, el control de la política antidrogas y hasta de la lucha contrainsurgente. La oligarquía colombiana cree que el país es una colonia y justifican todo con el cuento del “aliado fundamental” y del “mejor amigo”.

El caso de Ariel José Martínez, cuya extradición se detuvo a tiempo, debe servir para un debate serio y digno sobre el tema sin injerencia yanqui.

¿Cuántas injusticias se cometieron ya? ¿Cuántos colombianos están en las inhumanas cárceles gringas sin haber cometido un delito? La extradición es secuela de neocolonialismo y de dependencia.

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